Durante la reunión se han abordado los objetivos y necesidades de la Audiencia Provincial de Madrid, que a grandes rasgos tiene como competencias la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones de los juzgados civiles y penales de toda la provincia y la celebración de juicios y sentencias en primera instancia de los delitos castigados con pena de cinco o más años de prisión, además de las vistas del Tribunal del Jurado.
En líneas generales, en relación al ejercicio 2016 puede afirmarse que la litigiosidad penal es similar a la de años anteriores mientras que la civil ha aumentado significativamente. En paralelo, el número de asuntos en trámite se ha mantenido estable en la jurisdicción civil y se ha reducido ligeramente en la jurisdicción penal.
La situación, por tanto, en las 15 secciones penales, integradas por 76 magistrados titulares, ocho magistrados suplentes, tres médicos forenses, dieciocho letrados de la Administración de Justicia, dos unidades de Policía Judicial y unos 280 funcionarios, está cerca de ser óptima.
En las secciones de civil, compuestas por 68 magistrados titulares, seis magistrados suplentes, quince letrados de la Administración de Justicia y en torno a 235 funcionarios, el escenario es dispar: mientras que en las secciones generales el contexto es razonable, las de Familia y Mercantil presentan un retraso muy elevado.
En cualquier caso, todos los magistrados, con independencia de la sección a la que estén adscritos, soportan una carga de trabajo muy elevada, circunstancia que se mantiene desde hace muchos años.
La Memoria 2016 señala que hay que corregir de inmediato esa deficiencia, razón por la que entre las necesidades de la Audiencia Provincial de Madrid está la urgencia de incrementar la plantilla en treinta magistrados si se pretende que ésta actúe de forma colegiada, se dé a cada asunto el tiempo que merece y se ofrezca, en definitiva, una respuesta de calidad, lo que debe exigirse a un tribunal de apelación.
