En consonancia con las disposiciones internacionales y europeas, la Estrategia se ha diseñado con el objetivo de conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y con la determinación de reducir la siniestralidad laboral, pero también procurando anticiparse a las posibles amenazas y riesgos para la salud de las personas trabajadoras.
Cuenta, además, con un enfoque integral en que la protección física y la mental se sitúan al mismo nivel. Por primera vez la salud mental constituye un lugar prioritario en la estrategia, como también lo es apoyar a las pequeñas empresas en la gestión preventiva o elevar el nivel de protección de los colectivos vulnerables, entre otros.
Con ese fin, la Estrategia ha sido configurada en torno a seis objetivos estratégicos:
- Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático.
- Mejorar la gestión de la seguridad y la salud en las PYMES, una apuesta por la integración y la formación en prevención de riesgos laborales.
- Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad.
- Introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
- Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo para afrontar con éxito futuras crisis.
Estos objetivos para procurar entornos de trabajo seguros y saludables, que contribuyan positivamente a la salud de las personas trabajadoras y al progreso de las empresas, se desarrollan de forma práctica en un total 33 líneas de actuación entre las que destacan acciones como la creación de la Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de Origen Profesional, que permitirá avanzar en la mejora de identificación de enfermedades profesionales. De esto modo se podrá adaptar la normativa a la vez que mejorar la detección temprana y prevención de las enfermedades.
En el mundo laboral tiene especial incidencia el desarrollo tecnológico y en particular la digitalización, pero también los efectos cada vez más acusados del cambio climático, lo que obliga a la prevención de riesgos laborales a adaptar su normativa para identificar posibles carencias en la aplicabilidad de nuevos modelos de trabajo, así como para mejorar y controlar condiciones de trabajo en actividades más afectadas por los cambios medioambientales.
Asimismo, se incorpora la integración de la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva, a la vez que se refuerza la protección de las personas trabajadoras frente a riesgos psicosociales.
Se profundizará en el estudio de los colectivos de personas trabajadores que presenten los peores datos de seguridad y salud. De este modo se podrán analizar los factores que las hacen vulnerables e incorporar la prevención de riesgos laborales en otras políticas públicas.
La Estrategia pone el foco también en los trabajadores y trabajadoras del sector sociosanitario por formar parte de uno de los colectivos que corren mayor riesgo, como es el caso de las personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD).
En consonancia con el Convenio 189 de la OIT para mejorar la protección de las personas trabajadoras del servicio del hogar se van a llevar a cabo acciones que mejoren el conocimiento de patrones de siniestralidad y las patologías relacionadas con el trabajo. Asimismo, se van a elaborar unos criterios orientativos para la gestión de los riesgos en los servicios de asistencia a domicilio y personas trabajadoras del servicio del hogar, con especial atención en los aspectos ergonómicos y psicosociales.
A la hora de reducir la brecha de género también en mundo de la seguridad y salud en el trabajo, se precisa avanzar en el conocimiento de los riesgos y daños en la salud desde la perspectiva de género.
Existen determinadas ocupaciones o actividades en los que son las mujeres las que corren el riesgo de sufrir daños asociados a la actividad profesional. Es por ello que, para conseguir una integración de la perspectiva de género en la gestión preventiva, se va a incorporar esa perspectiva en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral.
