Se trata de las ayudas económicas de pago único que contempla la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para las mujeres víctimas de estos delitos cuyas rentas no superen el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional. Las ayudas son satisfechas por las comunidades autónomas, que después remiten la factura al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responsable en la materia.
Según la resolución del Consejo de Ministros a la que ha tenido acceso Europa Press, el importe previsto para estas ayudas en los Presupuestos de 2013 era de un millón de euros, cantidad "insuficiente" para cubrir las ayudas del periodo entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, estimadas en dos millones de euros.
Por eso, "hace necesaria la habilitación de crédito adicional" y se decide aplicar 850.000 euros con cargo al Fondo de Contingencia y otros 150.000 euros que Sanidad tenía de remanente tras renegociar el contrato de suministro de los brazaletes de seguimiento GPS para maltratadores.
No es la primera vez que el Estado debe ampliar el crédito para cubrir las ayudas a víctimas de violencia de género, partida ésta que tiene carácter ampliable. En los años 2009, 2010, 2011 y 2012, se hizo necesario tramitar los correspondientes expedientes de modificación presupuestaria para atender el reembolso a las comunidades autónomas.
La resolución explica que las ayudas sociales "han venido experimentando un incremento importante" desde el año 2006, en que se comenzaron a reembolsar. En aquel momento supusieron un coste de 333.453 euros, que alcanzó los 741.379 en 2007 y los 965.293 euros en 2008.
El presupuesto más elevado para estas ayudas se alcanzó en 2009, cuando se destinaron más de dos millones de euros. En 2010 bajó el importe a 1,9 millones; en 2011 se quedó en 1,7 y el año pasado fue de 1,5 millones de euros.
"Las causas fundamentales de este incremento en el importe de las referidas ayudas sociales se justifican en la evolución al alza en el número de mujeres beneficiarias", según la resolución. Esto se debería, a su vez, a la mayor sensibilización ciudadana, el mayor conocimiento de sus derechos en las mujeres y la regulación del procedimiento de concesión de estas ayudas en las comunidades autónomas.
