Así lo ha comunicado este miércoles el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera, que ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso para presentar los informes sobre concesión y denegación de indultos correspondientes a los dos años anteriores.
Sobre los indultos concedidos en 2023, ha explicado que fueron para nueve hombres y dos mujeres, y que todos contaron con los informes favorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía.
De los 11 concedidos el año pasado, ocho eran por delitos contra el patrimonio, dos por delitos contra la salud pública y uno por delito contra la seguridad vial, y en dos de los expedientes figuraba la oposición de la víctima.
Respecto a los indultos de 2022, el subsecretario ha detallado que hubo el mismo número de mujeres que de hombres beneficiados --ocho-- y en 11 constaba el informe favorable del tribunal sentenciador y de la Fiscalía, 4 fueron con el informe favorable del tribunal pero desfavorable del Ministerio Fiscal y en uno el informe del tribunal era desfavorable pero el del Ministerio Público era favorable.
Uno de los indultos otorgados ese año fue por un delito de falsedad, cuatro por delitos contra la integridad física, cinco por delitos contra el patrimonio, uno en el ámbito de las relaciones familiares, tres en materia de salud pública, uno contra la seguridad vial y otro por revelación de secretos, y tres expedientes llevaban aparejada la oposición del perjudicado.
En cuanto a los indultos denegados, el Gobierno rechazó 2.394 en 2023 y 3.356 en 2022, "en cifras parecidas a las de todos los ejercicios" y en más del 90% de los casos con informes en contra de concederlos tanto del tribunal sentenciador como de la Fiscalía.
El subsecretario ha apuntado que una de las razones que pueden explicar la caída del número de solicitudes de indultos es la reforma que se hizo en 2015 del Código Penal que incentivaba la suspensión del acuerdo de la sentencia cuando concurrían requisitos y circunstancias extraordinarias o excepcionales.
"Era una herramienta que antes estaba más restringida y a partir de la reforma de 2015 operó en un sentido más amplio, sobre todo a la hora de flexibilizar los requisitos para la suspensión extraordinaria en los casos de drogodependencia", ha añadido.
Herrera ha indicado que otra tendencia interesante es el aumento del número de solicitudes presentadas telemáticamente por vía electrónica, que han superado a las recibidas en papel.
