El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, han abordado los detalles de la reforma durante una reunión en el Ministerio.
La aprobación del Reglamento incluye una subida inmediata de algunas de las retribuciones, que la Abogacía Española considera especialmente urgentes y que ha venido reclamando en últimos tiempos. Es el caso del reconocimiento del pago de la intervención de los letrados en los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que se compensará con un 125% de la cuantía de cada procedimiento para incentivar los acuerdos entre las partes.
Asimismo, entre otras mejoras concretas, se incrementan las cuantías de las retribuciones de los procedimientos de especial complejidad (Macrocausas) y del procedimiento penal general en todo el territorio común.
“Hoy se ha dado un avance necesario, pero vamos a seguir trabajando para que se aprueben las peticiones históricas e imprescindibles que reclama la abogacía española. Prioridades como el incremento de las retribuciones y su actualización periódica, más agilidad en los pagos, más especialización y extensión de servicios, el cierre de brechas territoriales o la garantía de abono por todas las actuaciones prestadas, entre otras cuestiones”, ha destacado González.
El departamento de Bolaños ha señalado que el Real Decreto también permitirá incorporar a la Asistencia Jurídica Gratuita a nuevos colectivos vulnerables. Las víctimas de terrorismo y de trata de seres humanos, las personas con discapacidad necesitadas de especial protección y las mujeres y personas menores de edad víctimas de violencia sexual tendrán derecho a este servicio independientemente de sus recursos económicos, tal y como sucedía ya con las víctimas de violencia de género.
En el encuentro, el ministro Bolaños también ha manifestado su compromiso de aprobar en los primeros meses de 2026 una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas y potenciar el trabajo de los profesionales que garantizan el acceso efectivo a la justicia.
El presidente del CGAE ha destacado la urgencia de esta nueva ley, pero urge que “seamos parte de ella”, y aún más si cabe, contar con recursos y el trato digno que merecen sus profesionales.
