“Escraches” y derechos fundamentales

Escrache: La concentración de personas reunidas a las puertas del domicilio ...

Escrache: La concentración de personas reunidas a las puertas del domicilio particular de cargos públicos, electos, a fin de dar a conocer su postura ante reformas legislativas o situaciones sociales, ha dado lugar a distintas respuestas judiciales. Planteándose una colisión de derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución -EDL 1978/3879-.

Por una parte el derecho de reunión reconocido en el art. 21 -EDL 1978/3879 u0022el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previau0022, y por otra el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que se garantiza el art. 18 CE. Así como el derecho a la libertad.

En los supuestos de Escrache, impropio, nos encontramos ante (art. 21.2 CE -EDL 1978/3879-) casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones en los que se dará comunicación previa a la autoridad que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes.

Sorprendentemente, en los supuestos en que los convocantes de la reunión, o manifestación, ha cumplido con el requisito legal, de comunicación previa, la jurisdicción contenciosa administrativa, ha tenido ocasión de pronunciarse, amparando la intimidad del cargo público (domicilio) en STSJ Aragón de fecha 20/05/13, cuando el recorrido de la manifestación pretendía realizarse por el domicilio de un cargo público vinculado con la decisión contra la que se protestaba y dos SSTSJ País Vasco de 16/04/2013 (rec. nº 241/2013 -EDJ 2013/39369 y 242/2013 -EDJ 2013/39370-) en los que la Policía Vasca obligaba a manifestantes de u0022Stop Desahuciosu0022 a realizar su protesta a una distancia de 300 metros del domicilio de un representante político,

En los casos de escrache propiamente dicho, en los que no se ha solicitado autorización previa, ha tenido ocasión de pronunciarse el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, que concluye, tras un estudio sistemático de los tipos penales en que podría encuadrase la conducta de las personas que se concentraron ante el domicilio particular de un cargo público, realizando reivindicaciones de un colectivo (stop desahucios) que no eran constitutivos de delito (arts. 171.1, 172.1, 513 CP -EDL 1995/16398-) resolución confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid.

El hecho cierto es que la concentración de un número de personas, ante un domicilio particular, de cargo público y de su familia, parece un atentado al derecho a la intimidad y libertad, aún cuando el cargo público tenga la obligación de soportar más injerencias que un particular, sin embargo no puede hacerse un pronunciamiento general, respecto al reproche penal de los escraches, administrativamente ilegales, que merecerán reproche en este ámbito sin ninguna duda, ya que habrá que estar al caso concreto, y los términos y circunstancias en que se produce y transcurre la manifestación.

Sería deseable salvaguardar el derecho a la intimidad de todos los ciudadanos, en concreto el domicilio particular, constitucionalmente entendido, ya que su desprotección afecta, no sólo a la persona a la que va dirigida la protesta sino a todos sus familiares, en muchos casos menores de edad, que no tienen porque soportar esta injerencia. En definitiva, salvo que el legislador decida realizar una reforma legislativa que proteja convenientemente el domicilio particular de todos los ciudadanos, y que no suponga una restricción del derecho de reunión, cada u0022escracheu0022 entendiendo por tal, toda concentración o manifestación, convocada y desarrollada sin la correspondiente autorización administrativa, deberá ser objeto de la investigación correspondiente, a fin de determinar si en el curso de su desarrollo, al margen de la infracción administrativa, se han cometido conductas reprochables penalmente (desobediencia, amenazas, coacciones...).

Cierto sector de la población e incluso algunas de las fuerzas políticas, p...

Cierto sector de la población e incluso algunas de las fuerzas políticas, principalmente de carácter radical pero también algunas con representación parlamentaria, ven con buenos ojos este tipo de actos. Entienden que el político ha de aceptar la carga de tolerar las críticas personalizadas que se le hagan, incluso en su entorno privado, como una servidumbre de su responsabilidad pública. Los discrepantes actúan en el domicilio del político para que sea consciente de las consecuencias de sus decisiones políticas y no se ampare en el contexto de irresponsabilidad que le proporciona su grupo o partido político.

Como primera aproximación a la cuestión debe indicarse que al margen de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de la participación en este tipo de algaradas Es un fenómeno negativo que convierte la vida política en irrespirable e insufrible. Toda sociedad democrática, como la nuestra, tiene múltiples instrumentos de protesta y disidencia, pero ésta no debe llegar al extremo de afectar al entorno familiar del político quien, no debe olvidarse, desarrolla su función pública amparado por una elección democrática. El respeto a la regla de la mayoría obliga a respetar al político que toma una decisión democrática y no es razonable que la discrepancia se traslade a su entorno personal y familiar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 -EDL 1948/48-, establece en su artículo que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Esa protección también ampara a quien ejerce funciones públicas.

No obstante lo anterior, se han producido algunos escraches de singular relevancia mediática, que es uno de los objetivos que persiguen sus promotores, que han dado lugar a denuncias penales. Los escraches, como señala un informe de la Fiscalía General del Estado de Abril de 2013, deben ser enjuiciados penalmente teniendo en cuenta su singularidad. No pueden hacerse afirmaciones generales válidas para cualquier manifestación de este tipo porque cada una de ellas puede ser distinta y puede dar lugar a ilícitos penales diversos.

Se afirma que los escraches, dependiendo de su gravedad y características, podrían dar lugar a los siguientes ilícitos penales: a) Empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto por un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma (art. 498 CP -EDL 1995/16398-); Vejaciones y trato degradante (art. 173.1 CP); b) Coacciones (art. 172 CP); c) Reuniones o manifestaciones ilícitas (art. 513 y ss. CP) cuando la manifestación haya sido convocada con propósitos violentos, se porten armas u otros instrumentos peligrosos Desordenes públicos (557 y ss. CP) o cuando con motivo de la manifestación se produjeran lesiones a las personas, daños en las propiedades, obstrucción de las vías públicas o se invada edificios o instalaciones y d) Delito de injurias contra funcionario público (art. 208 y ss. CP) y, por último, e) Delito de coacciones (art. 172 CP).

Algunos de los ilícitos comentados requieren el empleo de violencia o la producción de lesiones y daños, circunstancias que, en principio, son ajenas al fenómeno que comentamos ya que lo normal es que este tipo de incidentes sean pacíficos por lo que centraremos nuestro análisis en si el escrache puede suponer un delito contra la libertad del legislador (art. 498 CP -EDL 1995/16398-) o más genéricamente si estamos en presencia de un delito de coacciones, no amparado por la libertad de manifestación y reunión.

En cuanto a la primera cuestión el art. 498 CP -EDL 1995/16398 prevé dos finalidades en el empleo de fuerza, intimidación o amenaza grave. La primera, impedir al sujeto pasivo la asistencia a las reuniones; la segunda, para coartar la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto. Ninguna de ambas conductas precisa que se ejecuten en las inmediaciones de las Cámara Legislativas. Su realización puede llevarse a cabo en cualquier lugar, siempre que la finalidad de la acción violenta sea la indicada.

Aunque la conducta típica de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave se dirija directamente contra la persona del parlamentario, la finalidad es la perturbación del funcionamiento de la propia Institución, que se ve alterada cuando se impide o coarta e éstos su asistencia a las reuniones, la manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto. A mi juicio, sería un exceso considerar que este tipo de manifestaciones pueden incardinarse en este tipo penal, salvo que conllevaran el encierro del parlamentario o el empleo de intimidación o amenazas graves, directamente dirigidas a modificar el sentido de su voto en algún asunto concreto.

Más atendible es, en cambio, la posibilidad de que este tipo de conductas encajen en el genérico tipo de coacciones (art. 172 CP -EDL 1995/16398-) o en el de trato degradante (art. 173.1 CP). En el delito de coacciones el núcleo central de la conducta consiste en imponer con violencia una conducta a otro a través de diversas modalidades de actuación, la violencia física o psíquica y la denominada violencia en las cosas (STS 1367/2002, de 18 julio -EDJ 2002/29072-). Aunque el bien jurídico protegido en el delito de coacciones aparece como un tipo residual en el que tienen cabida comportamientos no encuadrables en otros tipos penales más específicos, mediante este tipo penal se trata de proteger la libertad, no en sentido general, sino la libertad de obrar con carácter inmediato y excluyente. En el delito de trato gravemente degradante se castigan intervenciones en la esfera corporal o psíquica ajena que por su crueldad o por el doblegamiento o negación radicales de la voluntad de la víctima constituyen una humillación o vejación de la misma y suponen, generalmente, la consecuente aflicción de un padecimiento psíquico (STS 457/2003, de 14 noviembre -EDJ 2003/152570-).

Ciertamente los escraches, al menos en sus formas más graves y coactivas, pueden suponer la comisión de ambos ilícitos cuando supongan una concreta y grave limitación de la libre actuación del destinatario de la protesta o su familia o cuando por la forma en que se realice conlleve objetivamente un trato degradante. El acoso al personaje público, el cercamiento de su domicilio, los empujones e insultos y, en general, los comportamientos directamente coactivos hacia el afectado o las personas de su familia pueden constituir una forma de violencia moral, de intimidación, merecedora de reproche penal. Pero no pueden hacerse afirmaciones generales sobre la cuestión ni tampoco conviene criminalizar de forma generalizada este tipo de protestas. El exceso en el ejercicio del derecho de manifestación debe ser siempre objeto de un tratamiento jurídico muy cuidadoso y prudente y el análisis de cada caso y la forma en que se desarrolle el incidente serán los que determinen de forma singular su relevancia penal.

Lo que no ofrece duda, a mi juicio, es lo negativo del fenómeno y la dificultad de su encuadre jurídico-penal por lo que insisto, como al principio, que este tipo de fenómenos deben tener su respuesta prioritaria no en los tribunales, sino en la madurez democrática de la propia sociedad. Debemos ser conscientes que la crítica y la protesta tienen sus límites y que el político democrático, por más que sus posiciones no sean, en ocasiones, de nuestro agrado tiene derecho, como cualquier otro ciudadano, a que su actividad pública no trascienda a su entorno familiar y privado.

El término escrache es el sustantivo que se viene utilizando en Argentina, U...

El término escrache es el sustantivo que se viene utilizando en Argentina, Uruguay y España en referencia a u0022un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas de derechos humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Se trata de (...) un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión públicau0022 (Wikipedia). En concreto, y según se recoge en esa misma fuente, en España el término está siendo empleado desde marzo de 2013 por parte de los medios de comunicación para referirse a las protestas de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca contra algunos de los abusos de los bancos en el marco de la concesión de préstamos hipotecarios.

A mi juicio el escrache, en cuanto agrupación pacífica de un conjunto de activistas que se concentra en las inmediaciones del domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar, con el propósito de que las reivindicaciones de dicho grupo tengan repercusión en la opinión pública, constituye una expresión de los derechos de reunión y manifestación garantizados constitucionalmente (art. 21 CE -EDL 1978/3879-), ya que se trata de una exteriorización colectiva de la libertad de expresión ejercida a través de una agrupación transitoria de personas que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la información pública sobre problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto, un cauce del principio democrático participativo (SSTC 301/2006 -EDJ 2006/288228-, 170/2008 -EDJ 2008/233886 y 38/2009 -EDJ 2009/14448-, entre otras). Es cierto que, de acuerdo con el art. 21.2 CE, el ejercicio del derecho de manifestación o de reunión en lugares de tránsito público está sujeto al cumplimiento del requisito previo consistente en el deber de comunicación previa a la autoridad competente, pero la propia jurisprudencia constitucional ha aclarado que tal deber de comunicación no constituye una solicitud de autorización, ya que el ejercicio del derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, por lo que se trata tan sólo una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros (por todas, SSTC 59/1990 -EDJ 1990/3535-, 66/1995 -EDJ 1995/2054 y 148/2006 -EDJ 2006/80223-). Así, resulta evidente que la sola circunstancia de que la concentración ante el domicilio o lugar de trabajo de la persona con relevancia pública no haya sido comunicada previamente a las autoridades gubernativas competentes no determina que la misma constituya un delito de reunión o manifestación ilícita previsto en el art. 513 CP -EDL 1995/16398-, toda vez que este precepto únicamente considera punibles las reuniones o manifestaciones u0022que se celebren con el fin de cometer un delitou0022 o u0022aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrososu0022.

Evidentemente, el derecho de reunión y manifestación (y, en consecuencia, el escrache como una de sus expresiones) no son derechos ilimitados ni amparan el insulto o la amenaza contra la persona de relevancia pública o la concentración de personas en las circunstancias que describe el art. 513.2º CP -EDL 1995/16398-, ya que en esos casos se trataría de supuestos de ejercicio abusivo del derecho fundamental que tendrían encaje en algunas de las figuras típicas previstas en el CP (cfr. arts. 169 a 171, 205 a 210 y 620, aparte del propio 513 ya citado), tal como se ha encargado de recordar la jurisprudencia constitucional relativa a los límites de dicho derecho (SSTC 66/1995 -EDJ 1995/2054-, 42/2000 -EDJ 2000/1158-, 196/2002 -EDJ 2002/44867 y 195/2003 -EDJ 2003/136198-). La cuestión que se suscita consiste en determinar si el ejercicio del derecho de reunión o manifestación pacífica y sin armas ante el domicilio o lugar de trabajo de una persona con relevancia pública supone una intromisión ilegítima en los derechos a la libertad y a la intimidad personal y familiar de la misma que pueda llegar a subsumirse en el delito o falta de coacciones (arts. 172.1 y 620.2º CP), y en mi opinión la respuesta ha de ser necesariamente negativa. Como se razona en el reciente AAP Madrid (sec. 16ª) de 29-1-2014 -EDJ 2014/4629 (por el que se confirma el previo auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid de 10-5-2013 -EDJ 2013/54727-), no puede afirmarse fundadamente, de un lado, que la mera concentración pacífica de personas (aun cuando estas porten pancartas reivindicativas o coreen eslóganes) integre la conducta violenta de contenido material (vis física) o intimidativa (vis compulsiva) ejercida de modo directo o indirecto (a través de cosas o incluso de terceras personas) que se exige como elemento constitutivo del delito o falta de coacciones, de acuerdo con la jurisprudencia del TS (por todas SSTS de 29-6-2005 -EDJ 2005/108844-, 15-10-2009 -EDJ 2009/251518 y 12-7-2012 -EDJ 2012/154679-). De otro lado, no cabe identificar sin más la intención de protesta contra determinadas políticas o de denuncia de unas situaciones que se perciben como injustas con el ánimo tendencial de restringir la libertad de la persona destinataria del escrache (lo que constituye el elemento subjetivo de las coacciones, conforme a la jurisprudencia citada), porque ello supondría afirmar que cualquier expresión de los derechos de manifestación o reunión -cuya finalidad última es el intercambio o exposición de ideas o la defensa de intereses para influir en la toma de decisiones de alcance político comporta la intención de restringir antijurídicamente la voluntad de las personas responsables de la toma de dichas decisiones.