El Gobierno prevé ahorrar a los juzgados españoles entre 12.000 y 14.000 casos por concurso de acreedores con la figura del mediador extrajudicial que incorpora la nueva ley de emprendedores y al que se podrán acoger más de cuatro millones de pequeñas empresas (entre autónomos y pymes).
Según han informado fuentes del Ministerio de Industria y del Ministerio de Justicia, este mediador, que será designado por el propio Gobierno, hará un estudio patrimonial "rápido" del deudor, realizará un análisis de su situación y compondrá un plan de pagos para salir de ella, "que tendrá que recibir el visto bueno de los acreedores".
No obstante, el deudor será el que se encargue de cubrir los gastos del mediador, "pero serán considerablemente más baratos que si acudiese a concurso de acreedores". De esta forma, el Ejecutivo cree que los problemas de pagos de estas pequeñas empresas y autónomos podrían resolverse en un plazo máximo de tres meses.
"Esta iniciativa va dirigida a pequeños empresarios que pasan por una situación mala y se ven abocados a cerrar su negocio", han precisado estas fuentes, que han destacado que el proceso con el mediador incluye cualquier tipo de deuda que provenga de la actividad empresarial.
Así, "todo lo que tenga el concepto de pyme o pequeño empresario" podrá acogerse a esta figura, "sin ningún tipo de límite de facturación por parte de la compañía". Según han resaltado, se trata de un acuerdo para casos "poco complejos". Además, han admitido que el objetivo de esta figura es que se reduzca el número de concursos de acreedores y que las personas que no puedan afrontar los gastos de estos procesos no vean cómo su problema "se queda enquistado".
La figura del mediador extrajudicial se enmarca en lo que el Gobierno ha denominado sistema de la segunda oportunidad, "que permite al empresario acudir a un mediador que haga una propuesta de pago de sus deudas para que pueda empezar su negocio desde cero".
Los autónomos que ya tengan un negocio podrán salvar su vivienda
Entre las novedades de la ley también resalta la posibilidad de que los autónomos y pequeños empresarios, tanto los que vayan a iniciar su negocio como los que ya lo hayan puesto en marcha, puedan acogerse a la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y puedan salvar su casa del devenir del negocio.
En concreto, fuentes de Industria y Justicia han explicado que la intención es que los emprendedores no corran el peligro de perder su vivienda habitual si el negocio va mal. No obstante, han recalcado que no es una medida retroactiva, "y solo será para las deudas que se adquieran a partir del momento en que se acojan a esta figura, no para las anteriores".
El Ejecutivo está convencido de que esta medida favorecerá el emprendimiento, "pues se pone a salvo algo muy importante". No ocurrirá lo mismo con el coche, "ya que el vehículo sí se utiliza para trabajar en muchos casos y se puede considerar un bien empresarial, mientras que la vivienda personal no".
Para el Gobierno, el objetivo "fundamental" de la ley de emprendedores es que eliminar trámites y reducir los plazos para constituir una empresa en España, después de que el informe 'Doing Business' del Banco Mundial haya situado al país en el puesto número 136 en esta materia.
Para ello, el borrador de la normativa elimina la exigencia de aportar un capital mínimo de 3.000 euros en el momento de la constitución, la necesidad de pedir la documentación al registro notarial central o el requisito de legalizar los libros de la empresa antes de comenzar la actividad.
"Con este sistema que se va a poner en marcha se podrán tener las sociedades constituidas en 48 horas, plazo que está por debajo de la media de la OCDE, que es de seis días", han afirmado desde Industria y Justicia.
Además, los autónomos y emprendedores de responsabilidad limitada podrán realizar todos los trámites de forma telemática, "al igual que las sociedades de responsabilidad limitada, aunque éstas deberán acudir al notario, porque es un requisito que aporta seguridad jurídica y que países como Alemania también mantienen".
