El Gobierno regional, a través de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), ha firmado un convenio con la Fiscalía Superior de Madrid, por el que los fiscales de la región, con competencias en materia de incapacidad, podrán tener acceso a los informes patrimoniales y a todo el historial económico de los tutelados.
Ese acuerdo va a permitir que la fiscalía pueda ejercer la labor de control de la tutela, evitando requerimientos judiciales de solicitud de información.
La AMTA cuenta con más de 3.000 expedientes abiertos, siendo más de 50.000 folios en total los que se presentan anualmente en los diferentes Juzgados de la región. Este nuevo portal permitirá a los fiscales acceder a la información en tiempo real sin necesidad de papel, lo que supone una mejora evidente en la realización de sus funciones en la defensa y protección de las personas con discapacidad.
Plan estratégico
Hace un año que se puso en marcha el Plan Estratégico de la AMTA 2016-2021, un documento que marca la hoja de ruta del Gobierno regional para los próximos años en materia de tutela e incapacidad y que recoge la importancia de ofrecer formación y especialización a los trabajadores de la Agencia y a las personas que trabajan en el sector.
De las cuatro líneas de actuación marcadas en el Plan Estratégico, la Comunidad de Madrid ya está dando respuesta a todas ellas a través de medidas concretas que buscan mejorar la gestión de la Agencia, hacer más visible su labor, sensibilizar a la sociedad y buscar nuevos modelos de intervención con las personas más vulnerables de la región.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos cuenta con un presupuesto de 6,9 millones de euros para 2017, que permitirá seguir protegiendo a las personas que han sido incapacitadas judicialmente por diversos motivos.
El perfil de las personas que usan el servicio de tutela de la Agencia es un 54% mujeres y un 46% hombres, con una edad media de 60 años. Si se analizan las causas de incapacidad, la variedad de patologías existentes requiere un conocimiento específico y una intervención social diferente en cada caso.
En cuanto a la capacidad económica, las personas tuteladas apenas tienen recursos económicos, y casi el 65% tiene menos de 10.000 euros anuales. Se trata de personas que no tienen recursos, a las que no solo hay que gestionarles plaza pública sino que también cualquier gasto que necesite tiene que ser apoyado por la Comunidad de Madrid.
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