Rafael Catalá ha participado en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander Una Justicia de futuro, donde se ha comprometido a estar al frente de todas las iniciativas necesarias para alcanzar una Justicia del siglo XXI desde la base del diálogo y la participación de todos los operadores jurídicos involucrados, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
En relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 1 de octubre, Catalá ha asegurado que agilizará los tiempos de respuesta de los tribunales mediante un mejor reparto de cargas de trabajo y una mayor especialización de los órganos judiciales para temas específicos, entre los que ha destacado las nuevas funciones de los secretarios judiciales en labores de mediación.
Además, el ministro ha condenado una vez más la lacra de la violencia de género y ha recordado que esta Ley contempla medidas excepcionales para su erradicación como la extensión de la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que incrementan sus competencias, y la mejora en la atención a las víctimas.
En referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil que verá la luz en los próximos días, Catalá se ha referido a la necesidad de acelerar el uso de las nuevas tecnologías y los medios telemáticos en la Administración de Justicia. En ese sentido ha destacado la fecha del próximo 1 de enero para la consecución del papel cero en la Administración de Justicia. Desde principios de 2016 los profesionales de la Justicia estarán obligados a emplear sistemas telemáticos en la presentación de escritos y documentos, así como en la realización de actos de comunicación procesal.
El titular de Justicia ha resaltado la capacidad de aumentar las opciones de relación de ciudadanos y empresas con la Justicia mediante la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Catalá ha rechazado cualquier intención de privatización en la decisión de facultar al secretario judicial, notario o registrador para ciertos actos que antes correspondían en exclusiva al juez. Además, ha destacado la apuesta real por el arbitraje y la mediación realizada desde el Ejecutivo.
Asimismo se ha referido a la Ley de Enjuiciamiento Criminal como herramienta útil para poner fin a la falsa sensación de impunidad de las fases de instrucción muy prolongadas. Catalá ha subrayado entre sus principales mejoras el cambio de las reglas de conexidad, el archivo policial de atestados sin autor conocido y la previsión de un procedimiento monitorio penal que permite dar firmeza a la propuesta sancionatoria del fiscal.
Como aspecto más social de la Justicia, Rafael Catalá ha destacado la reforma del Código Penal, en vigor desde el pasado 1 de julio. El objetivo de conseguir una sociedad más libre y segura ha sido determinante, ha dicho, para establecer medidas como la prisión permanente revisable para delitos de extrema gravedad, la desaparición de las faltas o la revisión de los delitos que afectan a los colectivos más vulnerables, entre los que ha citado la mejora de la respuesta penal ante la violencia contra las mujeres y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Catalá ha señalado la importancia del pacto de Estado que ha permitido mejoras en la lucha contra el terrorismo y también las medidas adoptadas para perseguir la corrupción de manera que estos delitos se castiguen con penas más severas en el ámbito público y condenas a la altura del reproche social que merecen.
El ministro de Justicia se ha referido asimismo a la Ley de Baremos de Accidentes de Circulación actualmente en tramitación parlamentaria, como una reforma de alcance social innegable. La nueva norma simplificará la tramitación de las indemnizaciones a la vez que eleva a rango de Ley un acuerdo que es fruto del consenso entre las propias aseguradoras y las asociaciones de víctimas de accidentes.
