En 2015 y 2017, el Ejecutivo comunitario falló contra la arquitectura fiscal de que disfrutaban Fiat en Luxemburgo y Amazon y Starbucks en Países Bajos al considerar que las autoridades nacionales les ofrecieron sistemas selectivos a medida para reducir artificialmente los impuestos que deberían pagar estas compañías.
Sin embargo, las firmas recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien anuló las primeras decisiones de los servicios comunitarios, que consideraron las ayudas ilegales, lo que propició que los respectivos expedientes de investigación en detalle siguieran abiertos en Bruselas.
Ahora, la Comisión Europea concluye que las directrices marcadas por el Alto Tribunal europeo le llevan a concluir que ni Luxemburgo ni Países Bajos concedieron ventajas fiscales selectivas "contrarias a las reglas de la UE en materia de ayudas de Estado" a las empresas en cuestión y, por tanto, deben archivarse los expedientes.