Durante la reunión que ha mantenido Rafael Catalá en la sede del Ministerio de Justicia con los padres de Marta del Castillo y representantes de la organización Change.org, ha expuesto como alternativa a los procedimientos actuales la habilitación de soluciones procesales nuevas para el caso de delitos graves (los castigados con más de 15 años de prisión) en cuya comisión concurran adultos y menores, según las cuales la instrucción de la causa se llevaría a cabo por un único órgano para evitar duplicidades, con pleno respeto a los derechos sustantivos y procesales de los menores de edad. El enjuiciamiento se realizaría por un único Tribunal en el que se integrarían magistrados de la Audiencia Provincial y especialistas de la jurisdicción de menores.
Rafael Catalá ha mostrado su solidaridad y el compromiso del Gobierno para seguir vigilante en situaciones procesales similares y en esa línea ha recordado las reformas impulsadas por el Ejecutivo a lo largo de la pasada legislatura que incluyen el Estatuto de la Víctima del Delito, que considera víctimas del delito, en el caso de muerte o desaparición, a los familiares y les reconoce una serie de derechos que antes no estaban contemplados.
Entre esas novedades el ministro ha destacado la reforma del Código Penal que recoge el endurecimiento de la pena del delito de detención ilegal que en los casos más graves puede llegar a los 25 años de prisión; la introducción de la pena de prisión permanente revisable para los
delitos de asesinato de menores y para los delitos de agresión sexual seguida de asesinato y la incorporación del recurso de apelación para las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial, que en este caso hubieran habilitado un recurso más ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
