Este nuevo organismo, creado bajo el nuevo Plan Estratégico Internacional del ICAM, tiene como misión supervisar la elaboración, aplicación y repercusión del Derecho de la UE, fortaleciendo así la influencia de la abogacía madrileña en el ámbito comunitario.
El Observatorio del Derecho de la UE, copresidido por el decano Eugenio Ribón y Teresa Mínguez Díaz, diputada responsable del área internacional e impulsora de su nueva estrategia, se dedicará a monitorizar y analizar los asuntos más relevantes del Derecho de la UE, proporcionando asesoramiento a la Junta de Gobierno del ICAM. Este organismo será clave para evaluar propuestas legislativas, elaborar programas normativos y difundir buenas prácticas entre los abogados colegiados.
El decano del ICAM abrió la sesión, acompañado por Katalin Tóth, embajadora en España de Hungría, país que acaba de asumir la presidencia de turno del Consejo. Ribón explicó que la creación del Observatorio responde a la necesidad de gestionar de manera eficiente las cuestiones prejudiciales planteadas desde España, que en el último informe anual del TJUE se situó en cuarto lugar con 73 casos remitidos entre 2022 y 2023. Además, el 53% de las leyes aprobadas en España entre 2019 y 2024 provienen de directrices y decisiones europeas, lo que subraya la influencia del derecho comunitario en la legislación nacional. España también ha sido el Estado miembro con el mayor número de procedimientos de infracción abiertos en los últimos años, con 48 procedimientos por incumplimiento introducidos entre 2023 y abril de 2024.
Por su parte, Teresa Mínguez, quien lidera este proyecto, destacó la importancia del Observatorio “para acercar el derecho de la Unión a los colegiados, incrementar su conocimiento sobre el derecho comunitario y abordar los principales retos a los que se enfrenta la UE”.
Mínguez Díaz subrayó que el Observatorio nace con la vocación de seguir los asuntos más relevantes del Derecho de la UE y realizar estudios y análisis que fortalezcan el posicionamiento del ICAM y los intereses de sus colegiados en las instituciones españolas y europeas. Destacó que, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones de la Unión, muchos operadores jurídicos no están familiarizados con su funcionamiento, prioridades y desarrollos legislativos, por lo que uno de los objetivos fundamentales del Observatorio es revertir esta situación.
También explicó la oportunidad del momento: “El panorama político mundial está siendo remodelado por la competencia estratégica, la creciente inestabilidad global y los intentos de socavar el orden internacional basado en normas”, señaló.
“Actualmente, tras las elecciones europeas del pasado 9 de junio, la UE se encuentra en plena renovación de sus organismos. El Consejo de la UE ha cerrado un acuerdo inicial para la próxima Agenda Estratégica de la UE 2024-2029, que pretende construir una Europa más soberana y capaz de enfrentar los retos futuros derivados de la nueva realidad geopolítica, buscando una Europa libre y democrática, fuerte y segura, próspera y competitiva”, sentenció Teresa Mínguez.
Principales Áreas de actuación
Sonsoles Centeno y Jaime Folguera, co-directores del Observatorio, presentaron por su parte el Plan Anual de Actuación 2024-2025, destacando varias áreas de enfoque prioritario: el secreto profesional; asilo y migración; financiación de litigios por terceros; cambios en el mercado Interior y el nuevo ciclo legislativo.
Respecto al secreto profesional – algo que “está en la huella genética del abogado y da sentido a la profesión”, según Folguera- fue uno de los temas cruciales abordados. Para el codirector del Observatorio “no está nada claro que sea un derecho y obligación incuestionado e incuestionable en la UE”. Así, advirtió que la abogacía de empresa, en particular, enfrenta incertidumbres, especialmente en procedimientos ante la Comisión Europea y autoridades nacionales de competencia, anticipando que el próximo periodo legislativo podría traer una regulación específica sobre este asunto dada la creciente atención judicial y legislativa.
El paquete legislativo recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre migración y asilo también fue discutido. Este incluye normas para la asistencia jurídica y sistemas de financiación para solicitantes de asilo, asegurando que todos los demandantes reciban el apoyo necesario. Los ponentes subrayaron la importancia de seguir de cerca la implementación de estas normas para garantizar su efectividad y justicia.
El tema de la financiación de litigios por parte de terceros fue destacado, especialmente en relación con las recomendaciones del Parlamento Europeo para la adopción de una directiva sobre esta cuestión. Este tipo de financiación plantea importantes retos éticos y jurídicos, incluyendo la transparencia y el conflicto de intereses. Se subrayó la necesidad de reflexionar sobre el papel del financiador y asegurar una supervisión adecuada para proteger la integridad del proceso judicial.
Los ponentes también discutieron las implicaciones del Informe Letta y otras iniciativas relacionadas con la competitividad, desde la perspectiva regulatoria en forma de simplificación normativa y la eliminación de incoherencias en el mercado interior.
Finalmente, respecto al nuevo ciclo legislativo, con la nueva Comisión Europea se esperan propuestas que podrían ampliar la libertad de establecimiento y la prestación de servicios, afectando directamente a los abogados y otros profesionales. El ICAM se comprometió a seguir y analizar estas propuestas para garantizar que beneficien a sus colegiados.
Agenda Estratégica de la UE 2024-2029
La mesa redonda sobre la sobre la Agenda Estratégica de la UE 2024-2029 fue moderada por Teresa Mínguez Díaz y contó con la participación de destacados expertos como Francisco Fonseca Morillo, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid; Vicente López Ibor-Mayor, presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía (AEDEN) y de la European Federation of Energy Law Associations (EFELA); Alejandra Martínez Pérez-Espinosa, directora de Gobierno Corporativo y Public Policy del Banco Santander España; y Javier Díez-Hochleitner, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo (AEDEUR).
Durante la mesa redonda, Díez-Hochleitner resaltó “el impacto del Derecho de la UE en el ámbito nacional y a la inversa” y destacó el caso del abogado del Turno de Oficio César Pinto como un paradigma de cómo un litigio local puede provocar cambios significativos en el derecho de la UE, demostrando su permeabilidad en todos los ámbitos. Durante el debate se discutieron las cuestiones prejudiciales, no solo en términos de validez de los actos de la UE, sino también en relación con los principios de equivalencia y efectividad, que han llevado a reformas importantes como la ley hipotecaria y la evaluación de cláusulas abusivas, ejemplificadas por la sentencia del 22 de junio de 2022 que declaró contraria al derecho de la UE una ley del sector público.
También se abordaron cuestiones abiertas sobre la reforma del recurso de casación y la posibilidad de suspender un procedimiento cuando otro juez ha planteado una cuestión prejudicial. El presidente de AEDEUR mencionó igualmente el impacto del Acta Única Europea, que marcó la transición de un mercado común a un mercado único, y la necesidad de una mayor armonización y reconocimiento mutuo, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desempeñando un papel crucial en este proceso.
Francisco Fonseca Morillo, por su parte, destacó que el respeto al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ha pasado de ser una retórica a una realidad efectiva, con cada desviación siendo sancionable por el Consejo a propuesta de la Comisión, como en los casos de Hungría y Polonia. Subrayó la importancia de mantener la neutralidad y eficacia en la protección del Estado de Derecho.
Vicente López Ibor-Mayor habló sobre la energía, destacando su papel crucial en la próxima Comisión y haciendo hincapié en que la UE es una comunidad asentada en valores de paz y estabilidad económica, donde la energía juega un papel fundamental.
La mesa redonda concluyó con una reflexión sobre la necesidad de un enfoque equilibrado en la regulación que promueva la competitividad sin crear inseguridad jurídica ni económica, y sobre la importancia de seguir avanzando en la integración europea para enfrentar los desafíos futuros.
Ampliando la influencia del ICAM y el servicio a los colegiados/as
En la clausura, la diputada Teresa Mínguez puso en valor cómo la presentación del Observatorio del Derecho de la Unión Europea y su Plan Anual de Actuación 2024-2025 representa un paso significativo en el esfuerzo por adaptar y mejorar la práctica de la abogacía en el contexto europeo. “Este Observatorio se posiciona como una herramienta esencial para influir en el desarrollo del Derecho comunitario y asegurar que los abogados madrileños estén bien preparados para los desafíos futuros”, concluyó Mínguez.
