La Asociación de Fiscales ha advertido de que fue "innecesaria" e "impertinente" la "presencia" del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Consejo de Ministros que decidió decretar el Estado de alarma ante el cierre del espacio aéreo y ha advertido de que el Ministerio Público "bajo ninguna circunstancia" puede convertirse en un "órgano consultivo" del Gobierno.
En un comunicado, la Asociación de Fiscales ha apelado al principio de división de poderes y a la "autonomía funcional" del Ministerio Fiscal para criticar la asesoría de Conde-Pumpido en un Consejo de Ministros, "aún en supuestos de excepcionalidad o precisamente por ello". "El Ministerio Fiscal queda sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad y no al dictamen de criterios políticos, y bajo ninguna circunstancia puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno", ha remachado.
Tras destacar que las relaciones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo no se basan "en caso alguno" en la "subordinación", la asociación ha advertido de que el Gobierno "carece de facultades" para determinar la "norma aplicable en la jurisdicción penal" a los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo y ha tildado de "injerencia intolerable" la "mera indicación" por parte del Ejecutivo al Ministerio Fiscal sobre el derecho a aplicar en este caso.
ESTADO DE ALARMA
Así, ha subrayado que son los fiscales y, en última instancia, los tribunales los encargados de determinar si el abandono de este colectivo es penalmente relevante y si es de aplicación "una norma preconstitucional o el actual Código Penal. "La mera indicación por parte del Gobierno al Ministerio Fiscal del derecho a aplicar, supone una injerencia intolerable contraria al principio de imparcialidad que preside su funcionamiento y al propio Estado de Derecho", ha enfatizado.
Aunque ha eludido valorar la idoneidad de la declaración del Estado de alarma, ha subrayado de que el Ministerio Fiscal debe mantenerse "distante al foro gubernativo" en el que de decida su adopción y estar así alejado de posicionamientos políticos.
"En España no rige el principio de oportunidad penal sino el de legalidad, no estando previsto en nuestro ordenamiento el anuncio previo y público de la concesión de redenciones generalizadas por la delación y/o entrega de posibles responsables culpables", ha concluido.
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