Según ha informado SOS Racismo, a la abogada se le impone una pena de cuatro años, nueve meses y un día, inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogada durante el tiempo de la condena y multa de 2.160 euros.
Por su parte, al gestor se le condena a tres años, seis meses y un día e inhabilitación para el ejercicio de administrador de entidades mercantiles durante el tiempo de la condena y multa de 1.800 euros.
Además, deberán devolver los 48.850 euros que cobraron a las 19 testigos que fueron citados al juicio, ya que varias decenas no fueron localizadas.
Hay varios procedimientos abiertos contra los condenados por hechos similares en distintos Juzgados de Instrucción de Vizcaya. Hasta el ingreso en prisión el 16 de mayo de 2013, siguieron realizando los mismos comportamientos.
La Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 2ª, ya les había condenado por Sentencia de 10 de abril de 2013 a sendas penas de 3 años de prisión por delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia y a indemnizar a ocho perjudicados por una cantidad total de 15.550 euros.
Entre los hechos probados consta que entre los meses de marzo de 2007 y febrero de 2009 se presentaron con la intervención de los acusados 77 solicitudes en Cantabria, 10 en Burgos, 4 en Palencia, 43 en Guipúzcoa, 39 en Zaragoza, además de las presentadas en Vizcaya.
El Colegio de Abogados no la suspendió de su ejercicio, si bien se ha personado como acusación en todos los procedimientos, a pesar de las denuncia de SOS Racismo, que ahora viene corroborada por la Sentencia (fundamento de derecho 4º) de que algunos de los hechos fueron cometidos durante la época en la que estaba vigente la condenada a inhabilitación por la Sentencia del 2008.
SOS Racismo de Vizcaya ha recordado que los hechos ocurrieron de 2007 a febrero de 2009, lo que supone entre 5 y 7 años para tener una sentencia, que además "será seguramente recurrida". "En todos estos años los condenados han continuado con comportamientos similares hasta que en el año 2013 han sido enviados a prisión. Es evidente que algo falla en los mecanismos de prevención de estos comportamientos", ha denunciado.
Asimismo, ha lamentado que "a estas alturas será muy difícil que a las testigos y perjudicadas se les devuelva el dinero tal y como se ordena en la sentencia. Además, las personas perjudicadas que no han participado en los procedimientos (algunas habrán sido expulsadas) son varios centenares".
