En la clausura del encuentro, el presidente de Aedaf, José Ignacio Alemany, recordó el compromiso del colectivo al que representa con la sociedad civil, que incluye la necesidad de poner de manifiesto las malas praxis administrativas, la transparencia de la información a los contribuyentes, la formación de los asesores fiscales y de los jueces y magistrados. Alemany hizo hincapié en estos aspectos para conseguir un mayor grado de seguridad jurídica en la aplicación del derecho tributario.
En esta línea, insistió también en que la fiscalidad necesita su propia jurisdicción especializada desempeñada por jueces expertos en esta materia, tan "sensible y compleja y que tanto afecta al día a día de los ciudadanos".
Por su parte, los magistrados manifestaron que todavía existe entre los operadores jurídicos y la Administración cierta reticencia a dar cumplido mandato a las sentencias del Tribunal Supremo, amparándose en el concepto de jurisprudencia que establece el Código Civil y que exige dos pronunciamientos del Alto Tribunal.
Además, informaron de que algunos departamentos de la Administración Tributaria cuentan con un presupuesto mayor para el desarrollo de sus funciones que casi la totalidad de la Administración de Justicia.
En cuanto a los letrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo, asesores de la sección de admisión, comentaron los recursos de casación que se han admitido en los últimos meses y, que, en consecuencia, formarán la futura jurisprudencia en cuestiones de procedimientos tributarios, impuestos estatales directos e indirectos, imposición autonómica y local.
