Los planes del Gobierno están diseñados para cumplir con las nuevas normativas fiscales europeas una vez que termine la cláusula de salvaguarda. Estos incluyen objetivos más ambiciosos en la reducción de la deuda y el déficit, pero manteniendo la premisa de fortalecer los servicios públicos sin aplicar recortes. La Administración Central asumirá el mayor esfuerzo para proporcionar a las comunidades autónomas un margen adicional que les permita ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.
El techo de gasto 'nacional' para 2025, excluyendo los fondos europeos, se establecerá en 195.353 millones de euros, un 3,2% más que el año anterior, lo que representa 6.138 millones adicionales. Esta cifra se alinea con la responsabilidad fiscal y permite continuar reforzando los servicios públicos. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 incluirán una transferencia del Estado a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros, un 7% más que en 2024, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo y con un incremento en la 'hucha' de las pensiones aplicado en ejercicios anteriores.
El límite de gasto no financiero total, incluyendo los fondos europeos, será de 199.171 millones de euros. Esta cifra refleja la disminución de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ya que España entra en una fase de recepción de más préstamos. No obstante, la ejecución de los fondos europeos continúa a buen ritmo, con autorizaciones que alcanzaron los 12.500 millones a principios de julio, un 35% de los créditos presupuestados.
Los PGE de 2025, que se presentarán a tiempo para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año, contemplarán un notable incremento en las partidas destinadas a los servicios públicos, manteniendo la estabilidad presupuestaria. Esto se refleja en las nuevas sendas de déficit y deuda pública, y se ha demostrado en la reducción del déficit público, que bajó de un 10,1% del PIB en 2020 a un 3,6% en 2023.
La nueva senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros establece objetivos de déficit del 2,5% para 2025, del 2,1% para 2026 y del 1,8% para 2027, siendo más exigente que la senda vigente hasta ahora. La Administración Central realizará el mayor esfuerzo fiscal, con objetivos de déficit del 2,2% para 2025, del 1,8% para 2026 y del 1,5% para 2027, proporcionando más margen a los territorios.
Las comunidades autónomas tendrán un objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB en 2025, 2026 y 2027, lo que les otorga dos décimas más de margen fiscal. La Administración Local también disfrutará de mayor margen fiscal, con la CNAL aprobando objetivos de equilibrio presupuestario para los próximos tres años.
La Seguridad Social podrá incurrir en un déficit del 0,2% en los próximos tres ejercicios, dejando atrás el objetivo de 0,1% para 2026 y el equilibrio presupuestario para 2027.
Las comunidades autónomas recibirán 147.412 millones en 2025, un 9,5% más que en 2024, y las Entidades Locales recibirán 26.893 millones de euros en 2025, un 13,1% más que en 2024.
La nueva senda de la deuda pública 2025-2027 continúa la tendencia de reducción, estableciendo que la deuda pública del conjunto de las administraciones debe disminuir al 103,6% del PIB en 2025, al 101,8% en 2026 y al 99,7% en 2027.
Finalmente, la regla de gasto, contemplada en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, establece que el gasto computable no puede superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB, fijada en el 3,2% para 2025, el 3,3% para 2026 y el 3,4% para 2027. Estos límites se alinearán con la tasa de crecimiento del gasto primario neto, que es la medida clave de las nuevas normativas fiscales europeas. Esta considera el gasto público después de descontar los intereses, los ingresos de medidas discrecionales, los recursos de los fondos europeos y su cofinanciación, el gasto cíclico en desempleo y las partidas de un solo ejercicio ('one offs').
El Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo, que se enviará a la Comisión Europea a partir de septiembre, se elaborará siguiendo los lineamientos que marca esta tasa de crecimiento del gasto primario neto. Con estas medidas, el Gobierno pretende asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mientras se protegen y refuerzan los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
