Resumen: El corte de suministro de luz a vivienda cuando los ocupantes están en posesión de un título o éste está en disputa, motiva la comisión del delito de coacciones, por el contrario, cuando la vivienda se encuentra ocupada mediante la comisión del delito de usurpación de inmueble, el corte del suministro carece de tipicidad.
Palabras clave: Coacciones, violencia, intimidación, fuerza en las cosas, vivienda, inmueble, suministro luz, cambio de cerraduras, usurpación, ocupación, título, tipicidad.
1º INTRODUCCIÓN.
En los tiempos en los que vivimos todas las acciones que recaen sobre el uso de la vivienda que se ocupa sin ser propietario, tanto sea legítimamente o sin serlo, son objeto atención por el conjunto de la sociedad.
Se plantea una situación de alarma social por quienes son sus titulares, que pueden ver afectado seriamente su derecho al uso de su propiedad por comportamientos de terceros que habitan las viviendas, por ello por el conjunto de la ciudadanía se está reclamando insistentemente la seguridad jurídica necesaria para que los derechos de los que han adquirido con su esfuerzo personal o por otras vías legítimas una residencia, puedan tener los instrumentos jurídicos necesarios para una rápida recuperación del inmueble, ya sea en casos en los que el ocupante se halla amparado en algún título que ya no es válido, o en los casos de usurpación de inmuebles, cuando se carece por tanto de derecho alguno para permanecer en la vivienda.
La cuestión que queremos plantear, desde la óptica penal, no es el delito previsto en el art. 245 CP, que puede cometer quien usurpa un inmueble cuando con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble, o al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada; ni quien comete un delito de allanamiento de morada previsto en el art. 202.1 CP, que castiga al particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador.
Todas esas conductas con relevancia penal sin duda plantean múltiples problemas jurídicos, máxime en el delito de usurpación de vivienda ajena que no constituyan morada, los que se complican aún más cuando se trata de desocupar a esas personas tanto dentro del proceso penal, como en el proceso civil, que como es conocido cuando se trata de personas vulnerables la ejecución penal, como la civil, se complica extraordinariamente.
La problemática que sí queremos plantear es cuándo el propietario de una vivienda o de un inmueble, o el que ostenta derechos posesorios de ellos, procede a actuar por las vías de hecho y si ello motiva la comisión en particular del delito de coacciones, vías de hecho que pueden consistir en el corte de suministro eléctrico a una vivienda o a un inmueble que quiere recuperar el titular, o mediante el cambio de cerraduras del piso que se ocupa con un título ya vencido o en disputa, o simplemente sin título alguno, sino como consecuencia de un delito de usurpación de vivienda que no constituye morada.
Sólo a título de ejemplo podemos resaltar la relevancia jurídica que tiene el actuar por esas vías de hecho en el campo del derecho civil, que se manifiesta en la STS, Sala 1ª, 985/2025, de 19 de junio, cuando se revoca por ingratitud una donación al ser condenado el donatario por un delito leve de coacciones, al haber cambiado la cerradura de la vivienda donada sin consentimiento del donante, que mantenía su usufructo vitalicio.
Ese cambio de cerradura, que dio lugar a la condena penal del donatario por coacciones, revela un menosprecio hacia el donante, un ninguneo de éste y de su voluntad, que debe valorarse como un comportamiento ética y socialmente reprobable que justifica la voluntad revocatoria de la donación por parte del donante al amparo de lo dispuesto en el art. 648.1.º CC, exponiéndose así la notabilidad, no solo penal, sino civil de la comisión del delito de coacciones.
2º EL DELITO DE COACCIONES: CONCEPTO DE VIOLENCIA.
El delito de coacciones ha sido siempre considerado como un ilícito penal residual, donde cabían acciones, que, con relevancia penal al sobrepasar el mínimum ético, conductas que vulneran los valores morales y sociales más elementales para la supervivencia de la comunidad, no tenían encaje en otros tipos como las amenazas, o delitos patrimoniales en los que la violencia o intimidación forman parte del tipo penal, castigándose así este delito por atentar a la libertad como libre determinación del actuar de cada persona.
Este delito se halla tipificado en el art. 172 a 172 quater CP, con diferentes modalidades fruto de la evolución social, pero en lo que ahora nos interesa está descrito el delito que podíamos llamar tradicional de coacciones, en el art. 172 de ese testo legal, que ha sido conformado en su descripción vigente por la LO 1/2015, de 30 de marzo y la LO 5/2010, de 22 de junio.
Después de la primera LO citada y la derogación de las infracciones criminales constitutivas de falta, se plasman en el art. 172 tres tipos de coacciones, las que podíamos denominar graves, que serían el tipo básico, leves en el ámbito de la violencia de género y leves en sentido general.
Las primeras se castigan en el art. 172.1 párr. 1º CP, el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, de cuya configuración destaca el ejercicio de la violencia y la compulsión al sujeto pasivo de obligar o impedir una conducta determinada.
El bien objeto de protección es la libertad personal, pero no en el sentido más profundo de su significado, de privación de libertad en detener a una persona o encerrarla en un determinado lugar, sino en el sentido de la libertad de obrar, de limitar la libertad en cuanto a lo que cada individuo pretender realizar en su actividad ordinaria de la vida diaria, que se le impide hacer lo que quiere o se le obliga a lo que no quiere.
Se trata de un delito de resultado, tanto el impedir o compeler han de conseguirse efectivamente y no basta un mero intento, por ello la tentativa entra como aplicable cuando se disponen los medios para aquello, pero no se alcanza lo pretendido al margen de la voluntad del autor.
Siguiendo a la STS 426/2026, de 24 de junio, que a su vez sigue la estela de lo expuesto en las SSTS 35/2021, de 21 de enero y la 658/2020, de 3 de diciembre, aprecian en las coacciones graves, los siguientes requisitos: 1) empleo de violencia con una cierta intensidad, que comprenda alguna de las tres posibles modalidades de vis physica, vis compulsiva o intimidación, o bien vis in rebus; 2) dinámica comisiva dirigida a impedir hacer o compeler a efectuar; 3) relación de causalidad entre ambos elementos; 4) elemento subjetivo, determinado por la finalidad de atentar contra la libertad, como ánimo tendencial de restringir la libertad ajena; y 5) ausencia de autorización legítima para obrar de forma coactiva, medio coercitivo que ha de ser adecuado, eficaz y causal respecto al resultado perseguido.
Por su parte las coacciones leves en el ámbito de la violencia domestica o en la generalidad de los supuestos, participan de los requisitos de las coacciones graves, pero sus elementos se ven atenuados por tratarse de una violencia de menor intensidad la ejercida en el sujeto pasivo o la conducta a la que se le compele tiene una trascendencia menor, con un contenido que no afecta a aspectos esenciales de su actividad, salvo que afecte a derechos fundamentales o a la vivienda, en cuanto en esos casos la coacción será grave en lo que respecta a su tipicidad básica y además agravada en cuanto a la pena por los bienes afectados.
La intensidad cuantitativa de la violencia debe será suficiente, por los medios empleados, para sustituir o enfrentarse a la decisión del sujeto pasivo e impedir que éste actúe según su voluntad. Así, la concurrencia de una vis absoluta motivará una coacción, cuando la vis compulsiva tenga la eficacia suficiente para conseguir el resultado igualmente existirá del delito, pero esto deberá valorarse ex ante a los ojos de un observador imparcial que aprecia que tiene la eficacia suficiente para doblegar la voluntad de la víctima.
El requisito relativo a la violencia es el más problemático, siendo que lo decisivo no es la violencia sobre una cosa, sino la violencia frente a las personas, por ello si esa vis in rebus conlleva una afectación directa en la persona de impedir o compeler a hacer algo, estaremos en que, aunque la conducta no se refleje efectivamente en el cuerpo de la persona, si tendrá un efecto violento en el sujeto pasivo, puesto que coarta su libertad de obrar.
La violencia típica del delito de coacciones se ha ampliado a la intimidación y a la fuerza en las cosas, lo que puede ser objeto de crítica en cuanto lo que se hace es interpretar extensivamente el tipo penal, contrario a los principios de legalidad y de tipicidad, pero si la vis in rebus que utiliza el sujeto activo del delito, es percibida por la víctima como un ataque directo y efectivo a la libertad de autodisposición y al recaer la acción del sujeto sobre las cosas, en una relación directa que se transforma en una vis compulsiva que doblega en términos causales inmediatos la voluntad del destinatario, habrá que admitir esa violencia como típica.
Por su parte la STS 637/2023, de 21 de julio, aprecia que la vis in rebus es un acto de violencia siempre que repercuta en la libertad de la persona para el pacífico disfrute de sus derechos.
Así, siempre se ha entendido por la doctrina jurisprudencial, como en la STS 109/2006, de 8 de febrero, que el cambio de cerraduras de la empresa ordenado por administrador enfrentado a ella constituye un delito de coacciones, igualmente en múltiples sentencias de las Audiencias Provinciales se aprecia el cambio de cerraduras en igual sentido, AP de Las Palmas, Sección 6ª, sentencia 48/2021, de 10 de febrero, o la AP de Les Illes Balears, Sección 2ª, sentencia 210/2018, de 8 de mayo.
Creemos que la justificación del delito se halla en que la vís in rebus así manifestada, constituye un ataque directo y efectivo a la libertad de obrar del sujeto pasivo, tal y como lo hemos expuesto que debe entenderse esa fuerza en este delito.
Por otra parte, que es el objeto de este comentario, el TS ha entendido tradicionalmente que el corte voluntario de suministros a vivienda, luz, agua, gas, constituye una vis in rebus propia del delito de coacciones, SSTS 849/1994, de 26 de abril; 984/1995, de 5 de octubre, STS 348/2000, de 28 de febrero, llevando a cabo la consabida interpretación del elemento esencial del tipo penal de violencia, extendiéndola a la fuerza que se ocasiona en las cosas para determinar la voluntad del destinatario, supuestos en los que se encaja el corte de suministros en el ámbito familiar en los casos de crisis matrimonial o de pareja, según una doctrina pacífica del TS.
3º CORTE DE SUMINISTRO DE LUZ DE VIVIENDA POR MARIDO DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN.
Ya hemos puesto de manifiesto lo controvertido que puede ser estimar que el corte de suministro de luz por quien tiene una titularidad sobre una vivienda y está ocupada por quien tiene una posición jurídica que le permite habitarla derivada de la interpretación extensiva del concepto de violencia enclavado en el art. 172.1 párr. 1º CP, que pudiera motivar una infracción de los principios de legalidad, taxatividad y protección exclusiva de bienes jurídicos, situación al margen de la usurpación de inmuebles constitutivos de delito.
Para ilustrar la opción relativa a la aplicación del delito de coacciones, graves o leves, al corte consciente y voluntario de suministro de luz a quien reside en un piso con un título que le habilita para ello, vamos a servirnos de la STS del Pleno, Sala 2ª, 426/2026, de 24 de junio, cuyos hechos admitidos por este Alto Tribunal son los siguientes:
El acusado mantiene una relación de matrimonio con la víctima y encontrándose éstos en proceso de divorcio, con ánimo de forzar a la última a que abandonase la vivienda familiar, en la que había permanecido la esposa tras su separación de hecho, satisfaciendo el acusado el coste del suministro eléctrico algo más de cinco meses, canceló el suministro de luz de dicha vivienda sin previo aviso a su esposa, que permaneció varios días sin luz en el domicilio en que reside.
Esta conducta del marido es considera en instancia, apelación y por el TS como un delito de coacciones leves en el ámbito doméstico del art. 172.2 CP que sanciona al que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, acción que se agrava por perpetrarse en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, como es el caso.
La cuestión que se plantea el Pleno de la Sala 2ª del TS en esa sentencia es si la acción descrita constituye un delito de coacciones o por el contrario, como interesa el voto particular suscrito por cuatro Magistrados, es una conducta atípica que no alcanza el nivel atentatorio al bien jurídico concretado en la libertad de obrar y por ello procede la absolución del autor, que voluntariamente cancela el contrato de suministro de luz de la que fuera la vivienda familiar, la que es de su propiedad.
Las razones que sostiene el Pleno de la Sala para sustentar la comisión del delito de coacciones citado se centran en que el acusado tenía, con el corte de la luz, el ánimo de forzar a su esposa a que abandonase la vivienda en la que había permanecido tras la separación de hecho y tal proceder, en cuanto supuso la privación del suministro de energía eléctrica, se estima equiparable al corte de suministro mediante el uso de la fuerza material o física (que podría tener lugar, a título de ejemplo, mediante el corte de cables), tanto en sus consecuencias como en la ausencia de legitimidad de la acción.
El acusado perseguía lograr que su esposa desalojase el domicilio, que había sido conyugal, y mejorar así su posición en la negociación subsiguiente a la ruptura matrimonial, lo que permite inferir, también, una violencia psíquica, una intimidación, pero, en todo caso, indicativa de una voluntad de compulsión, que efectivamente, se alcanza.
Se añade que el cortar la luz mediante la cancelación del contrato que es titularidad material de la familia, aunque formalmente fuera el acusado el titular del contrato, es un acto de compulsión, siendo lo procedente, ante la judicialización de la crisis familiar, que sea en ese espacio el adecuado para dirimir la controversia existente y que el contrato estuviera, formalmente, a su nombre no autoriza a anular un servicio necesario para el uso de la vivienda común, máxime cuando no se avisa, y cuando se realiza con una finalidad clara de exigencia para que la esposa abandonara la vivienda familiar.
En esta sentencia el TS declara de manera nítida, que en esas circunstancias, el corte de suministro eléctrico por quien es titular de la vivienda ocupada por su esposa con la ostentación del título derivado de tratarse de la vivienda familiar, sin que conste resolución judicial sobre el uso de la vivienda después de la separación, se considera como una acto de fuerza en las cosas, vis in rebus, por quien no está legitimado para ello, a pesar de ser el propietario del inmueble, siendo quien sufre el corte de luz la persona que ostenta un título.
En sentido opuesto a la existencia del delito de coacción leve en el ámbito doméstico se posiciona le voto particular de cuatro Magistrados de la Sala 2ª TS, argumentando, sucintamente, que se persiste en mantener una interpretación extensiva del tipo objetivo del delito de coacciones, que compromete sensiblemente los principios de taxatividad, protección exclusiva de bienes jurídicos y de proporcionalidad, debiéndose rectificar ese inadecuado entendimiento.
Explica le voto particular que el tipo de coacciones protege la libertad personal no frente a cualquier perturbación sino solo frente a ataques típicamente relevantes y solo la lesión producida del modo descrito en el artículo 172 CP puede merecer reproche penal por el tipo de coacciones, con lesión de la libertad personal mediante una compulsión violenta que resulte, además, causalmente relevante para que la persona que la sufre se vea obligada a realizar lo que no quiere o a dejar de hacer aquello a lo que tiene derecho, no puede calificarse como conducta violenta cualquier medio destinado u orientado a afectar o modificar las condiciones, cualesquiera que estas sean, de ejercicio de la autonomía personal.
Se preguntan el voto particular si ¿es razonable acudir a la tutela penal, de la mano de una interpretación llanamente expansiva del delito de coacciones, ante cualquier alteración o perturbación de intereses o de derechos, aun cuando la acción perturbadora no esté amparada por la ley?
La respuesta es negativa debiéndose, ante ciertos conflictos posesorios, como el que nos ocupa, sostener un concepto de violencia típica restringido o estricto para el delito de coacciones, modificando, en lo que fuera preciso, la jurisprudencia tradicional.
Nuestra posición, en este caso concreto y no en el cambio de cerraduras citado, desde la óptica que siempre hemos mantenido, que la interpretación del derecho penal debe ajustarse a los términos que el legislador incluyó en el texto del tipo penal y nunca extensiva, se inclina a los argumentos que utiliza el voto particular, ya que esa acción en el caso específico que se trata de corte de suministro eléctrico, a pesar de hacerse sin previo aviso, por el titular de la vivienda, casi seis meses después de dejarla, debería tener su respuesta en el ámbito civil en el derecho de familia, en cuanto solicitarse, si no se hubiese hecho, unas medidas provisionalísimas previas a la demandada de divorcio o en la propia demanda de medidas definitivas, solicitar unas provisionales, que establecieran el uso de la vivienda con todo lo que ello lleva consigo y restituir, si procediese, el suministro eléctrico, porque el sancionar penalmente esa conducta con nueve meses de prisión, además de resultar contrario al principio de proporcionalidad, no reviste, a nuestro juicio, una acto de violencia personal directo que recae en las cosas, dirigido a compeler a hacer algo que no se quiere.
4º. SUPUESTO CUANDO LA VIVIENDA ESTÁ OCUPADA ILEGALMENTE.
La ocupación de viviendas que no constituyen domicilio es un hecho habitual en el territorio nacional, pueden ser de titularidad particular, de entidades privadas, como bancos, o de la Administración pública, en cualquiera de sus manifestaciones, y ello motiva la comisión de un delito de usurpación del art. 245 CP, que puede ejecutarse con violencia o intimidación, lo cual no es frecuente, pero sí lo es su modalidad de ocupar, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, situación que tiene su respuesta en al propia ejecución de la condena por un Tribunal de lo penal, pero que también la tiene en el ámbito civil mediante el desahucio por falta de titulo que sustente la posesión, situación de precario, o si se quiere decir de modo más contundente, por la ocupación ilegal de una vivienda o de un edificio ajenos.
Ante la ocupación de una vivienda que constituye morada y las personas que comenten el delito se hallan en ella cuando llegan sus titulares, no creemos que sea inadecuado, que ante esa situación y avisada la policía, que levantará el atestado correspondiente, ésta, ante la flagrancia del delito, actúe de motu proprio expulsado a los ocupantes de la vivienda y en caso de haber permanecido en el domicilio los ocupantes durante un tiempo relativamente largo, por ausencia de sus moradores habituales, lo procedente es solicitar la medida cautelar a la Sección de instrucción del Tribunal de instancia del lugar donde se encuentra la vivienda.
En supuesto de ocupación de la vivienda que no constituye morada lo procede es esperar a la ejecución de la condena por el delito de usurpación y expulsar a los ocupantes, sin que exista el menor inconveniente en solicitar la medida cautelar de expulsión, sin perjuicio de las acciones civiles que le correspondan al propietario, si opta por esa vía.
Vistas estas situaciones, directamente relacionadas con la acción del titular del corte de suministro eléctrico, o cualquier otro, ante la ocupación de su vivienda constitutiva de delito, o sin serlo careciendo el ocupante del menor título que ampare la posesión, estando éste en la situación jurídica de precario, como puede ser el supuesto de quien en su día fue arrendatario de la vivienda se la trasmite o facilita a un tercero para que la ocupe, cuando el contrato de arrendamiento ya había finalizado, poseyéndola quien carece de cualquier título que ampare esa posesión.
En esta situación de precario en el sentido más estricto, que incluye la usurpación delictiva de la vivienda, la STS del Pleno, Sala 2ª, 426/2026, de 24 de junio, la solventa afirmado que no es equiparable que la acción se desarrolle sobre un sujeto pasivo que goza de un legítimo, al menos, aparente o en disputa, título de acceso y disfrute de la posesión del bien, que cuando se despliega el acto sobre quien, sin ostentar derecho, ni título alguno que le ampare, como puede ser que ha usurpado el bien, pretende un aprovechamiento de un inmueble ajeno.
En estos supuestos de posesión ilegítima sin el menor atisbo de un título que permita la posesión de la vivienda, la razón de su atipicidad se encuentra en que el propietario o el que posee la capacidad de uso del inmueble actúa legítimamente, o está autorizado a llevar el corte del suministro de la luz.
También se pude sustentar la no punibilidad de esa conducta en la no exigibilidad de mantener el suministro, pues no existe una obligación de preservar los suministros de dicho inmueble, en provecho de personas que acceden al mismo de forma ilegítima, a lo que se puede unir el enriquecimiento injusto del que ocupa la vivienda, ya que a la acción antijurídica de ocupación del inmueble se sumaría el beneficio que supone disfrutar de sus servicios.
Creemos que esta postura de atipicidad respecto de esa acción con apariencia de coacción por vis in rebus es, no sólo es penalmente correcta, sino que además es de justicia material, puesto que, si se es víctima de un delito, además no existe la obligación de contribuir económicamente al mantenimiento de la situación antijurídica creada por quien la ha motivado, con perjuicio patrimonial añadido al titular del derecho de posesión del inmueble.
En estos supuestos, por dar un paso más, si se supiese por el propietario o titular del derecho de uso, que en la vivienda ocupada habitan personas vulnerables, lo prudente aconseja poner en conocimiento de los servicios sociales la acción que se va a realizar para que éstos tomen las medidas que palien las consecuencias del corte del suministro, sin que esa situación de los ocupantes motive, en su caso, la comisión del delito de coacciones.
5º CONCLUSIONES.
El delito de coacciones es aplicable cuando sin estar legítimamente autorizado, se impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, conducta delictiva considerada como residual, de resultado y crea una pérdida en la libertad de obrar, no libertad de deambulación, respecto del sujeto que la sufre.
Es problemático el concepto de violencia que se enmarca en el tipo delictivo, en el que incluyen la violencia física directa en la víctima, la intimidación para el conseguir el fin perseguido y la vis en rebus, esta última, a nuestro juicio solo admitida, para no caer en una interpretación extensiva del tipo penal, cuando esa fuerza en las cosas motiva de forma directa e inmediata una afectación en la persona de impedir o compeler a hacer algo, lo que doblega su voluntad y le limita su libertad de obrar.
El corte de suministro de luz en una viviendo por quien está legítimamente autorizado a hacerlo, pero recae en quien se halla en la vivienda en posesión de un título que le autoriza a habitarla o ese título está en disputa, aprecia la STS del Pleno, Sala 2ª, 426/2026, que es constitutivo de un delito de coacciones, posición con la que se está en desacuerdo en el voto particular a esa sentencia.
Finalmente, el corte de suministro de luz a vivienda en la que los ocupantes se hallan en precario, sin título alguno que autorice su estancia, como en el supuesto de comisión del delito de usurpación de inmueble, esa corte de luz carece de tipicidad.
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