Tras mantener un encuentro con altos cargos del Poder Judicial en la sede de su Ministerio, Caamaño ha defendido que la reunión no se ha organizado en miras al 20-N. "Me remito a los hechos que son sustancialmente objetivos, es el fin de un Gobierno y cerca de ese momento --elecciones generales-- se produce una noticia muy buena para todos los españoles, una noticia especialmente buena para los ciudadanos del País Vasco".
"De la misma manera que el ministro del Interior se acuerda de inmediato de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es normal que el ministro de Justicia traslade ese afecto a los jueces, fiscales y secretarios que tanto han hecho en este país en defensa de la libertad", ha justificado Caamaño.
A su juicio, es "de justicia" transmitir el respaldo del Ejecutivo a los jueces, fiscales y secretarios judiciales que han dedicado su vida a defender con "firmeza" el Estado de Derecho durante "estos años de dolor y terrorismo". Según ha dicho, esa es "exclusivamente la única razón" que ha motivado la celebración de este encuentro con altos cargos del Poder Judicial.
En el transcurso de la cita, que ha considerado "muy positiva", ha explicado que muchos de sus interlocutores le han trasladado las vivencias que afrontaron en "momentos muy difíciles". "Les he pedido que ese respaldo --del Gobierno-- lo transmitan a sus compañeros porque es de justicia reconocer que el éxito del Estado de Derecho frente al terrorismo se debe también a la firmeza que han tenido muchos de sus profesionales en la defensa de la Ley", ha añadido.
POSICIÓN "CLARA" DEL GOBIERNO
El titular de Justicia ha asegurado que "el camino de futuro" seguirá discurriendo por "la firmeza del Estado de Derecho y el respeto a las víctimas". "El Gobierno tiene una posición clara y va a seguir con la misma línea y política antiterrorista que nos ha traído hasta este lugar", ha remachado.
El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno y exministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciaba horas antes que si logra la victoria el próximo 20 de noviembre "lo primero" que hará será reunir a los partidos para "examinar la política antiterrorista que hay que llevar a cabo a partir de una decisión de ETA que cambia las cosas evidentemente".
Dicho esto, Caamaño expresado que "mantener la unidad de todos los demócratas en estos momentos es más importante que nunca" y ha señalado que los casos pendientes que quedan pendientes de resolver en los tribunales, serán juzgados y resueltos conforme a la Ley.
Preguntado si es partidario de conceder indultos a condenados por terrorismo, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo no ha acordado en ningún momento esta medida. "Me parece un criterio excelente y por tanto vamos a seguir manteniendo esta misma política antiterrorista".
"Coincido con el ministro del Interior que estas cosas hay que hacerlas siempre en el marco de la Ley y oyendo siempmre a la opinión de las víctimas. Como espero que el nuevo Gobierno sea socialista, sabe cuál es la posición, esa posición no es más que seguir en la misma política antiterrorista que hemos tenido hasta ahora", ha respondido.
INVITADOS AL ENCUENTRO
El ministro ha añadido que ninguno de sus interlocutores en la reunión le ha formulado ninguna petición. Entre ellos, se encontraba el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el fiscal jefe de este órgano, Javier Zaragoza; el presidente de la Sala de lo Penal de este tribunal, Javier Gómez Bermúdez; el presidente de la Junta de Jueces de Instrucción, Santiago Pedraz; y el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Ha acudido igualmente al encuentro el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra; el teniente fiscal del alto tribunal, Juan Martín Casallo; y el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Antonio Narváez.
Asimismo, han asistido el secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional Luis Martín Contreras, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el fiscal jefe del TSJ del País Vasco, Juan Ramón Calparsoro.
El ministro ha estado acompañado por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo y por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají.
