Para el PSOE, la iniciativa tiene mucha carga "ideológica", es discriminatoria con los ciudadanos que viven en zonas rurales y con quienes no tengan recursos para desplazarse a las ciudades y, además, invade competencias del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Con estas conclusiones coincide en su propuesta el Grupo Mixto, que al igual que el principal partido de la oposición pide la retirada del proyecto.
La PNL del PSOE fue registrada por el secretario provincial del PSOE de Málaga y diputado, Miguel Ángel Heredia, y en ella se solicita se desestime la propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y se presente una nueva en la que se tengan en cuenta las competencias y opinión de las comunidades autónomas, las especificidades regionales o el mantenimiento de las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz, entre otras medidas.
La iniciativa del PSOE, que además de esta en el Congreso prevé presentar mociones en ayuntamientos y diputaciones, reclama un nuevo diseño que tenga en cuenta las competencias y opiniones de las comunidades, se atienda a la especificidad de Andalucía en cuanto a su extensión territorial, número de partidos judiciales y la existencia de demarcaciones con características sociodemográficas propias.
Además, la propuesta socialista pide respeto a la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales y que se mantengan las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz para "evitar el alejamiento y la concentración de la administración de justicia".
Grupo Mixto
La PNL del Grupo Mixto fue registrada por la diputadas del BNG Olaia Fernández y Rosana Pérez Fernández por entender que el informe de la comisión de expertos dado a conocer por el Ministerio de Justicia se decanta por un modelo provincial que aleja la administración de justicia de los ciudadanos.
A juicio de las autoras de la propuesta, el Gobierno "se empeña en reforzar las provincias, cuando se trata de una realidad territorial superada por los cambios demográficos e institucionales en las últimas décadas".
Consideran que las consecuencias serían muy perjudiciales para la ciudadanía, entre ellas alejamiento de la justicia y el encarecimiento e inaccesibilidad a un servicio público básico. "Lejos de rectificar, el Gobierno pretende profundizar en impedir aún más el acceso a la justicia ya iniciado con la implantación de tasas judiciales regresivas", consideran.
Apuntan que de ir adelante esta propuesta, ciudades del tamaño y las características de, entre otras, Vigo, Ferrol, Santiago de Compostela, así como municipios de dimensiones relevantes que son cabeceras de comarca se verían privadas de partido judicial, "lo cual provocaría un auténtico caos y empeoraría el servicio a la ciudadanía".
Por todo ello, su PNL propone que se retire la propuesta de modificación de la Demarcación de Planta para establecer un único partido judicial por provincia, eliminando así los partidos judiciales y concentrando las sedes en las capitales de provincia.
A cambio, instan a impulsar una "reforma en profundidad de la organización de la administración de justicia, que implique la transferencia a las Comunidades Autónomas de la competencia exclusiva sobre la delimitación de la demarcación y planta judicial, y permita acometer una revisión que asegure el mantenimiento de partidos judiciales en las ciudades y los municipios de mayor población y aquellos que sean cabeceras de comarca".
