Concretamente, la ADP denunció la modificación estatutaria del texto aprobado por la Junta General en el año 2003. El Colegio de Procuradores de Madrid respondió en reiteradas ocasiones que la modificación se debió a los preceptivos controles de legalidad que debían realizar el Consejo General de Procuradores de España y la Comunidad de Madrid según la ley de Colegios Profesionales. El auto emitido este 22 de noviembre resalta que la Audiencia Provincial ha reiterado “hasta la saciedad” la ausencia de delito, y recuerda que los hechos ya se encontraban denunciados, que ya fueron archivados por la Audiencia Provincial y que instar la misma querella contra personas diferentes no está permitido.
En consecuencia, la magistrada ha ordenado que las actuaciones sean enviadas al Juzgado de Instrucción 30 para su tramitación. Dado que ese mismo juzgado ya archivó la querella interpuesta contra el antiguo Decano de Madrid Antonio Álvarez-Buylla, y el secretario Ramiro Reynolds por los mismos hechos, todo parece indicar que esta querella será igualmente archivada.
En el momento que haya resolución definitiva de archivo instará las acciones legales pertinentes por denuncia falsa, en aras de defender los intereses de la procura, según ha informado el propio Colegio de Procuradores de Madrid.
