La valoración de las dolencias en los procesos de incapacidad permanente

Para resolver la primera cuestión conviene distinguir, seg&am...

Para resolver la primera cuestión conviene distinguir, según haya sido o no objeto de discusión la fecha de efectos en el procedimiento de instancia.

En el caso de que en el procedimiento de instancia no se haya debatido la fecha de efectos de la prestación de incapacidad permanente ante una posible agravación de las limitaciones orgánicas y funcionales de las dolencias en el interín entre el reconocimiento efectuado por el equipo de valoración de incapacidades y la celebración del juicio, la sentencia que recaiga habrá de fijar como fecha de efectos económicos la postulada por la entidad gestora al no haber sido controvertida por la otra parte y ello aun cuando se haya tenido en cuenta la referida agravación y ésta determine el reconocimiento de la incapacidad permanente solicitada. De lo contrario, es decir, si se fijase en la sentencia una fecha de efectos distinta a la fijada por las partes y que, por lo tanto, no ha sido objeto de debate se incurriría en incongruencia extra petita.

Ahora bien, aunque las partes no hayan planteado dicha cuestión, no cabe duda que el Magistrado &ldquoa quo&rdquo puede y debe suscitarla de oficio para que se debata en el acto del juicio si es que considera que ha existido dicho agravamiento y también las partes pueden introducir dicha discusión en la vista, aunque sería más conveniente que la hubieran planteado con antelación a fin de no generar indefensión a la contraparte. En cualquier caso, cabría suspender el juicio si alguna de las partes alegase que le genera indefensión el planteamiento ex novo de la cuestión en el acto del juicio.

Además, si en el procedimiento de instancia no se ha discutido la fecha de efectos, no cabe que en suplicación ni, por supuesto, en casación para unificación de doctrina se introduzca dicho debate, dado el carácter extraordinarios de esos recursos, y es que, como se dice en la STS 475/2026, de 11 de mayo -rec. 3543/2023 -EDJ 2026/575647-, una vez iniciado el trámite de los referidos recursos no hay mecanismo alguno en nuestro ordenamiento jurídico que permita a las partes introducir una cuestión nueva respecto a las postuladas en el procedimiento seguido en la instancia ya que se trataría de una variación sustancial de las pretensiones que han sido objeto del procedimiento de instancia, del acto de juicio y de la propia sentencia recurrida, y su admisión comportaría una aplicación contra legem de las normas procesales de derecho interno y por esa misma razón, tampoco es posible que pueda suscitarla de oficio el órgano judicial que conoce del recurso. Precisamente este es el motivo por el que la STS 392/2023 de 31 de mayo -rec. 1909/2022 -EDJ 2023/604372-, tras negar que puedan considerarse hechos nuevos ajenos al expediente las dolencias que sean agravación de otras anteriores, o las lesiones o enfermedades que ya existían con anterioridad y se ponen de manifiesto después, o las que existían durante la tramitación del expediente pero no fueron detectadas por los servicios médicos, indica que «Al haber quedado fuera del ámbito de discusión no podemos fijar doctrina acerca de los efectos temporales que posea la valoración de esas dolencias no puestas de relieve con anterioridad, pero sí que han de cohonestarse con el momento en que queden evidenciados».

El Tribunal Supremo en esta sentencia hace, pues, un apunte sobre la necesidad de vincular la fecha de efectos de la incapacidad permanente con la constatación de la consolidación de las limitaciones orgánicas y funcionales de las dolencias que dan lugar a dicha incapacidad, pero no fija doctrina sobre la fecha de efectos porque no fue objeto de discusión en el procedimiento de instancia.

En el supuesto de que en el procedimiento de instancia se haya discutido la fecha de efectos de la incapacidad permanente en atención a un agravamiento de las limitaciones orgánicas y funcionales derivadas de las dolencias constatado en el acto del juicio, la STS 396/2026, del 16 de abril -rec. 4041/2024 -EDJ 2026/565256- afirma que para determinar dicha fecha de efectos económicos, cuando se trata de agravación de dolencias ya conocidas o bien de nuevas dolencias, se ha de aplicar la jerarquía normativa, lo que implica acudir en primer lugar al art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234- en tanto que el mismo es el que contiene el derecho sustantivo que define la incapacidad permanente y condiciona todos los restantes, mientras que las previsiones del art. 13.2, párrafo primero y párrafo segundo, de la Orden de 18 de enero de 1996 no establecen la regulación básica del derecho sobre dicha prestación, sino que se limitan a desarrollar aspectos secundarios para su reconocimiento.

Del contenido del art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234- la meritada sentencia concluye que en aquellos supuestos en los que se cuestiona una resolución administrativa que deniega la incapacidad permanente por no estar acreditado en el momento en que se dicta la concurrencia de limitaciones que impidan el desarrollo del trabajo, y después en fecha posterior se constate la existencia de las mismas, la fecha de efectos económicos será la del momento en que se produce dicha constatación, por ser dicha fecha igualmente la del hecho causante bien entendido que por fecha de constatación no se alude al momento del juicio oral, sino a la fecha en que la sentencia que reconoce la nueva situación entiende que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente y dicha conclusión es aplicable tanto en los casos que se pase de una denegación inicial en la resolución administrativa a un reconocimiento de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta, o gran incapacidad, como también en aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la posterior sentencia sea reconocido otro superior.

La convicción judicial sobre la fecha de consolidación de las dolencias puede obtenerse de distintos tipos de informes médicos, así en el caso de que se haya emitido en el expediente administrativo un segundo informe por parte del equipo de valoración de incapacidades en el que se aprecie dicha consolidación, la fecha de efectos será la de emisión de dicho informe, tal y como sucedía en el supuesto contemplado en la STS 396/2026, pero la consolidación puede evidenciarse también de las conclusiones de un informe pericial privado o de un informe emitido por el médico forense o incluso de un informe médico oficial o privado, es decir, dependerá de donde se haya obtenido la convicción judicial sobre la consolidación de las limitaciones orgánicas y funcionales derivadas de las dolencias la determinación sobre la fecha de efectos.

La resolución de la segunda cuestión también requiere que la fecha de efectos se haya planteado por las partes en el procedimiento de instancia por las mismas razones que expusimos antes, pudiendo ser introducida asimismo por el órgano judicial si lo considera pertinente.

Si el Magistrado &ldquoa quo&rdquo considera que el estado de salud del interesado ha mejorado en la fecha de celebración del juicio y se ha introducido en el debate la determinación de la fecha de efectos de la extinción de la prestación por mejoría en un momento posterior a la emisión del dictamen del equipo de valoración de incapacidades, tras la prueba practicada en el acto del juicio, se tendrá que fijar como fecha de efectos de la extinción de la prestación de incapacidad permanente reconocida la del informe médico del que se evidencie la constatación de la mejoría, lo que se traducirá en una estimación parcial de la demanda ya que la extinción de la prestación de incapacidad permanente se posterga a la fecha de constatación de la mejoría.

Si en el procedimiento de instancia no se ha debatido la fecha de efectos de la extinción de la prestación por mejoría del estado invalidante y tras la prueba practicada en el acto del juicio, se ha constatado dicha mejoría, pero en una fecha posterior a la de la emisión del dictamen del equipo de valoración de incapacidades, habrá de que estimar la demanda ya que no cabe extinguir la prestación de incapacidad permanente en la fecha de la resolución administrativa que así la acuerda cuando en dicha fecha aún no se había producido la mejoría, teniendo que iniciar la entidad gestora un nuevo procedimiento de revisión para extinguir, en su caso, la incapacidad permanente.

1. En el caso de que, en el acto del juicio se observe que, con posteri...

1. En el caso de que, en el acto del juicio se observe que, con posterioridad a la valoración por parte el EVI, se ha producido un empeoramiento de la persona que la haga merecedora de la incapacidad permanente, la fecha de efectos de la incapacidad reconocida en sentencia es aquella en la que esa sentencia entienda que se ha producido la situación que da lugar a dicha incapacidad permanente.

La respuesta a la primera cuestión la ofrece la reciente sentencia de la Sala Cuarta del 16 de abril de 2026, núm. 396/2026, rec. 4041/2024. En ella se discutía la fecha de efectos económicos de una incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común reconocida a un trabajador autónomo por sentencia judicial, con apoyo en un segundo informe del EVI de 30/11/2022, emitido tras uno anterior de 22/12/2021, que había denegado la prestación por no alcanzar las lesiones la gravedad suficiente. En la instancia se reconoce como fecha de efectos el 30/11/2022 -último dictamen propuesta-. En suplicación se reconoce como fecha de efectos económicos la de 22/12/2021 -primer dictamen-propuesta-.

La Sala Cuarta concluye que la fecha ha de ser aquella en la que la sentencia, que reconoce la nueva situación, entiende que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente. La solución pasa por aplicar la jerarquía normativa, lo que implica hacer efectivo el art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234-, cuando define la incapacidad como las reducciones anatómicas o funcionales graves y previsiblemente definitivas, si contiene el derecho sustantivo que define la incapacidad y condiciona todos los restantes, mientras que las previsiones de la Orden de 18-1-1996 no establecen la regulación básica del derecho sobre dicha prestación, sino que se limitan a desarrollar aspectos secundarios para su reconocimiento. Por ello, debe prevalecer la previsión de la norma que sustenta la incapacidad sobre aquellas otras que la desarrollan.

Como expone &ldquoen aquellos supuestos como el presente, en los que se cuestiona una resolución administrativa que deniega la incapacidad permanente por no estar acreditado en el momento en que se dicta la concurrencia de limitaciones que impidan el desarrollo del trabajo, y después en fecha posterior se constata la existencia de las mismas, debemos entender que la fecha de efectos económicos es la del momento en que se produce dicha constatación, por ser dicha fecha igualmente la del hecho causante bien entendido que por fecha de constatación no nos referimos al momento del juicio oral, sino a la fecha en que la sentencia que reconoce la nueva situación entiende que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente&rdquo.

Se dice que tal criterio debe entenderse referido tanto a supuestos en los que se pase de una denegación inicial en la resolución administrativa a un reconocimiento de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta, o gran incapacidad, como también a aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la posterior sentencia sea reconocido otro superior.

Por lo tanto, los efectos económicos de dicho reconocimiento deben quedar referidos a la fecha en la que la sentencia entienda que se ha producido la situación que da lugar a dicha incapacidad permanente o a un grado superior.

2.En un procedimiento de revisión por mejoría instado por el INSS puede ocurrir que la situación de la persona no hubiera mejorado al tiempo de dictarse la resolución administrativa impugnada, pero sí que lo hubiera hecho al tiempo de celebrarse el acto del juicio.

Creo que en este caso también sería aplicable la doctrina del Tribunal Supremo sobre la valoración de las dolencias a la fecha del juicio y en tal caso los efectos económicos de dicho reconocimiento deben quedar referidos a la fecha en la que la sentencia entienda que se ha producido la situación que da lugar a la revisión -por mejoría de dicha incapacidad permanente. Aunque referida sentencia reciente resuelve un supuesto de agravación, y no de mejoría, el razonamiento es trasladable al caso inverso.

Si después del expediente administrativo se produce una mejoría real y objetivable, esa no podría constituir un hecho nuevo, pero la revisión por mejoría no puede producir efectos desde la fecha del expediente administrativo porque antes la mejoría todavía no existía. Los efectos deberán fijarse en la fecha en la que la mejoría quede acreditada, cuando se justifique que ha desaparecido la causa del grado de incapacidad anteriormente reconocido o incluso la incapacidad misma. En definitiva, ni la agravación -ni la mejoría, por la que también se nos pregunta pueden extender sus efectos respecto de un periodo en el que la situación médica determinante no existía

No vulnera la congruencia, que debe existir entre la vía previa administrativa y la demanda, la alegación de las lesiones o defectos que existían durante la tramitación del expediente, pero que mejoraron con posterioridad a la resolución administrativa impugnada -por analogía con las situaciones contrarias de agravación-

El límite, a tenor de lo expuesto por la Sala Cuarta en su sentencia 1010/2021 de 13-10, rec. 5108/2018, se encontraría en la necesidad de evitar la indefensión. El límite, pues, por imperativo del art. 24 de la Constitución, no se encuentra ya en la introducción de hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad, sino en que cualesquiera de éstos han de ser puestos en conocimiento de la contraparte con antelación suficiente como para poder articular sus motivos de oposición y sus pruebas.

Se trataría de evitar así la obvia indefensión que produciría la sorpresiva incorporación al litigio de tales hechos por la parte contraria. Y de justificarse tal mejoría en el momento del juicio, con suspensión del juicio o diligencias finales incluso, si fuera necesario. Tal mejoría posterior podrá sea alegada en el juicio oral, pero con posibilidades para la parte contraria, en ese caso el beneficiario, de solicitar incluso la suspensión para revisar estos nuevos datos médicos y así evitar la indefensión.

La actividad jurisprudencial del Tribunal Supremo se ha decantado, como vemos, por adaptar el proceso a las necesidades que surgen por la realidad del desarrollo de las patologías médicas y lo ha hecho modulando sin duda el principio de congruencia entre la vía administrativa y la judicial. Pero cuando así sucede, en el caso de la revisión de la incapacidad, la persona beneficiaria de esa prestación ha de tener a su alcance todas las herramientas que le permitan contradecir tal mejoría.

El criterio expuesto en la sentencia de la Sala Cuarta del 16 de abril de 2026 núm. 396/2026, rec. 4041/2024, ante referido, dice que dicha resolución debe entenderse referida tanto a los supuestos en los que se pase de una denegación inicial en la resolución administrativa a un reconocimiento de incapacidad permanente en sus grados total, absoluta, o gran incapacidad, como también a aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la posterior sentencia sea reconocido otro superior.

Por ello, reconocida con tal amplitud la valoración de circunstancias posteriores al expediente administrativo, hasta el momento del juicio, también pueden considerarse las que justifiquen, ya no una agravación, sino una revisión por mejoría. Y la fecha de efectos económicos, conforme a aquella jurisprudencia, es aquella en la que la sentencia reconoce que se ha producido tal mejoría.

La regulación de la revisión de las situaciones de incapacidad permanente se contempla en el art. 200 LGSS -EDL 2015/188234-, pero no hace referencia a la fecha de efectos, como tampoco nada se dice en el RD 1300/95 -EDL 1995/15091-, ni en la Orden de 18 de enero de 1996. Es el art. 40 de la Orden de 15 de abril de 1969 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social, el que establece diferentes supuestos y, respecto a la declaración de mejoría sin ningún grado de incapacidad permanente, la consecuencia es la dejar de percibir la pensión a partir del día siguiente a la fecha de la resolución administrativa definitiva en que así se haya declarado.

Sin embargo, cuando la persona no hubiera mejorado al tiempo de dictarse la resolución administrativa impugnada, pero sí lo hubiera hecho al tiempo de celebrarse el acto del juicio, los efectos económicos de dicho reconocimiento no ser deben quedar referidos a la resolución administrativa sino al momento en el que la sentencia entienda que se ha producido la situación que da lugar a la revisión de dicha incapacidad permanente. Lo contrario supondría, a partir de una mejoría posterior al expediente administrativo, convalidar en este aspecto la resolución administrativa impugnada y hacerlo sin una base objetiva para ello.

1º- Antes de dar respuesta...

1º- Antes de dar respuesta a la primera cuestión planteada, considero que es interesante recordar el tratamiento legal de la fecha de efectos económicos de la prestación de incapacidad permanente y poner de relieve que los conceptos de &lsquohecho causante&rsquo y &lsquoefectos económicos&rsquo de la incapacidad permanente no necesariamente tienen que coincidir.

La regulación la encontramos en la Orden de 18 de enero de 1996 para la aplicación y desarrollo del RD 1300/1995, de 21 de julio -EDL 1995/15091-, sobre incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social, cuyo art. 13.2 establece que si la incapacidad permanente surge tras haberse extinguido la incapacidad temporal de la que deriva, bien por agotamiento del plazo máximo de duración de esta, bien por ser dado de alta médica con propuesta de incapacidad permanente, o bien por acuerdo del INSS de iniciación de expediente de incapacidad permanente, el &lsquohecho causante&rsquo y, por derivación, los &lsquoefectos económicos&rsquo de la prestación, se entiende producido en la fecha de la extinción de la incapacidad temporal y si la incapacidad permanente no está precedida por un proceso de incapacidad temporal, en la fecha de emisión del dictamen propuesta del equipo de valoración de incapacidades.

Sin embargo, esas reglas generales, en la que las fechas del hecho causante y de efectos económicos coinciden, quiebran en algunos casos así, en los supuestos en los que la persona trabajadora, tras el agotamiento del proceso de incapacidad temporal, se ha reincorporado al trabajo o ha continuado trabajando, por no haber existido un proceso de incapacidad temporal previo, la fecha del hecho causante seguirá siendo la establecida en el artículo anteriormente citado, pero los efectos económicos de la prestación se producirán en la fecha del cese en el trabajo.

Otra excepción a la aplicación de lo dispuesto en el art. 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996 se produce en los supuestos que las dolencias que determinaron el proceso de incapacidad permanente se hayan visto agravadas o concurran dolencias nuevas con posterioridad a la calificación de la situación incapacitante por el INSS.

Como expone el enunciado introductorio de la pregunta planteada, la jurisprudencia emanada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha ido progresivamente flexibilizando la exigencia de congruencia entre la vía administrativa previa y el proceso judicial que impone el art. 72 LRJS -EDL 2011/222121-, admitiendo que puedan alegarse nuevas dolencias, ya sea en demanda o, incluso, en el acto del juicio, en concordancia con lo que establecen los arts. 72 LRJS y 286 LEC, adoptando medidas destinadas a evitar causar indefensión al INSS -suspensión del juicio para su valoración y proposición de prueba, diligencias finales, etc.-.

La posibilidad de alegar y valorar nuevas dolencias causa importantes dudas en orden a la fijación del hecho causante y, con ello, en la determinación de la base reguladora y la fecha de efectos económicos de la prestación. Esas dudas ya han sido despejadas por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 396/2026, de 16 de abril -rec. 4041/2024 -EDJ 2026/565256- en la que se analizan tres posibles soluciones para determinar la fecha de efectos económicos en esos casos a saber: -1 la fecha de agotamiento de la incapacidad temporal, ex art. 13.2, párrafo primero, de la Orden de 18 de enero de 1996 -2 la fecha de emisión del informe-propuesta por el EVI o aquella que en el mismo se indique, ex art. 13.2, párrafo segundo, de la Orden de 18 de enero de 1996 y -3 la de constatación de la existencia de incapacidad permanente en el acto del juicio, al ser esta la fecha en que por primera vez es conocida la concurrencia de limitaciones incapacitantes, ex art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234-.

En dicha sentencia se interpreta que, en virtud del principio de jerarquía normativa, se ha de aplicar en primer lugar lo dispuesto en el art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234- que contiene el derecho sustantivo que define la incapacidad, que condiciona todos los restantes y prevalece sobre las previsiones de la Orden de 18 de enero de 1996 que se limita a desarrollar aspectos secundarios del reconocimiento del derecho.

Partiendo de lo anterior, concluye que, en aquellos supuestos en los que se impugna una resolución administrativa que deniega la incapacidad permanente por no estar acreditado en el momento en que se dicta la concurrencia de limitaciones que impidiesen el desarrollo del trabajo, pero en fecha posterior se constata la existencia de las mismas, hay que entender que la fecha de efectos económicos es la del momento en que se constata la concurrencia de los requisitos para reconocer la incapacidad permanente, por considerar que esa es la fecha del hecho causante de la prestación, aclarando que esa fecha no es la del acto del juicio, sino aquella en la que se entienda que han quedado acreditadas las limitaciones que provocan la incapacidad permanente.

No especifica esa sentencia los requisitos para considerar constatada la concurrencia de esas limitaciones, pero atendiendo a las exigencias previstas en el art. 193.1 LGSS -EDL 2015/188234-, la valoración como causante de una incapacidad permanente de una dolencia nueva exige que, tras el agotamiento del tratamiento médico prescrito, persistan reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, no obstando a ello la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral de la persona incapacitada, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Los anteriores requisitos lógicamente habrán de acreditarse a través de informes médicos o periciales y, en base a ellos, el/la juzgador/a habrá de señalar la fecha en la que estima acreditada la concurrencia de las limitaciones que provocan la incapacidad permanente que será la fecha del hecho causante y, por ende, de efectos de la prestación de incapacidad permanente.

Por último, la citada sentencia también aclara que esa solución debe aplicarse tanto en los supuestos de denegación inicial del reconocimiento de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, como también en aquellos otros en los que en la resolución administrativa se reconozca un determinado grado y en la sentencia se reconozca otro superior.

 2º- En mi opinión, la anterior doctrina sería trasladable a los supuestos de revisión de un grado de incapacidad permanente anteriormente reconocido, ex art. 200 LGSS -EDL 2015/188234-, ya sea por agravación o mejoría. También en este caso el órgano judicial debe tener en cuenta, de oficio, en su resolución todos los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos que resulten acreditados en el proceso -por todas: STS 28 junio 1994 [rec. 2946/1993 -EDJ 1994/5670-]-, incluidos los hechos nuevos o que no pudieron conocer las partes con anterioridad -arts. 72 LRJS y 286 LEC-.

En cuanto a la fecha de efectos económicos de una revisión de grado, el art. 40 a y c de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969 establece, como regla general, que es el día siguiente a la fecha en que se dicta la resolución definitiva, esto es, aquella resolución que pone fin al procedimiento de revisión -SSTS 463/2023, de 29 de junio [rec. 4138/2020] y 889/2016, de 25 de octubre [rec. 2300/2015] y las que en ellas se citan-.

Sin embargo, en los supuestos en los que la agravación o mejoría no concurre en esa fecha, pero sí en otra posterior, en virtud de dolencias nuevas -agravación o desaparición de las limitaciones funcionales que determinaron el reconocimiento inicial de la incapacidad permanente -mejoría-, no cabe aplicar la regla anterior. En estos casos, la determinación de la fecha de efectos se complica teniendo en cuenta que la norma no contempla como fecha de efectos la del hecho causante, sino el día siguiente a la resolución definitiva que así lo declare, identificando la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 889/2016, de 25 de octubre de 2016 -rec. 2300/2015- esa fecha como la del hecho causante. Ello resulta de aplicación a los supuestos normales, pero no a aquellos en los que en esa fecha no concurrían los requisitos para la revisión del grado de incapacidad, ya sea por agravación o por mejoría. En esos casos, caben dos soluciones: -1 acudir a la fecha en que quede constatada la agravación o mejoría, en concordancia con lo resuelto en la sentencia del Tribunal Supremo 396/2026, de 16 de abril -rec. 4041/2024- a la que se hizo referencia en la cuestión anterior: -2 declarar como fecha de efectos económicos el día siguiente al de la sentencia que así lo declarase, dotándole de valor de resolución definitiva a la que hace referencia el art. 40 a y c de la Orden Ministerial de 15 de abril de 1969, solución esta última que estimo más adecuada por tener mejor encaje en el régimen de conservación de prestaciones ya percibidas y compensaciones que se prevén en el citado precepto.