Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude: "Si hablamos de corrupción en una administración pública es hablar del daño a toda la sociedad"
Esta ley exige a las organizaciones establecer canales de denuncias confidenciales para prevenir delitos financieros y corrupción, entre otros.
La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones económicas y penales, además de afectar la reputación de la empresa y la confianza de los empleados. Cumplir con esta obligación legal es esencial para evitar consecuencias negativas.
Para conocer con más detalle determinados aspectos legislativos , cuál es el papel de los denunciantes o los beneficios que aporta del canal de denuncias, entre otros asuntos relacionados, entrevistamos a Joan Llinares, director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
¿Cuáles son las consecuencias legales a las que se expone cualquier Ayuntamiento que no cuente con un canal de denuncias?
La Ley 2/2023 recoge que el incumplimiento de la obligación de disponer un Sistema interno de información puede ser constitutivo de infracción muy grave, grave o leve, en función de las circunstancias concurrentes (artículo 63 Ley 2/2023), sancionable con multas de entre 1.000 euros a 1.000.000 (artículo 64 Ley 2/2023). Desde la Agencia Valenciana Antifraude incidimos en que la lucha contra la corrupción no va de multas y sanciones si no de la creación de una ética y ética pública asumida y promovida por las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad.
¿Cuál es la importancia de la Ley Orgánica 2/2023, que regula la protección de personas que informan sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción?
Esta Ley es una herramienta fundamental en la prevención y en la lucha contra la corrupción. Se trata de una transposición de la Directiva que tiene como objetivo ayudar y proteger a aquellas personas que quieren contribuir a mejorar en nuestra sociedad poniendo de manifiesto todas aquellas actuaciones constitutivas de fraude y corrupción. Es hacer eso que se dice de “poner en el centro a las personas” y en este caso, es poner aquellas personas denunciantes de corrupción.
¿Qué obligaciones impone esta ley a las entidades del sector público y las empresas privadas con más de cincuenta empleados en relación con los canales de denuncias?
Entre las medidas que establece está la de crear un Sistema interno de información (canal interno), que debe permitir la presentación y tramitación de denuncias anónimas, así como regular el procedimiento de gestión del canal para la tramitación de las comunicaciones o denuncias conforme a la Ley.
También, tienen que designar un responsable del Sistema interno de información y comunicar a la Autoridad competente (en la Comunitat Valenciana, es la Agencia Valenciana Antifraude respecto del sector público) y contar con un libro-registro de las informaciones recibidas y de las investigaciones internas a que hayan dado lugar. Por último, informar de forma clara y accesible a quienes realicen la comunicación a través del canal interno de la existencia del canal externo.
¿Cuál es el papel de la Agencia Valenciana Antifraude en la supervisión y aplicación de esta ley?
La Agencia facilita a través de la firma de protocolos, ayuda y asesoramiento para la implementación de los canales de denuncias además de ofrecer formación e información acerca de la aplicación de la Ley 2/2023.
¿Qué medidas puede tomar una organización para garantizar que su canal de denuncias sea efectivo y accesible para los denunciantes?
De acuerdo a la Ley el canal de denuncias debe permitir que la personas pueda elegir entre el canal interno o externo, según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere. Así mismo debe permitir poder hacer la denuncia de forma anónima o identificada, y a través de cualquier medio.
¿Cuál es el papel que juegan las personas denunciantes de corrupción?
Para nosotros es la pieza fundamental y es a la que hay que proteger. La Agencia fue la primera autoridad en España que contó con el Estatuto de Protección de la Persona denunciante de corrupción. En estos momentos tenemos protegidas a 34 personas y una empresa para evitar que sufran represalias.
El mensaje fundamental que queremos transmitir es que aquella persona que denuncia estará protegida.
¿Cuáles son las represalias más habituales que sufre una persona denunciante de corrupción?
Son de lo más variado, pero nosotros hemos tenido aperturas de expediente disciplinarios, denegación de ascensos, anulación o denegación de licencias, permisos o formación. Pero quizá la parte más complicada sea la de los daños psicológicos; por este motivo, estamos poniendo en marcha desde la Agencia Valenciana Antifraude el primer servicio de atención psicológica en España para personas denunciantes de corrupción.
¿Qué beneficios puede aportar un canal de denuncias a una comunidad, en este caso, a la ciudadanía de un municipio?
Si hablamos de corrupción en una administración pública es hablar del daño a toda la sociedad. Quizá no hemos asumido todavía que aquél que defrauda a un ayuntamiento lo que en realidad está haciendo es quedarse con algo que es tuyo, que es de todos. Quizá nos queda materializar y ejemplarizar más lo que supone la corrupción en nuestro día a día, lo que dejamos de tener o percibir en ayudas, iniciativas o proyectos cuyo dinero se desvía.