En cuanto a las reformas pendientes, el ministro ha diferenciado entre el aforamiento judicial del que está previsto para los responsables políticos y ha aseverado que el Gobierno no tiene intención de desproteger a los miembros del Poder Judicial mediante la reforma de su ley orgánica, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
Tampoco desaparecerán los partidos judiciales, porque un planteamiento realista aconseja alcanzar la agilización de los procesos judiciales a través de sistemas alternativos de reparto de las cargas de trabajo.
El ministro se ha mostrado abierto a debatir e incluso retirar un punto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suscitó críticas como fue el establecimiento de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
En cambio, se seguirá adelante con el establecimiento de un cauce que acabe con el vacío legal existente en torno a la ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se condena a España, al imponer una determinada interpretación del Convenio de Derechos Humanos.
Respecto a la reforma de la Justicia universal, el ministro ha recordado la sentencia del Supremo que puso fin a la polémica que se suscitó y ha añadido que la intención del Gobierno fue homologar la Justicia española a la de las democracias de nuestro entorno.
En cuanto a las tasas judiciales, el ministro se ha comprometido a analizar su repercusión en la litigiosidad y determinar su recaudación para evaluar, junto a los operadores jurídicos y todas las partes implicadas, el impacto que tienen para evitar, si así ocurriera, que nadie pueda ver restringido su derecho de acceso a la justicia por motivos económicos.
Además, el ministro se ha comprometido a realizar cambios concretos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lograr la agilización de los macroprocesos, establecer un marco normativo para las técnicas de investigación utilizadas por, entre otros, los jueces de la Audiencia Nacional, extender la Nueva Oficina Judicial y modernizar a través de las nuevas tecnologías la Administración de Justicia. Catalá ha admitido que se trata de "un proceso ambicioso" pero cuenta con "un magnífico equipo en el Ministerio, el Consejo General Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado" para trabajar por unas reformas que faciliten a los jueces la prestación de un servicio de mayor calidad.
