La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*, elaborado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Según se desprende del informe, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.
Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.
El efecto capital y la brecha entre provincias
Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país.
Así, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.
De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.
En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.
Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.
Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial.
Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP
Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno.
Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.
Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.
Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.
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