Las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2019 no reflejan una realidad muy diferente a la apreciada en Memorias anteriores y vuelven a exteriorizar, como cada año, una carga de trabajo demasiado elevada para normalizar la pendencia existente en los órganos judiciales andaluces.
La pandemia del coronavirus que afectó al país y provocado la declaración del estado de alarma ha tenido una grave incidencia general en la actividad judicial y, aunque no ha ocasionado su cese total, causará un considerable incremento de la litigiosidad.
La Memoria refleja que esta crisis sanitaria ha puesto de relieve nuevamente “la falta de modernización del poder judicial” y ha dejado patentes “nuestros límites y nuestra fragilidad, al contrario que otros sectores y profesiones que han trabajado 'on line' con mucha mayor eficiencia”, afirma el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. En este sentido, el presidente añade que “encuentra complicada justificación que se hayan tenido que paralizar los procesos y más del 90% de la actividad judicial, cuando llevamos años implementando el uso de los medios digitales para mejorar la gestión y modernización de nuestros juzgados y tribunales, que, no olvidemos, es también un mandato legal. La incidencia, repito, habría sido mucho menor en otro contexto organizativo y tecnológico del que por ahora carecemos”.
Ante este panorama, Lorenzo del Río subraya que nuestro país sigue careciendo “de un sistema equilibrado de resolución de conflictos” y en el mismo existen demasiados incentivos para la litigación. Por ello, el presidente del TSJ de Andalucía insistió un año más en la necesidad de “contemplar con naturalidad un enfoque distinto a la respuesta tradicional e institucionalizada de la justicia” y abogó por “implantar -obligatoriamente- sistemas complementarios de resolución de conflictos”. “Reclamamos con urgencia un sistema de justicia eficiente y responsable, un cauce complementario de resolución de conflictos, donde la justicia restaurativa, la mediación, formen parte también de la tutela judicial efectiva. Es obligado salir de la situación actual donde la mediación se sigue aplicando con cuentagotas, para que llegue a formar parte de nuestro sistema jurídico legal, lejos de personalismos o voluntarismos“, señaló.
En las reflexiones recogidas en la Memoria de 2019 Lorenzo del Río vuelve a poner de manifiesto el grave problema organizativo de nuestra administración de justicia, tanto estructural como de gestión eficaz de los recursos de que disponemos, aunque también es un problema económico, agravado por el mantenimiento en el tiempo de la situación y aumento de litigiosidad, lo que provoca un escenario de imprescindible y relevante inversión económica en los ámbitos tecnológico, de recursos humanos y de infraestructuras.
En cuanto a la organización judicial, abogó por “superar esa arcaica estructura organizativa que no permite adaptarnos a formas de organización del trabajo y de gestión de los efectivos personales mucho más modernas y eficaces”. Todos los análisis detectan que nuestra Administración de justicia necesita modificar radicalmente su organización para adaptarla a las nuevas realidades y conflictos, al tiempo que perfeccionar la gestión de los medios personales y materiales, mejorando los mecanismos e instrumentos de eficiencia y rendición de cuentas ante la sociedad. El modelo actual, basado en unidades judiciales independientes, numeradas y separadas, es ineficiente, disfuncional y antieconómico, alejado de los modelos de gestión modernos y más eficientes.“Demandamos un cambio en la organización judicial como factor cuya falta de adaptación a la realidad socieconómica actual lastra la eficiencia de nuestro sistema judicial”.
Al margen de este aspecto, apostó también por “una mejora sustancial de las herramientas procesales”, de tal modo que se puedan simplificar los procesos y sus fases “implantando soluciones que eviten un uso indebido del proceso y/o de los recursos”.
Lorenzo del Río vuelve a insistir en las reformas que la justicia necesita desde hace años, así como en las inversiones económicas que hagan posible que esta administración disponga de las herramientas tecnológicas con las que ya cuentan las restantes administraciones. Por el momento, la implantación de las nuevas tecnologías en la justicia es más que deficitaria y se impone, a la mayor brevedad, la definitiva consolidación del avance tecnológico emprendido y extensión a todos los integrantes y profesionales.
Litigiosidad y asuntos pendientes
El nivel de asuntos ingresados en 2019, -1.242.678-, sitúa a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la parte más alta del número total a nivel nacional, donde los diferentes territorios registraron un total de 6.075.535 asuntos. Así, Andalucía presenta una tasa de litigiosidad superior en un 11% a la media estatal, puesto que, si a nivel nacional esta tasa ha sido de 133,5 asuntos por cada 1.000 habitantes, en el ámbito del TS de Andalucía es de 148,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa como la segunda de España.
Durante 2019 los órganos judiciales resolvieron 1.207.908 asuntos (un 3% más en relación con el año anterior), quedando pendientes al final del año un total de 600.673 asuntos. Esto supone un incremento del 7% respecto a los que quedaron en trámite al final de 2018 (en la anualidad anterior hubo un aumento del 10%). La tasa de resolución en el año 2019 ha sido del 0,97, similar al pasado año, y permite afirmar, con carácter general, que los órganos judiciales del territorio siguen en un buen nivel de laboriosidad y se resuelven casi la totalidad de los asuntos ingresados. Precisamente el Marcador de la Justicia 2018, elaborado por la Comisión Europea, recoge un informe positivo en materia de eficiencia judicial, ya que nuestra tasa de resolución se sitúa en términos generales en quinta posición, por delante de los principales países europeos, pese a la poca agilidad que para ello permiten, en general, nuestras leyes procesales.
Descenso únicamente en la jurisdicción penal
En 2019 únicamente la jurisdicción penal registró un descenso en el número de asuntos ingresados, mientras que se incrementaron en el resto de jurisdicciones. Los procedimientos penales suponen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial, en concreto el 57% del total. El porcentaje relativo a la jurisdicción civil supone un 31% del total de asuntos ingresados. Por su parte, la jurisdicción social y la jurisdicción contencioso-administrativa representan un 6% cada una.
La jurisdicción penal ingresó un 1% menos que en el año 2018 y su cifra final supone el 22% del total de asuntos ingresados a nivel nacional, situando a Andalucía en el segundo puesto nacional.
Por su parte, la jurisdicción civil ingresó un 1% más de asuntos y continuó su tendencia al alza desde el incremento del 4% de 2017 provocado por las reclamaciones en materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
En este ámbito, Andalucía asume más del 20% del registro a nivel nacional y la situación se mantiene en un estado delicado. Aún así, la estadística ha bajado considerablemente en Andalucía y se ha ingresado un 41% menos de asuntos. En 2019 hubo 27.000 nuevos procedimientos distribuidos de la siguiente manera: Almería (2.011), Cádiz (5.362), Córdoba (3.453), Granada (2.016), Huelva (2.363), Jaén (2.472), Málaga (3.797) y Sevilla (5.526).
Durante 2019 se ha ampliado el refuerzo y número de jueces en todos los Juzgados especializados. Contamos con tres jueces en Almería, Córdoba, Huelva y Jaén, y cuatro en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla. Por otro lado, desde la Sala de Gobierno se ha insistido en la debida coordinación entre las agendas de los diversos jueces que sirven en un mismo Juzgado especializado, así como la razonabilidad de fijar unos criterios comunes de señalamientos y una metodología e intensidad similares, al tiempo que fijar criterios procesales y judiciales uniformes, con la finalidad de la mayor homogeneización y eficiencia posibles.
La jurisdicción social ingresó un 8% más de asuntos que en 2018 consecuencia del aumento del 9% en materia de despidos, que pasaron de los 16.560 de 2018 a los 18.087 del 2019. La pendencia ha subido un 21% respecto al año anterior y pone de manifiesto la necesidad de medidas de apoyo a la jurisdicción social, ya que algunos partidos judiciales están señalando juicios con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable.
Finalmente, la jurisdicción contencioso-administrativa registró un importante incremento del 56% derivado en buena medida de procesos en matería de extranjería en los que se acuerda la expulsión del extranjero o la devolución a su país de origen.
Violencia sobre la mujer
En el año 2019 se produjeron en Andalucía 12 nuevas muertes de mujeres por violencia de género, con la circunstancia de que en todos los casos no se habían tomado medidas de protección. Los juzgados recibieron un total de 34.629 denuncias relacionadas con violencia sobre la mujer, un cifra similar a la del año anterior. Se solicitaron 8.480 órdenes de protección.
La Memoria del TSJA correspondiente a 2019 refleja que se ha producido un incremento del 6% en el número de asuntos sobre violencia de género y doméstica en los Juzgados de Menores. Una comparativa entre 2018 y 2019 revela un incremento de los menores enjuiciados por delitos de violencia de género, lo que nos pone igualmente en alerta sobre la persistencia y aumento de actitudes de este tipo de violencia entre nuestros jóvenes.
Ejecución de sentencias
La Memoria de 2019 constata que las ejecuciones pendientes ascendieron a 437.460, un número algo mayor que el del año pasado. aunque se consiguió llevar a cabo una buena labor en este aspecto dado que el número de ejecuciones resueltas (240.241) supera ampliamente las ingresadas (177.184).
