La justicia social, a diferencia de la justicia, la cual busca el equilibrio entre el bien común y el bien personal, promueve el reparto equitativo de los bienes y servicios. Para ello se apoya en normativas que garanticen su práctica, siendo su fin último es acabar con la pobreza, la desigualdad y promover el empleo, consiguiendo el pleno desarrollo de las personas.
Prevención de la pobreza
Se calcula que 2019 cerró con un total de 11.800.000 personas que vivían en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que supone el 25,3% del total de la población, cifra que, previsiblemente, ha aumentado en 2020.
Para paliar la situación de emergencia, de marzo a septiembre, el gobierno decretó que las empresas de suministros básicos no podían cortar los servicios a personas en situación de vulnerabilidad económica y en mayo anunció el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como forma de apoyo financiero a personas viviendo en condiciones de pobreza “alta” o “extrema”. Este ingreso ha sido reformado a principios de febrero de 2021 para dar cobertura a mayor número de personas.
Además, se han suspendido los desahucios hasta la finalización del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, que finaliza el 9 de mayo de 2021.
Acceso al mercado laboral y desempleo
Desde el comienzo de la pandemia el acceso al mercado laboral de los jóvenes ha empeorado, pasando de un 31,5% de paro juvenil en febrero a un 40,7 % en diciembre. La tasa de desempleo de la eurozona concluyó 2020 en el 8,3%. En el paro general, España se sitúa en un 16,2%,
Además, aunque los cierres económicos durante la primera fase de la pandemia provocaron pérdidas generalizadas de empleo, sobre todo en el sector de la hostelería, la aplicación de medidas, como son los ERTEs, con vigencia hasta 31 de mayo de 2021, hna paliado en parte sus efectos.
No obstante, según el Banco de España, si el impacto de la pandemia se prolonga demasiado, en torno al 20 % de las compañías del sector del ocio, restauración y hostelería serán inviables.
