La empleada fue contratada el 16 de diciembre de 2018 como ojeadora de perdices en una cacería celebrada ese mismo día en una finca. En el transcurso de la jornada se cayó desde el remolque de un tractor que le provocó una fractura de tibia-peroné distal desplazada. El 26 de diciembre fue intervenida quirúrgicamente, operación que se complicó con necrosis en la zona de la cicatriz. Volvió a ser operada el 15 de marzo, el 24 de abril y el 23 de octubre de 2019, sufriendo varias infecciones. El 6 de mayo de 2020 le concedieron una incapacidad permanente total para su profesión, derivada de accidente de trabajo, por importe de 813,64 euros mensuales, paga posteriormente incrementada un 20%, decisión que fue ratificada el 17 de mayo de 2021.
Sobre la pretensión de la Mutua de revocar la resolución del INSS y revisar el diagnóstico, el tribunal señala que cuando se produjo el reconocimiento en su estado de salud “no se había producido una mejoría significativa”, de hecho, “las dolencias padecidas eran exactamente las mismas, manteniéndose también idénticas las limitaciones que de ellas se derivaban”. Por ello, los magistrados ratifican la decisión del juzgador de instancia para justificar el mantenimiento del mismo grado de invalidez en la resolución de 17-05-2021, desestimando el recurso planteado y confirmando la sentencia impugnada.
TSJ de Castilla-La Mancha. Sala de lo Social. Sentencia nº 1751/2024 de 15 de noviembre de 2024.
