El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
En la Junta de Gobierno de la FEMP, el acuerdo tan sólo sumó los 12 votos a favor del PSOE, por los 12 en contra de PP, Junts y Ciudadanos. La abstención de Unidas Podemos y el voto de calidad del presidente socialista de la federación resultaron determinantes para aceptar la iniciativa, que provocó la ruptura del histórico consenso en la agrupación municipalista.
La abstención de Unidas Podemos se produjo finalmente tras varias negativas de este grupo, que llevaron al presidente de la FEMP a aplazar en varias ocasiones la reunión de la Junta de Gobierno para seguir negociando la propuesta con el Ministerio de Hacienda y garantizarse la mayoría suficiente como para sacar adelante el acuerdo.
Acuerdo para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos
El acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, a partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.
Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable. El Gobierno revisará también las condiciones financieras de los préstamos de los fondos de financiación que tienen instituciones locales.
Mientras, en 2020 no será efectiva la regla de gasto, por lo que las corporaciones locales no contarán con esta limitación. El acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit de 2019 y 2020, además de la de 2018. También mantiene las entregas a cuenta a las corporaciones locales y la liquidación del ejercicio 2018, positiva para los ayuntamientos en 600 millones de euros.
