Así lo han acordado este miércoles en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se ha celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
El nuevo baremo se ha aprobado con la abstención de Castilla y León, Galicia y Madrid. Melilla no ha votado porque es algo que comparte con otra consejería, mientras que el resto, han votado a favor, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
"Damos respuesta, por fin, al cumplimiento de nuestros compromisos y a una demanda de las personas con discapacidad que llevaba mucho tiempo sin ser atendida", ha valorado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Según ha precisado la ministra, son conscientes de que "los tiempos de evaluación del grado de discapacidad ahora mismo son muy elevados" y, por ello, ha subrayado que "reducirlos es un objetivo compartido" por todas las administraciones. "Es una tarea que la ciudadanía nos reclama y no podemos fallarle", ha indicado.
Asimismo, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, ha dicho que asumen el compromiso de velar por "la uniformidad de las evaluaciones en todo el territorio del Estado y de formar a los equipos multiprofesionales para la aplicación de esta nueva herramienta".
En cuestión de plazos, una vez tramitado el Real Decreto, este nuevo baremo entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aun así, los cambios en el procedimiento y órganos de valoración serán de aplicación inmediata, tal y como se planteó en la Comisión Delegada de este Consejo.
Según ha destacado Ione Belarra, este nuevo baremo, adaptado a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, permitirá lograr "una valoración más precisa, más completa y con una visión de derechos humanos como eje central de su estructura".
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