La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, así como el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cristóbal González-Aller, han presidido hoy el acto de firma del acuerdo por el que se aprueba el Protocolo Marco de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS).
Con la aprobación de este Protocolo, el Gobierno da cumplimiento al mandato del Reglamento de Extranjería, estableciendo con claridad cómo, cuándo y quién debe actuar cuándo un menor extranjero no acompañado es localizado en territorio español.
En la elaboración del texto han participado las Comunidades Autónomas y en él se sientan las bases para la coordinación de las distintas instituciones y administraciones en relación a las actuaciones referentes a los menores extranjeros no acompañados.
El acuerdo recuerda que las actuaciones desarrolladas en el marco del Protocolo estarán inspiradas en los principios y normas contenidos en los instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos del menor ratificados por España. En particular, en el artículo 3.1 de la Convención de Derechos del Niño, que estipula que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés del niño".
Objetivo
El acuerdo hace también referencia al retorno del menor a su país de origen, bien con su familia bien en un centro de acogida de menores de su país, como solución duradera y siempre que ello constituya el interés superior del menor.
El Protocolo tiene como objetivo lograr el adecuado funcionamiento del Registro de menores extranjeros no acompañados, que a 31 de diciembre de 2013 recogía la cifra de 2.841.
Además, el documento refuerza las garantías del sistema de protección del menor, abordando cuestiones de especial sensibilidad, como las relativas a protección internacional o a la prevención de la trata de seres y contra la utilización de menores a este fin por adultos pretendidamente responsables de ellos.
