El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) solicitaba de manera oficial al ministerio de Justicia y a los grupos políticos del Parlamento la creación de una fiscalía temática especializada en los derechos y la protección jurídica de las personas con discapacidad, en el seno de la Fiscalía General del Estado.
Según el criterio definido por el CERMI, que viene planteándolo desde hace tiempo, la precaria situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, las vulneraciones permanentes y estructurales que se siguen produciendo, y el deber de cumplir los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen más necesaria que nunca la creación de esta unidad especializada en la estructura del Ministerio Fiscal.
El día 30 de marzo de 2007, España, firmaba en Nueva York la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Esta Convención es un instrumento internacional de derechos humanos de Naciones Unidas cuyo objetivo es proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Entre su contenido, está la obligación de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad para que gocen de plena igualdad ante la ley. El texto, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y entraba en vigor el 3 de mayo de 2008.
La Convención y cada uno de sus artículos se basan en ocho principios rectores:
1. El respecto de la dignidad, la autonomía individual y la independencia de las personas.
2. La no discriminación.
3. La participación plena y efectiva en la sociedad.
4. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discpacidad como parte de la diversidad y condición humanas.
5. La igualdad de oportunidades.
6. La accesibilidad.
6. La igualdadl entre hombres y mujeres
8. El respecto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
A juicio de CERMI, El Ministerio Fiscal debería desempeñar un papel preponderante, dentro de la Administración de Justicia, en la defensa activa de los derechos de las personas con discapacidad, para lo que debe dotarse de medios y recursos suficientes, de los que ahora adolece, y también de nuevas instancias como la fiscalía especializada que asuma rigurosamente estas tareas.
Además, añaden sus representantes, que la creación de esta fiscalía temática debería venir acompañada de la existencia de fiscalías especializadas en todos los tribunales y las demarcaciones territoriales del Ministerio Fiscal que lo aconsejen tanto por el volumen de asuntos como por la población y la situación de los derechos de las personas con discapacidad de esa área.
