En el Senado, el texto recabó 260 votos a favor y solo dos en contra.
Ley de Cooperación Internacional: Novedades
La principal novedad de la nueva ley, que tomará el relevo a la Ley de Cooperación Internacional de 1998, es que prevé destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en el horizonte 2030. El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura y la previsión en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
Asimismo, prevé que se destine el 10% de la AOD a acción humanitaria, la sustitución del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) y la elaboración de un nuevo Estatuto del Cooperante. Estas dos últimas cuestiones, al igual que la prevista reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tendrán que realizarse a posteriori.
Por otra parte, en cuanto al papel de la llamada cooperación descentralizada se la identifica como la que "se realiza desde las comunidades autónomas en el marco de sus competencias y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares)".
Asimismo, se sostiene que "es una de las señas de identidad y fortalezas" de la Cooperación Española y "supone una importante contribución a un sistema de cooperación más democrático y a la buena gobernanza desde la complementariedad y la corresponsabilidad". Dicha cooperación, se desarrollará según sus respectivos Estatutos de autonomía y leyes autonómicas como las líneas generales establecidas por sus asambleas legislativas o parlamentos".
