Así lo traslada el Ejecutivo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado y remitido a la Comisión Europea la semana pasada, y publicado este miércoles, y en cuyo apartado dedicado a la 'Mejora de la eficacia del gasto público' avanza un nuevo período plurianual de revisión del gasto hasta 2026 para "dar continuidad y permanencia" este proceso y "que se vaya internalizando la cultura de evaluación".
Asimismo, el Gobierno informa de la ampliación del Estatuto Orgánico de la AIReF para la creación de una nueva división permanente para esta revisión del gasto, que estará "dotada con todos los recursos necesarios" para "afrontar con garantías de calidad" este nuevo período.
Por otro lado, Hacienda contará con una estructura "permanente" para controlar el cumplimiento de las recomendaciones dirigidas por este organismo y promover "el principio de 'cumplir o explicar' por parte de las administraciones interpeladas.
Propuesta para una tercera fase este año
En primer lugar, el Gobierno detalla que este mismo año el Ministerio de Hacienda propondrá al Consejo de Ministros una tercera fase del actual 'spending review' para evaluar los mecanismos de apoyo público a las empresas y la gestión urbana de residuos.
En este primer punto, el Gobierno destaca el papel de estas ayudas durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y apunta a los instrumentos existentes para la internacionalización de las empresas, la I+D+i, la digitalización o en sectores como el turismo y la industria.
Respecto a los residuos urbanos, asegura que este proceso "se hará buscando el consenso de todas las administraciones públicas en los ámbitos de coordinación correspondientes (con especial foco en las conferencias sectoriales)" ante una mejora identificada como "prioritaria" por parte de diferentes organismos internacionales.
Hacienda pide anticipar qué información necesitará
En la renovación del 'spending review', el Gobierno plantea una propuesta de fases quinquenales para "desligar del ciclo político" las evaluaciones del gasto, si bien se reserva "la decisión final" a la hora de determinar qué partidas son examinadas, dentro de una selección de áreas "conjunta y coordinada con la AIReF, cuyas propuestas se tienen en cuenta".
Igual que el proceso que concluye este año, se encargará a la AIReF y esta definirá la metodología y elaborará el estudio de revisión de las áreas concretas de gasto público que se determinen, pero en esta ocasión Hacienda requerirá al fiscalizador un plan de acción para cada área.
Concretamente, aspectos metodológicos y previsiones de la revisión, con una propuesta inicial con el detalle de las áreas, entidades afectadas o períodos temporales a los que se refiera el análisis, así como la información necesaria que se exigirá, el presupuesto previsto y su calendario. Todo ello, justifica Hacienda, con el fin de "poder planificar adecuadamente la solicitud y recopilación de la información necesaria".
Unidad de seguimiento en Hacienda y plazos para responder
Por otro lado, el Ejecutivo también avanza la creación de una unidad técnica para dar seguimiento a las recomendaciones y asegura que fijará plazos concretos para que las administraciones a las que se dirijan den respuesta a las recomendaciones dadas.
Para incorporar las mismas en el proceso de decisiones, concretamente en el trámite presupuestario, durante su elaboración se realizará un análisis y discusión, tanto en la Administración General como en la Seguridad Social, de las medidas aprobadas o pendientes para cumplir con las recomendaciones.
Asimismo, Hacienda elaborará un informe anual de seguimiento de las recomendaciones efectuadas a partir de la información remitida por las administraciones aludidas en el 'spending review', con medidas adoptadas o las razones esgrimidas para no hacerlo.
Por otro lado, también se prevé que este seguimiento de los 'spending reviews' se integre "con cierta periodicidad" en las discusiones de las Conferencias Sectoriales.
