Fuentes del Poder Judicial, consultadas por Europa Press, confirman que en la Comisión Permanente de la semana pasada se tuvo conocimiento del acuerdo de la Sala del Gobierno del Supremo, que aprobaba a su vez el informe emitido por el presidente de esa Sala, Francisco Marín Castán.
Sobre esa adscripción temporal de cinco magistrados al gabinete técnico del área Civil del Supremo, señalan que entrarían en comisión de servicio para apoyar en la fase de decisión de recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal, y que se haría por relevación de funciones, es decir que dejan la plaza que ocupan hasta ahora y deben ser sustituidos en la misma mientras sigan adscritos al Supremo. El traslado de ese acuerdo a Justicia se hace a través de la Dirección General de Servicio Público de Justicia e interesando la autorización económica previa correspondiente.
Asimismo, estas mismas fuentes indican que en la Sala de lo Civil no existe un problema de vacantes sino de entrada de recursos, con datos que califican de "históricos" y que tienen relación con asuntos bancarios. Recuerdan que desde 2014 el aumento de recursos en esa sala ha subido una media del 15 por ciento por año hasta 2020, lo que provoca que aumente el tiempo de respuesta y la pendencia.
Añaden que tras reorganizar e incorporar a cuatro letrados en septiembre de 2021, lo que se hace ahora es pedir ese refuerzo para el gabinete técnico y hacer frente así a la "avalancha de recursos" que tienen que ver fundamentalmente con asuntos relativos a condiciones de contratos entre usuarios y bancos, por ejemplo cláusulas abusivas.
El informe del presidente
Fue a finales de noviembre cuando la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo emitió un informe en el que consideraba "indispensable" el nombramiento de cinco magistrados "con sólida experiencia civil en las Audiencias Provinciales" para que en comisión de servicios en el gabinete técnico sirvieran de apoyo para evitar el "colapso" ante la "avalancha" de recursos previstos.
Indicaba que el apoyo a la Sala por parte de estos cinco magistrados se concretaría "en la preparación de proyectos de sentencias sobre cuestiones en las que haya doctrina jurisprudencial reiterada". Y Castán advertía de que sin sumar estos cinco jueces la Sala no sería capaz de "dar respuesta adecuada" a la "avalancha" de recursos y no podría asumir un incremento como el que se prevé "si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación".
En el marco de su informe, el magistrado recordaba que la medida solicitada tiene como precedentes las decisiones adoptadas para la Sala Tercera y Sala Cuarta del Supremo como "remedio urgente" de unas situaciones extraordinarias como la que actualmente atraviesa la Sala Primera. "Se acude a la misma fórmula en la confianza de obtener el mismo éxito que se alcanzó entonces", dijo.
Además, se hacía mención a los asuntos pendientes: "Si en 2020 hubo un registro general de entrada de 7.680 asuntos, en 30 de septiembre de 2021 hay registrados 8.163 y la proyección a 31 de diciembre de 2021 alcanzará los 11.224", señalaba el magistrado para subrayar que este "incesante" flujo se refleja en la pendencia general de asuntos ante la Sala. "Si el año 2019 se finalizó con una pendencia de 12.659 asuntos, al cierre de 2021 se elevará a 19.591, un incremento del 54,7%", advertía.
