Alcance de la aceptación por el perjudicado de la oferta de la aseguradora. ¿Supone una renuncia a lo que se pueda fijar como indemnización tras el juicio?

En mi opinión, la aceptación por parte del perjudicado en accid...

En mi opinión, la aceptación por parte del perjudicado en accidente de tráfico de la cantidad ofrecida por la aseguradora, a efectos indemnizatorios la oferta motivada tiene una doble función: Por una parte tiene como finalidad el que la aseguradora resarza al perjudicado en el accidente de tráfico el perjuicio sufrido por éste, de una manera puntual e inmediata, sin necesidad de esperar procesos judiciales que pueden extenderse en cuanto a su duración en el tiempo. Se trata de acercar al perjudicado los instrumentos que faciliten el inmediato resarcimiento del daño sufrido. Esto resulta así si efectivamente los daños físicos sufridos por la víctima en el accidente han podido ser determinados en el plazo durante el cual la compañía aseguradora tiene obligación de presentar o dirigir la oferta motivada de indemnización. Adecuada dicha oferta al daño sufrido por la víctima en el accidente y aceptada por éste, el pago de la cantidad ofrecida debe suponer el completo resarcimiento del perjuicio sufrido y, por tanto, la renuncia de la víctima al ejercicio de acciones que pudieran derivarse del accidente de tráfico, suponiendo, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, la aceptación de una indemnización acorde con los daños sufridos como consecuencia del accidente en sí, mediante la aceptación de una suma indemnizatoria por el perjudicado y, por tanto, la imposibilidad de que, respecto a los daños físicos que se han valorado a efectos de determinar una cifra indemnizatoria y que son compensados con la suma recibida, pueda nuevamente el perjudicado volver a reclamar. Esa cifra indemnizatoria que el perjudicado acepta de la compañía de seguros como indemnización de los daños y perjuicios sufridos, podría ser incluso inferior a lo que dispone el baremo indemnizatorio, toda vez que hay supuestos en los que en el hecho motivador del accidente, puede haber influido una serie de factores en los que sí que ha tenido participación la propia víctima, lo que supondría una cierta concurrencia de culpas exclusivamente en su aspecto civil, que pueden llevar al perjudicado a aceptar una indemnización inferior a la que estipule el baremo mediante la aplicación de un índice corrector a la baja por parte de la aseguradora (piénsese en los daños sufridos por un motorista cuando es embestido por un automóvil, que se acrecientan por el hecho de no llevar a casco, etc.).

Sin perjuicio de lo anterior, a mi juicio, la oferta motivada a que hace referencia el art. 7 RDLeg 8/2004 (EDL 2004/152063) tiene también la función de obligar a la aseguradora a ir paliando progresivamente los daños sufridos por la víctima en el accidente y que se prevé se extiendan, en cuanto a su período de estabilización, por más de tres meses. En este caso resulta evidente que, desconociendo la compañía aseguradora el tiempo de duración de las lesiones o alcance incluso de las secuelas que pudieren quedar a la víctima, debe llevar a cabo un ofrecimiento de una indemnización que cuando menos cubra el período de incapacidad temporal durante el tiempo transcurrido desde la producción del accidente hasta la fecha del ofrecimiento, e incluso una previsión de futuro en orden a la duración de esa incapacidad temporal y posibles secuelas. A mi modo de ver ello constituye una obligación para la aseguradora, de conformidad con la redacción del art. 7 RDLeg 8/2004, y la aceptación por parte de la víctima en el accidente no podría suponer una renuncia a acciones o reclamaciones futuras, desde el momento en que habría de entenderse que se trata de una indemnización que se refiere a cuenta de la que finalmente se determine como consecuencia de la valoración definitiva de los daños físicos sufridos. A mi modo de ver así lo prevé el propio precepto en su apartado 3, letras c) y d), e incluso en el nº 4 en sus tres apartados del citado precepto.

Resulta evidente y así se ha pronunciado la jurisprudencia en numerosas ocasiones, que incluso en el supuesto de que se produzca una aceptación de una cifra indemnizatoria por parte de la víctima, el hecho de aparición en un futuro de nuevas secuelas o consecuencias del accidente no tenidas en cuenta al fijar la indemnización derivada del accidente, no excluye la posibilidad de que se plantee una nueva reclamación, tal y como ha establecido la jurisprudencia, por ejemplo, en la Sentencia de AP Girona, Sec. 1ª, de 22 de noviembre de 2004 y Sentencia del TS, Sala 1ª, de 23 de noviembre de 2007, estableciendo dicha doctrina jurisprudencial que lo que el perjudicado puede hacer es renunciar a aquellos perjuicios que pueda renunciar, percibiendo una indemnización por los daños y perjuicios que conozca, pero no puede hacerlo por aquellos daños que todavía no habían aparecido.

En resumen, la oferta motivada aceptada por la víctima que cubre efectivamente los daños y perjuicios sufridos en un accidente de tráfico que en ese momento conozca el perjudicado, supone evidentemente una renuncia a reclamar daños y perjuicios, salvo que estos aparezcan en un momento posterior y sean consecuencia del accidente, no habiéndose conocido al tiempo de alcanzar la transacción con la compañía. La aceptación de una oferta motivada que sea a cuenta de aquellos daños y perjuicios que se determinen en un futuro, supone exclusivamente percibir parte de la indemnización que debe ser satisfecha por la aseguradora a la víctima y que debe completarse una vez se determine finalmente el alcance de las lesiones y secuelas producidas, sin que en ninguno de los dos casos limite el ejercicio por parte del perjudicado de nuevas acciones en orden a daños que o bien no habían aparecido o que no se habían determinado y comprendido, por tanto, en la cifra indemnizatoria ofertada por la compañía de seguros.

Se formulan dos preguntas de gran interés práctico. En primer l...

Se formulan dos preguntas de gran interés práctico. En primer lugar, se nos plantea la siguiente: ¿puede la aseguradora señalar en el juicio que no se puede imponer mayor suma que la aceptada por el perjudicado de forma expresa aunque en el informe forense constaran mayores secuelas o lesiones que las que en un primer momento se preveían? Para responder a esta cuestión habrá que estar al caso concreto; en principio debe predicarse que no, a tenor de lo dispuesto en el art. 7.3.d) RDLeg 8/2004 (EDL 2004/152063) según el cual: u0022Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderleu0022. Es decir, la mera aceptación por parte del perjudicado de la cantidad ofrecida por la aseguradora no supone renuncia alguna a percibir mayor indemnización de lo que pueda resultar de la prueba que se practique en el posterior juicio.

Muy interesante, a este respecto, nos parece la opinión ofrecida por L. Fernando REGLERO CAMPOS (u0022La oferta de indemnización y la respuesta motivadau0022. Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, nº 8 de 2007. págs. 14 y 15) según el cual: u0022La exigencia del apartado d) puede provocar dudas. Creo que sería posible que en los casos en los que los daños pueden calcularse con precisión, por estar definitivamente consolidados, el asegurador podría incorporar esa renuncia al ejercicio de futuras acciones en la oferta, sobre todo a efectos de dotar con seguridad las provisiones para siniestros, si bien el pago de la indemnización nunca podría estar condicionada a la aceptación de la renuncia por el perjudicado. Sólo valdría si éste la acepta libremente, aceptación cuya validez dependerá, naturalmente, del presupuesto anterior; es decir, que la oferta de indemnización se corresponda con los daños efectivamente sufridos por el perjudicadou0022.

Incluso en el caso expuesto por el citado autor, la renuncia tiene que ser expresa y no sujeta a condición; nadie puede ir contra sus propios actos, principio general del derecho informador del ordenamiento jurídico. Como hemos expuesto, la mera aceptación de la cantidad ofrecida no conlleva per se una renuncia como u0022conducta vinculanteu0022 para la posterior actuación del perjudicado y, por lo tanto, la aseguradora el posterior juicio no podrá alegar ese comportamiento del perjudicado como vinculante. Cabe traer a colación en este momento lo expuesto por la SAP Asturias, sec. 6ª, núm. 125/2008, de 12 de mayo, para la que: u0022...del simple cobro a cuenta de la cantidad ofertada no puede presumirse tal conformidad cuando tal cobro fue seguido de la presentación de esta demanda en reclamación del exceso que reputaba le correspondía por el concepto de perjuicios. En definitiva, si no existió conformidad con firma del correspondiente finiquito y renuncia a toda reclamación ulterior es claro que no puede calificarse de contraria a la doctrina de los actos propios invocada por la aseguradora la presente reclamaciónu0022.

Hay también que destacar un extremo de interés íntimamente relacionado con lo expuesto: en el caso de que el perjudicado no renuncie a futuras acciones, y si efectivamente las ejercita para reclamar daños mayores de los que le fueron indemnizados, es necesario reseñar el importante extremo que será de su cuenta el riesgo del pago de costas si la acción no prospera, lo que puede quedar, naturalmente, mitigado en el caso de procedimiento penal contando con una estimación de daño mayor por parte del médico forense.

Consecuencia de lo anterior se deduce la respuesta a la otra pregunta que se nos formula: ¿queda acotado el perjudicado a sus actos de futuro con el acto de la aceptación y en ese caso es preferible que se oponga siempre a lo que se le oferte? Conforme a lo expuesto, si la aceptación de la cantidad ofrecida por la aseguradora no lleva aparejada una renuncia expresa por parte del perjudicado entendemos que no quedará acotado a sus actos de futuro, pudiendo reclamar cantidad superior. No creemos que se pueda proclamar que es preferible que, con carácter general, el perjudicado se oponga a lo que se le oferte. Somos de la opinión -junto con L. Fernando REGLERO CAMPOS (ob. cit., pág. 17) de que parece claro que la aceptación de la oferta debe ser la respuesta más normal del perjudicado, puesto que no implica la renuncia a futuras acciones, que podrá iniciar si considera que los daños sufridos y, en consecuencia, la indemnización que le corresponde, es superior a la expresada en aquélla. Además esa u0022no renunciau0022 debe constar de forma expresa en la oferta de indemnización. El rechazo de la oferta también es absurdo si se tiene en cuenta que no hay devengo de intereses moratorios por la cantidad ofertada si el asegurador la consigna, circunstancia que, incluso, coloca al perjudicado en situación de mora creditoris.

Con independencia de lo expuesto, y desde el punto de vista práctico, es preciso destacar dos puntos: uno, que el perjudicado es libre de rechazar la oferta, y otro, desde el prisma del asesoramiento a los clientes, que puede ser conveniente advertirles de que, en caso de duda justificada o de sospecha de picaresca, la prudencia aconseja no aceptar la cantidad ofrecida y que sea la aseguradora la que consigne judicialmente la cantidad, evitando así la sorpresa indeseada de la firma de un documento donde exista una cláusula de renuncia explícita o implícita.

La cuestión que se plantea en casación es muy concreta y es la ...

La cuestión que se plantea en casación es muy concreta y es la siguiente: una persona sufre, como víctima, un accidente de circulación que le causa lesiones y secuelas y la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente le ofrece una cantidad como indemnización de daños y perjuicios (oferta motivada), que el perjudicado acepta (aceptación por el perjudicado) y, más tarde (en el informe médico forense o con posterioridad al mismo), aparecen derivadas del accidente, nuevas lesiones, agravación de las mismas o secuelas distintas, planteándose si el perjudicado puede reclamar en el juicio la indemnización correspondiente por estas nuevas lesiones.

Pues bien, la aceptación por el perjudicado de la oferta motivada efectuada por la aseguradora no viene concebida por la ley como una renuncia sino como una transacción, como contrato por el que las partes solucionan una controversia jurídica mediante recíprocas concesiones (art. 1809 CC -EDL 1889/1-) por los daños que había sufrido reflejados en la oferta motivada, pero no por los daños que todavía no habían aparecido. No había entrado en su disponibilidad lo que todavía no existía, el daño no aparecido. La aceptación de la oferta motivada por el perjudicado no alcanzó ni podía alcanzar, el derecho subjetivo a percibir indemnización por los daños futuros, que no se podían conocer. Por tanto, no hay error en la aceptación: sólo se tenía derecho a aceptar (derecho subjetivo) lo que eran los daños presentes, no pudiendo aceptarse lo que no existía, no pudo transaccionar un derecho subjetivo que no había nacido a la vida jurídica, ni podía conocer que se produciría más tarde.

La propia Ley ha previsto esta contingencia en el art. 7 apartado 3º letra d) (EDL 2004/152063) al señalar que u0022se hará constar (en la oferta motivada) que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderleu0022, de suerte que, aunque se realice una oferta motivada y sea aceptada por el perjudicado, ello no le impide a éste reclamar una cuantía superior si, por ejemplo, tras el alta se comprueba que han existido secuelas mayores a las previstas o situaciones de incapacidad no previstas médicamente cuando se aceptó la oferta motivada. Así, el perjudicado que ha aceptado la oferta motivada puede optar por continuar la vía judicial al objeto de concretar con detalle los daños y perjuicios finales, aunque, eso sí, la aseguradora ya no será condenada al pago de los intereses por mora si cumplió con la entrega de la suma aceptada por el perjudicado en un principio, pero sin que ello sirva para entenderlo como renuncia en cuanto al exceso acreditado más tarde. En consecuencia, ni la aseguradora puede señalar en el juicio que no se puede imponer mayor suma que la aceptada por el perjudicado ni éste queda acotado en sus actos de futuro con el acto de la aceptación de la oferta motivada, sin que resulte necesario oponerse siempre a lo que se le oferte.

El art. 7.3.d) RDLeg 8/2004 (

La aceptación de la oferta motivada no supone una transacción j...

La aceptación de la oferta motivada no supone una transacción judicial con los efectos previstos en los arts. 1809 y ss CC (EDL 1889/1). Se configura como la plasmación en el ámbito del seguro de la circulación de la obligación de pago que atribuye con carácter general el art. 18 de la Ley de Contrato de Seguro (EDL 1980/4219) a las entidades aseguradoras una vez constatada la producción del siniestro.

El art. 7.3.d) RDLeg 8/2004 (EDL 2004/152063), prevé que no podrá condicionarse el pago del importe a la renuncia de futuras acciones sí la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pudiera corresponderle. Por tanto, la finalidad fundamental de la oferta será la reparación del perjuicio y, por otra parte, el no devengo de intereses moratorios para la aseguradora (art. 9.a) RDLeg 8/2004). Así, manifiesta la SAP Madrid de 1 de septiembre de 2010 que:

u0022En segundo término la oferta motivada y la posterior aceptación de la misma no puede entenderse de manera absoluta y darle la validez de un acuerdo extrajudicial transaccional y ello porque el propio artículo 7 de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, que establece los requisitos y consecuencias de la oferta motivada, prevé las consecuencias del incumplimiento de la oferta motivada y es el abono de intereses conforme determinados criterios, intereses que por cierto y con buen criterio igualmente, se aplican en la sentencia impugnada. Si el legislador hubiera querido otorgar a dicho incumplimiento otro régimen sancionador lo habría hecho y sin embargo no fue así y expresamente regula qué ocurre si no se abona el importe de la oferta motivada en el plazo de cinco díasu0022.

En algunos casos, se está detectando el condicionamiento por parte de alguna aseguradora de la efectividad de la oferta a la renuncia, postura que infringe la normativa que la regula y que estimo puede determinar su ineficacia. Así lo ha entendido la AP Asturias de 16 de diciembre de 2008 (EDQJ 2008/319868):

u0022En este supuesto se produjo dicha oferta, por la cantidad antes indicada, pero se acompañaba con la carta un documento, que debía devolverse firmado, en el que el perjudicado se declaraba conforme con el importe de la indemnización y renunciaba a toda acción, derecho o indemnización que pudiera corresponderle, lo que contraviene lo dispuesto en el art. 7 de la LRCSCVM, con la modificación operada por la Ley 21/2007, que establece que en la oferta motivada u0022se hará constar que el pago del importe no se condiciona a la renuncia por el perjudicado al ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuere inferior a la que en derecho pueda corresponderleu0022. Por tanto, al no cumplirse los requisitos exigidos para que la oferta motivada exonere del pago de los intereses, resulta procedente la condena a su pagou0022.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3.d) RDLeg 8/2004, d...

De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.3.d) RDLeg 8/2004, de 29 de octubre, (EDL 2004/152063) la oferta motivada de indemnización que la Aseguradora ofrece al perjudicado no supone una renuncia a la posible reclamación futura de cantidad (superior, obviamente) que conforme a derecho le puede corresponder, o a la que simplemente se derive del procedimiento que se haya incoado al efecto.

De ese modo, si tras aceptar lo ofrecido por la Compañía de Seguros, una resolución judicial indemnizatoria derivada del accidente de circulación supera la cantidad asumida, el perjudicado puede perfectamente reclamar la diferencia.

O si el procedimiento hubiese terminado, pero surgiera alguna secuela o perjuicio indemnizable que no pudo tenerse en consideración en su momento (por haber aflorado tardíamente), el perjudicado podrá reclamarla amistosa o judicialmente, siempre que no hubiese prescrito.

La aceptación del perjudicado de la oferta motivada, supone la existencia de consecuencias jurídicas importantes, entre las que destaca, por encima del impago de infracciones administrativas para la Aseguradora, el no devengo de los intereses de demora a que se refiere el art. 9 del RDLeg 8/2004, pero este se limita exclusivamente a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada -art. 9.a).2º RDLeg 8/2004-, por lo que respecto del resto debería satisfacerlo en el futuro.

Con esto, el legislador pretende acrecentar, trasladándola a la Aseguradora, su responsabilidad a la hora de hacerle indemnizar por todo lo acaecido, dada la mayor experiencia y conocimiento del ramo, precisamente para evitar abusos en los perjudicados.

Para no hacerlo, la Compañía de Seguros debe conseguir del perjudicado una renuncia expresa a cualquier otra (mayor) indemnización a cambio del pago de lo ofertado en los plazos que la norma instaura para intentarlo, libremente, como permite lo dispuesto en el art. 110 y ss LECrim (EDL 1882/1), especialmente el art. 112, pues la dicción analizada del art. 7.3.d) RDLeg 8/2004, sólo prohíbe el pago condicionado a la renuncia a ejercer futuras acciones, pero no el voluntaria y libremente asumido como definitivo.

Lo contrario, que le obligaría al perjudicado siempre y en todo caso a oponerse, por si acaso, a lo ofertado, supondría primar la inseguridad jurídica y el pleitismo, minorando la autonomía de los pactantes y obligando siempre a la realización de procedimientos judiciales que sólo ganarían certeza cuando se superasen los plazos de prescripción.

El baremo indemnizatorio de las tablas del Anexo, no concebido rígidamente y elaborado en base a horquillas indemnizatorias no rígidas, sumado al hecho mismo de exigir a la Aseguradora la oferta motivada, indican la voluntad del legislador de primar el pacto que evite la judicialización global de toda la siniestralidad en el tráfico rodado.