La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, con tres votos en contra y dos a favor, un informe favorable a la nueva Ley de Justicia Gratuita, cuyos efectos han sido regulados hace unos días a través de un decreto-ley.
La ponencia de Concepción Espejel no ha logrado pasar el filtro de la Comisión de Estudios y las diferencias entre los vocales han obligado a nombrar un nuevo ponente, que en este caso será Carles Cruz, nombrado a propuesta del PSOE.
El informe inicial consideraba "plausible" la extensión de la Justicia Gratuita a colectivos como maltratadas, víctimas de trata de seres humanos y terrorismo o menores y discapacitados psíquicos que hayan sufrido abuso o maltrato para que disfrutaran de este derecho sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos. Eso sí, pedía incluir en la norma a discapacitados físicos y trabajadores.
La idea de ampliar los colectivos beneficiados por la nueva Ley de Justicia Gratuita ha sido bien recibida por los vocales de la Comisión, si bien han cuestionado que el Gobierno haya regulado mediante un decreto-ley la aplicación inmediata de sus efectos y han puesto en duda que el nuevo umbral económico suponga en la práctica un aumento real del número de los beneficiarios.
Durante la deliberación, han votado a favor de la ponencia la propia Espejel y el vocal Claro José Fernández, ambos propuestos por el PP; mientras que han votado en contra Margarita Uría, designada a propuesta del PNV, y Carles Cruz y Margarita Robles, ambos propuestos por el PSOE.
Robles ha llevado a la sesión un texto alternativo cuyas ideas se recogerán en la futura propuesta de Cruz. En concreto, pone en duda que el nuevo baremo de cómputo del umbral económico suponga un aumento real de la cantidad de beneficiarios y además no ve razones de urgencia para que el Ejecutivo haya regulado los efectos de la norma mediante un decreto-ley.
También cuestiona el vacío de referencias a la financiación o los medios de las comunidades autónomas cuando éstas se ocupan de la gestión de los servicios de los abogados del turno de oficio.
Cruz llevará su informe a una nueva Comisión de Estudios, lo que hace improbable que este asunto pueda discutirse en el Pleno del Consejo del Poder Judicial convocado para el próximo 7 de marzo. La derrota de la ponencia inicial no significa que determinados puntos del documento vayan a ser desechados, pues la extensión a trabajadores o discapacitados físicos de la ley ha sido una de las ideas respaldadas.
Discrimación de los matrimonios
El texto de Espejel, al que ha tenido acceso Europa Press, valora positivamente que la nueva ley dedique una especial atención a las circunstancias personales y familiares de los solicitantes, así como que reconozca este derecho a ciertos colectivos sin necesidad de acreditar su insuficiencia económica. De esta forma, señala, disfrutarán de este beneficio en la ejecución de la sentencia o la interposición del recurso.
A la hora de describir las modalidades de unidad familiar, el informe critica que el cómputo de los ingresos económicos adolece de una falta de referencia a las parejas de hecho, lo que puede resultar "discriminatorio" para los matrimonios. En su caso, se tienen en cuenta los ingresos percibidos por ambos miembros, mientras que tratándose de convivientes de hecho se computarían como personas no integradas en una unidad familiar.
En relación con la extensión de la Justicia Gratuita a los menores y discapacitados psíquicos cuando sean víctimas de abuso o maltrato, el informe precisa que el anteproyecto "no es del todo nítido" y aboga por ampliar este reconocimiento a las personas que sufren una discapacidad física grave.
En cuanto a la extensión de este beneficio a los accidentados que sufran secuelas permanentes de gravedad, el documento cuestiona que se dejen fuera los supuestos en que las secuelas provengan de un hecho intencional no accidental.
Igualmente, el documento aboga por reconocer a los trabajadores el derecho a la asistencia jurídica gratuita en suplicación y casación para todas las prestaciones del sistema distintas a la exención de tasas y una bonificación del 60 por ciento en lo que se refiere al pago de estas tarifas. "De esta forma, se evitaría incurrir en una disminución tan notable del derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores, no causalizado a la falta de recursos, como la que el Anteproyecto prevé", concluye.
