La iniciativa, en su exposición de motivos, explica que en el contexto de la subida de precios actual, los costes generados por la inflación "han de ser repartidos equitativamente mediante un pacto de rentas", y que tanto el sector energético como el de las entidades bancarias "pueden contribuir a reforzar" dicho pacto.
Para conseguir dicho objetivo, la norma prevé establecer un gravamen temporal energético, que las personas o entidades consideradas operadores principales en el sector deberán satisfacer durante en 2023 y 2024 y su importe será el resultado de aplicar el 1,2 por ciento al importe de la cifra de negocios neta del año natural anterior al de la obligación de pago. Quedan exentas aquellos operadores con una cifra de negocio neta en 2019 inferior a 1.000 millones de euros.
Por otro lado, se establece también un gravamen temporal a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, que se aplicará a todas aquellas cuya suma de ingresos por intereses y comisiones en 2019 supere los 800 millones de euros. Al igual que en el sector energético, el gravamen será satisfecho durante los años 2023 y 2024. En este caso, el importe será el resultado de aplicar el 4,8 por ciento a la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones que figuren en su cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año natural anterior al de la obligación de pago.
