Juzgados de lo Social de Madrid y Barcelona coinciden en urgir al Ministerio de Justicia, a las consejerías correspondientes y a los Tribunales Superiores de Justicia para que adopten las medidas de protección necesarias hacia los empleados de la Administración de Justicia ante la pandemia del coronavirus.
Responden así por ejemplo a las demandas de trabajadores de la Administración de Justicia en Madrid que denunciaban la semana pasada la falta de equipos de protección necesarios en los juzgados madrileños. A estos se sumaban también los reclamaciones de los trabajadores en Cataluña.
Al respecto ya el Juzgado de lo Social número 41 de Madrid acordó el pasado jueves 19 de marzo dar 24 horas al Ministerio de Justicia y al TSJM para que dieran "de forma inmediata" a los Letrados de la Administración de Justicia "mascarillas, guantes, gel desinfectante, batas para desplazamientos a centros sanitarios y gafas" de protección.
A pesar de esas 24 horas de límite, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que pasado ese plazo aún no hay respuesta por parte de las administraciones interpeladas, si bien esperan que esa respuesta llegue.
En la misma línea, este domingo 22 de marzo, el Juzgado de los Social número 12 de Barcelona dictaba un auto en el que estimaba parcialmente las medidas cautelares demandadas por el sindicato 'Judicialización del Secretariado Judicial' para que tanto el Ministerio de Justicia como el Departamento de Justicia catalán hagan en 24 horas una evaluación de los riesgos laborales por el coronavirus.
En el auto se urge a evaluar la exposición al COVID-19 o SARS-Cov-2 de las personas que trabajan en órganos judiciales. Además, se acuerda estudiar los riesgos concretos de los trabajadores para adoptar las medidas organizativas y de distribución de espacios, así como la protección de los mismos. En este sentido, al igual que ocurrió en Madrid, el sindicato pedía además los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos con garantías.
El caso de Móstoles
Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia de Móstoles alertan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la Consejería de Justicia de que viven una situación "dramática" por la expansión y propagación del virus COVID-19 y advierten de que esto llevará a que en las próximas semanas no queden funcionarios que realicen el trabajo en los juzgados.
En una carta enviada al TSJM, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Consejería de Justicia apuntan que las cuatro sedes judiciales de la localidad madrileña (el Juzgado de Guardia, Violencia de Género, Instancias y Penales; el Registro Civil; el Juzgado de Familia 8; y los Juzgados de lo Social) ven "seriamente mermada la plantilla" lo que les llevará irremediablemente al cierre de puertas.
Lamentan los Letrados que "se está produciendo una serie de disfunciones y diversas incidencias en este partido derivadas la mayoría de ellas de instrucciones contradictorias o que no están claras sobre el personal funcionario que ha de acudir presencialmente a la sede a atender servicios esenciales".
Al hilo, hacen constar que no se han repartido mascarillas a los funcionarios en las sedes más afectadas, como puede ser la del juzgado de Guardia, y avisan de que "se están diagnosticando casos de contagio por coronavirus con positivo confirmado" y se dan también casos de aislamiento por cuarentena.
Ante esta situación, señalan que con el objetivo de evitar el riesgo de contagio entre los funcionarios que continúan trabajando en los juzgados de Móstoles, consideran necesario "que se efectúen los oportunos tests a los que trabajan en dichos Juzgados, a fin de detectar si hay casos positivos, y descartar los negativos, que podrían seguir presentado los servicios".
A juicio de los Letrados esto permitiría poder centralizar con los casos negativos la prestación de los servicios esenciales en uno o dos juzgados. Asimismo, piden en su carta que desde la Comunidad de Madrid se decrete la disminución de la plantilla funcionarial de servicios mínimos acordada el 14 de marzo en atención a las "graves circunstancias" y que se cierren algunas sedes.
Trabajando "sin seguridad sanitaria"
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia de Madrid (STAJ) apuntaban también el 16 de marzo que los funcionarios madrileños designados a los servicios mínimos "en muchos casos han sido obligados a asistir a su puesto de trabajo
sin ningún tipo de seguridad sanitaria".
Denunciaban en este sentido la "ausencia total" del Comité de Seguridad y Salud Laboral, desde donde se debería haber dictado un protocolo de actuación ante la pandemia, y lamentaban que ya son "incontables los casos de juzgados que ya han tenido que cerrar por tener casos directos en sus secretarías".
En concreto, mencionaban el cierre del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, del Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares y del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alcobendas. Sumaban a esto que se valora el cierre total del Juzgado de Instrucción número 53, y que ya los Juzgados de los Social 6, 28 y 38 "han procedido a su cierre".
A estos, desde el STAJ suman otros trece cierres de diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid y alertan de que hay funcionarios trabajando en hasta siete sedes donde a pesar de haberse dado positivos por coronavirus no se ha desinfectado.
