El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción sancionador. "Si España no actúa en los próximos dos meses, la Comisión podría optar por llevar el asunto ante el TUE", ha indicado la institución en un comunicado.
Bruselas critica que la obligación de nombrar un representante fiscal con domicilio en España para determinados casos que afectan a contribuyentes no residentes implica costes adicionales y obstáculos para dichos contribuyentes.
Según la jurisprudencia del TUE, esta obligación implica soportar el coste de la remuneración de dicho representante. Además, el hecho de que el representante deba residir en España obstaculiza la libre prestación de servicios de personas y empresas establecidas en otros Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo, dice el Ejecutivo comunitario.
La Comisión considera que estas obligaciones legales quebrantan la libre circulación de los trabajadores, la libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre circulación de capitales, porque imponen costes adicionales a los contribuyentes no residentes que pueden disuadirlos de emprender actividades o realizar inversiones en España.
