Después de un parón en el diálogo de tres años, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, en representación del Ministerio de Hacienda y las organizaciones sindicales (CSIF, CC OO y UGT) se reunían en la Mesa General de las Administraciones Públicas para llegar a un importante acuerdo con objeto de reducir la temporalidad y convertir los empleados interinos en fijos. Se trata, además, de igualar las condiciones de despido de interinos y fijos en cumplimiento de la sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2016.
El acuerdo laboral que se incluirá en los Presupuestos de 2017, consiste en una oferta de empleo público de casi 250.000 plazas para los próximos tres años. CSIF, sindicato mayoritario de la Administración central del Estado, explica que la convocatoria de estas plazas no supone la convalidación automática de plazas para interinos, sino que las convocatorias cumplirán los requisitos legales de concurrencia y transparencia. La novedad está en que los baremos de puntuación se puede valorar ya el tiempo en que un opositor ha desempeñado un trabajo al servicio de las administraciones públicas.
El acuerdo también recoge un aumento de la tasa de reposición —las plazas sustituidas por cada jubilación— el 100% para los servicios básicos: sanidad, educación y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del 50% en el resto de sectores públicos. En concreto, se pretende que en algunos sectores se pueda contratar más de una persona por cada jubilación. Esta tasa de sustitución afectará también al personal que trabaja de cara al público, como los empleados de la Dirección General de Tráfico, Servicios Públicos de Empleo, oficinas del DNI, o la Seguridad Social.
Objetivo: Reducir la temporalidad
El Gobierno aprobará una oferta de empleo público extraordinaria para reducir la temporalidad en las administraciones públicas del 20% actual al 8% en tres años. Esta oferta de empleo implicará sacar a concurso las plazas de los interinos y de los que ahora ocupan un puesto temporal. La oferta de empleo hace fija las plazas, pero no directamente a las personas que las ocupan, que tendrán que pasar por el concurso u oposición.
La estimación es que este proceso extraordinario afecte a entre 250.000 y 300.000 plazas. Los sectores a los que afectará son educación, sanidad y justicia. La oferta también se convocará en servicios sociales, policía local, gestión de recaudación, e inspecciones y sanciones.
Serán las comunidades autónomas las que convoquen la oferta de empleo público decidiendo sobre número de plazas, proceso de selección y plazos.
Nuevo decreto en el sector de educación
Además, el Gobierno aprobará por decreto las oposiciones en el sector de la educación el 31 de marzo para que dé tiempo a convocarlas este año. Aunque la oferta de empleo irá incluida en los Presupuestos, el decreto permitirá que las comunidades convoquen ya esas plazas en la educación sin esperar a su aprobación.
Esta oferta pública de empleo estará incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dará autorización a las comunidades a convocar estas plazas en los próximos tres años. Dado que los plazos son ya muy ajustados para convocar a tiempo la oferta de empleo público, el Gobierno ha decidido aprobar un nuevo decreto para, mientras se tramitan los Presupuestos, acelerar la oferta pública en la educación. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez De Vigo, anunciaba que las oposiciones en la enseñanza se aprobarán mediante decreto el 31 de marzo, el mismo día que se presentan los Presupuestos Generales.
