AEDAF ha solicitado en sus recursos la adopción de medidas cautelarísimas para intentar evitar que la obligación informativa tenga que cumplirse en el perentorio plazo otorgado por la normativa, plazo que acabaría este jueves 13 de mayo.
El Gobierno transpuso la normativa europea fuera de plazo, mediante una ley de finales del año pasado, ley que presentaba muchos defectos técnicos y remisiones a la propia Directiva. Y ha publicado la normativa de desarrollo, incluyendo los formularios informativos, en abril, lo que permite un margen de tiempo muy limitado para el cumplimiento de la obligación: treinta días naturales, según ha explicado AEDAF en un comunicado.
AEDAF explica que, además, se prevé que dicha información deba ser aportada con un alcance retroactivo que obliga a comunicar aquellos mecanismos transfronterizos cuya primera fase se haya ejecutado hasta el 25 de junio de 2018.
Dicho carácter retroactivo, así como el corto margen de actuación y las diversas deficiencias técnicas de la normativa, han llevado a AEDAF a tomar la decisión de impugnar la normativa reglamentaria: ante el TS, el Real Decreto que desarrolla la Ley 10/2020 y ante la Audiencia Nacional, la Orden Ministerial que crea los formularios informativos 234, 235 y 236.
Los expertos de AEDAF alertan de que este “novedoso deber informativo afecta de lleno al mundo de la asesoría fiscal, pues los obligados principales a presentar los modelos informativos son los llamados intermediarios fiscales, aunque también podría alcanzar a los contribuyentes, existiendo muchas dudas en torno a si se podría quebrantar con esta obligación el deber de secreto profesional”.
