La iniciativa no fija un salario mínimo europeo ni obliga a los seis Estados miembros que no tienen salarios mínimos estaturarios a crearlos. En cambio, la normativa busca establecer una serie de criterios comunes que, respetando la soberanía de cada Estado miembro, sirvan para elevar la remuneración mínima de cada socio un nivel "decente".
Bruselas justifica la directiva argumentando que la globalización, la digitalización y los nuevos empleos atípicos han dado paso a una "polarización" de los mercados de trabajo caracterizada por un incremento de los puestos mal pagados.
Además, la crisis ha golpeado duramente a sectores con "una alta proporción de trabajadores de bajos salarios", como el turismo o el comercio minorista, y ha tenido un impacto más fuerte en "grupos desfavorecidos de la población".
"Si no actuamos, la pandemia puede elevar la desigualdad. La propuesta de hoy quiere evitarlo", ha explicado en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, quien ha añadido que la mayoría de los empleados peor pagados son mujeres, por lo que las normas ayudarán también a cerrar la brecha de género.
En la actualidad, los salarios mínimos en la UE varían desde los 312 euros de Bulgaria hasta los 2.142 euros de Luxemburgo. Además, 21 Estados miembros funcionan, como España, con un sistema de salarios mínimos estatutarios, mientras que otros seis socios (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Italia y Chipre) se basan exclusivamente en la negociación colectiva.
Indicadores comunes y más negociación colectiva
A modo indicativo, Bruselas ha recordado que un salario mínimo equivalente al 60% del salario mediano bruto y al 50% del salario medio bruto de un país "pueden ayudar a guiar el análisis" para conseguir unas remuneraciones adecuadas.
En el caso de España, esto supondría subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.142 euros, según los cálculos de las autoridades comunitarias con datos de 2019. Pero se trata de unos umbrales que la directiva introduce como guía y no como obligatorios.
El comisario de Empleo y Política Social, Nicolas Schmit, ha defendido que la intención de la normativa no es "imponer" a todos los Estados miembros un mismo sistema de cálculo del salario mínimo. Al contrario, respetará que cada país establezca el suyo propio, en un mensaje claro para los países nórdicos, que siempre se han opuesto a una armonización del salario mínimo a nivel europeo.
De hecho, una de las principales medidas de la directiva es impulsar la negociación colectiva, especialmente en aquellos países en los que, como España, menos del 70% de los trabajadores están cubiertos por este tipo de acuerdo. A estos socios se les pedirá hacer "esfuerzos extraordinaros en consulta con los agentes sociales" en este sentido. En la misma línea, tendrán que establecer un marco que impulse la negociación colectiva ya sea a través de instrumentos legislativos o de acuerdos con sindicatos y patronal.
Además, la directiva exigirá a todos los Estados miembros que establezcan un sistema de sanciones "efectivas, proporcionadas y disuasorias" en caso de incumplimientos de las leyes nacionales sobre salarios mínimos.
Los gobiernos europeos también tendrán que desarrollar herramientas "efectivas" de recolección de datos sobre la adecuación y la cobertura del salario mínimo, con vistas a informar una vez al año a la Comisión Europea.
Aquellos Estados miembros que cuentan con sistemas de salario mínimo establecido legalmente tendrán que cumplir una serie de criterios adicionales, puesto que es en estos países donde menos trabajadores están cubiertos por acuerdos entre sindicatos y patronal y donde hay mayor incidencia de salarios bajos.
Así, tendrán que fijar criterios "estables y claros" para calcular el salario mínimo y realizar actualizaciones "regulares y oportunas". La directiva también les obligará a limitar el uso de variaciones y deducciones para grupos específicos de trabajadores.
