El fraude fiscal también es conocido como defraudación y penaliza cualquier infracción administrativa que se realice con plena conciencia y resullte en una disminución del ingreso percibido por la la Hacieda Pública. El problema de gran trascedencia en España y con graves consecuencias para la economía tiene una seria de indicadores clave como son la cantidad de dinero líquido existente, la útilización de paraísos fiscales o las rentas no ingresadas superiores a los 70.000 millones de euros.
La solicitud para la creación de esta subcomisión fue registrada a primeros de 2016 por el grupo socialista en el Congreso. Entonces, se exigía la puesta en marcha de un grupo de trabajo independiente a la formación del gobierno. La disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones obstaculizaba este planteamiento y la medida contra el fraude fiscal.
Ahora, los socialistas ham conseguido sacar adelante esta iniciativa, que aspira a que en un plazo máximo de seis meses la Cámara Baja analice y evalúe la armonización y coordinación fiscal europea e internacional y la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales en relación con las multinacionales y con las personas, entidades financieras o consultoras que colaboran con el fraude.
El objetivo sería doble: por una parte, ver cómo y con qué velocidad ir adaptando la normativa comunitaria en esta materia y, por otra, aportar ideas que España pueda defender en los foros internacionales.
Para ello, la subcomisión podría citar a expertos nacionales e internacionales y evaluaría las medidas de aplicación directa en la legislación nacional procedentes tanto del Plan de Acción contra la erosión de las bases imponibles (BEPS) de la OCDE como de la UE.
