Tal como establece la Ley, corresponde a la Jurisdicción Contencioso-administrativa la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren "urgentes y necesarias" para la salud pública, e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental.
Hasta el momento, ha habido disparidad de criterios a la hora de dar respuesta por parte de los tribunales a las restricciones establecidas por las diferentes autoridades sanitarias para contener la expansión de la covid-19, de forma que en algunos lugares se han ratificado, en otros se han suspendido e, incluso, en algunos casos se ha determinado que los Gobiernos autonómicos no necesitan ratificar esas medidas.
También se dan casos en los que, en base a la evolución de la pandemia y los datos de incidencia de ésta en ciertos ámbitos, el mismo tribunal dicta en momentos diferentes resoluciones que pueden resultar contradictorias, aunque, en sí no lo sean, tal como ha ocurrido en Euskadi.
La Sala de Vacaciones del TSJPV adoptó el pasado 14 de agosto la medida cautelar de suspender las limitaciones horarias al ocio nocturno establecidas por el Departamento de Salud (al no quedar probado por informe que se produjeran más rebrotes en estos establecimientos), para después ratificar, de forma provisional, el cierre de estos locales por "los múltiples focos" que se habían producido en Euskadi en los últimos días en ese entorno, constatado en informes del Gobierno Vasco.
La situación excepcional generada por la pandemia y las medidas adoptadas ante ella por las administraciones ha afectado en especial a los órganos judiciales de lo Contencioso-administrativo. Además, este verano han tenido que resolver numerosas cuestiones relacionadas con las medidas restrictivas que se están estableciendo en cada Comunidad Autónoma para hacer frente al incesante aumento de contagios.
Las fuentes judiciales consultadas afirman que en otoño aumentará todavía más el recurso a esta vía jurisdiccional por las posibles nuevas restricciones que se puedan imponer ante una eventual complicación de la afección de la pandemia.
Por ello, en la primera quincena de septiembre --la fecha está por concretar-- se celebrará una reunión entre los presidentes de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y los magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso.
El objetivo de este encuentro será establecer unas pautas o criterios jurisdiccionales comunes en esta materia, aunque luego cada magistrado tenga libertad a la hora de aplicarlos. La existencia de unos parámetros a poder seguir ofrecería una mayor "seguridad jurídica", tanto para la Administración que adopta las medidas sanitarias, como a los ciudadanos o colectivos que quieran recurrirlas.
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