Asociaciones de fiscales, secretarios judiciales y juristas han condenado "categóricamente" el proyecto de ley que regula la subida de tasas judiciales porque "impide o limita enormemente" el derecho de los ciudadanos a la tutela de los tribunales y deja la Justicia sólo al alcance de "unos pocos adinerados".
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) y la "Plataforma Ciudadana por una Justicia de todos" han expresado en sendos comunicados su oposición al proyecto de ley que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que actualmente tramita el Congreso de los Diputados.
De este modo, la UPF ha lamentado "profundamente" que este sistema suponga "un avance en la privatización" del servicio público de la Justicia en la medida en que prevée rebajas cuando los litigios se solucionen extrajudicialmente, "olvidando que los mecanismos para materializarlos no son en modo alguno gratuitos" y que, en todo caso, "para su convalidación y ejecución es necesario acudir a los tribunales".
La asociación ha tildado de "abusivas" la subida de las tasas, que oscila entre 50 y 750 euros, y ha criticado que el Gobierno haya invocado para su justificación a una sentencia del Tribunal Constitucional que declara constitucional la tasa creada por la Ley 53/02 pero que sólo está referida al caso concreto de una empresa con grandes recursos económicos.
El ciudadano afronta el colapso judicial
Por su parte, el SISEJ ha mostrado su "absoluta" oposición a una norma que limitará "de forma manifiesta" el acceso a la Justicia de la mayor parte de la población y diferenciará a los ciudadanos entre "primera y segunda clase".
A diferencia de los depósitos, advierte de que las tasas "no son retornables si se da la razón a quien recurre" y añade que las tasas estatales y las autonómicas "no son excluyentes ni compensables entre sí".
En definitiva, reprueba esta "nueva vuelta de tuerca" a la ciudadanía, a la que considera que "nuevamente" se pretende culpabilizar del "colapso" de la Administración de Justicia, cuyo "ineludible" proceso modernizador "ha paralizado" el Ministerio de Justicia.
Puesta en marcha de una campaña
A su vez, la Plataforma ciudadana por una Justicia de todos iniciará en los próximos meses una campaña para trasladar a la ciudadanía los "precios" que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "pone a la Justicia sólo para quien se la pueda pagar".
En este sentido, ha advertido de que las tasas supondrán "una puerta infranqueable" que impedirá el acceso a la Justicia y constituyen "una regresión a una ley preconstitucional" de 1959, que sitúa la Justicia al alcance de "unos pocos adinerados".
La plataforma urge a "dejar sin efecto" este proyecto de ley ante las "graves" consecuencias que, considera, generan en la igualdad entre los ciudadanos y en el "músculo democrático del Estado español.
