De este modo, ha interpuesto ante el Defensor del Pueblo una queja por los interrogatorios a detenidos por parte de policías encapuchados y la reiterada negativa de la Dirección General de la Policía de incorporar dichas recomendaciones en sus normas de actuación en la instrucción de atestados.
Así, ha recomendado a sus abogados que en las asistencias letradas al detenido, en sede policial, se ajusten siempre con pleno respeto a su libertad e independencia reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Estatuto General de la Abogacía (EGAE).
Por todo ello, la Junta de Gobierno ofrecerá su amparo y protección de la libertad e independencia de los letrados que actúen conforme a la Ley.
Estas recomendaciones de la Junta han sido trasladadas al Consejo General de la Abogacía Española, a la Defensora del Pueblo, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos.
También se pide la implantación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre, pidiendo la colaboración de todos y solicitando de los abogados su colaboración para recibir todas las incidencias que se produzcan.
Estas acciones responden a una petición de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que solicitó la adopción de medidas para garantizar el Derecho de Defensa, tras las irregularidades ocurridas en las detenciones de ciudadanos, en febrero de 2012, con ocasión de su participación en actos reivindicativos, en los cuales los agentes encargados de la toma de declaraciones ocultaron sus rasgos con diferentes tipos de prendas.
En su momento, la Defensora del Pueblo se mostró en contra de estas prácticas y solicitó a la Dirección General de la Policía que se dieran las instrucciones oportunas para que no se volvieran a repetir estas actuaciones.
