1.- Hechos.
La sentencia trae causa de una cuestión prejudicial planteada en el contexto de un litigio en Polonia entre Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. y Procter & Gamble en relación con una acción dirigida a la destrucción de mercancías como consecuencia de una supuesta vulneración de derechos conferidos por una marca de la Unión.
Procter & Gamble, en su condición de fabricante de productos de perfumería HUGO BOSS y licenciatario de la correspondiente marca de la Unión, interpuso acción por infracción contra Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. Los hechos se refieren a actividades comerciales de venta al por mayor de productos de perfumería en una tienda en línea. La demandada enviaba regularmente listas de precios a vendedores de productos cosméticos en línea, proponiendo la venta, en particular, de muestras de productos de perfumería que llevan la marca HUGO BOSS y la mención «Tester».
Con anterioridad, un agente judicial había procedido en Polonia a la incautación de perfumes, de aguas de tocador y de aguas perfumadas cuyos embalajes llevaban la marca HUGO BOSS y que resultaron ser “probadores” puestos a disposición gratuitamente a los vendedores y distribuidores autorizados por PROCTER & GAMBLE únicamente a efectos de presentación y promoción de los cosméticos; productos designados con códigos que indicaban que estaban destinados por el fabricante a ser comercializados fuera del territorio del EEE; y productos cuyos códigos de barras colocados en los embalajes habían sido suprimidos o tapados.
No fue objeto de debate que los productos eran “originales”. PROCTER & GAMBLE alegaba que HUGO BOSS no había consentido su comercialización en el EEE. Tampoco hubo dudas en cuanto a la calificación jurídica del ilícito, al tratarse de comercio paralelo. La cuestión era otra.
El tenor literal de una norma polaca sólo parece admitir la destrucción de la mercancía en las acciones por infracción si los productos han sido “fabricados o marcados” de manera ilícita, lo que no era el caso: la mercancía objeto de la acción judicial era ilícita por la forma en que se comercializó, pero su fabricación y marcado eran originales.
En esa tesitura el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.
2.- Pronunciamientos.
La sentencia recuerda que conforme al tenor del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48, los Estados miembros tienen la obligación de garantizar «que las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a petición del solicitante, que se tomen las medidas adecuadas respecto de las mercancías que dichas autoridades hayan descubierto que infringen un derecho de propiedad intelectual». Entre estas medidas figura la prevista en el artículo 10, apartado 1, letra c), a saber, la destrucción de mercancías.
De esta norma se desprende, a juicio del Tribunal de Justicia, que esta disposición no limita la aplicación de las medidas correctivas que prevé a determinados tipos de infracciones de un derecho de propiedad intelectual. Además, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva, interpretado a la luz del considerando 17 de esta, al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros. Así pues, corresponde a las citadas autoridades decidir la medida que debe adoptarse en cada caso concreto.
La sentencia añade que esta interpretación del artículo 10 de la Directiva 2004/48 está en línea con lo que dispone, en el plano internacional, el artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC, a tenor del cual las autoridades judiciales podrán «ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales». Así, el artículo 46 no limita su ámbito de aplicación a una categoría precisa de infracciones de los derechos de propiedad intelectual. Por el contrario, se refiere, habida cuenta de su formulación muy general, a todas las mercancías respecto de las cuales se haya descubierto que infringen, de cualquier modo, un derecho de propiedad intelectual.
A mayor abundamiento, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva 2004/48 establece un parámetro mínimo de respeto de los derechos de propiedad intelectual y no impide a los Estados miembros establecer medidas más protectoras. En cambio, los Estados miembros no pueden establecer medidas menos protectoras, restringiendo, en particular, la aplicación de las medidas previstas en dicha Directiva a determinados tipos de infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
Habida cuenta estas consideraciones, la Sentencia responde a la cuestión planteada declarando que el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la interpretación de una disposición nacional según la cual una medida de protección consistente en la destrucción de mercancías no puede aplicarse a mercancías que han sido fabricadas y en las que se ha colocado una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta, pero que han sido comercializadas en el EEE sin su consentimiento.
3.- Comentario.
Es, cuando menos, curioso constatar cómo el tenor literal de una norma puede justificar el planteamiento de cuestiones prejudiciales en asuntos que parecen de una claridad manifiesta.
La medida de remoción frente a una infracción de derechos de marca comprende sin ningún género de dudas, la destrucción de la mercancía objeto de la acción. Pero si una norma configura la destrucción como una medida ligada a la “fabricación” de la mercancía ilícita, esta defectuosa redacción puede dar pie a que el caso llegue, tras varios años de litigio, al Tribunal de Justicia. Porque hay casos, como las importaciones paralelas, en que la mercancía ha sido fabricada de forma lícita pero su comercialización no lo es.
Como bien apunta la sentencia que se comenta, las medidas de cesación se aplican a las infracciones del derecho de marcas cualquiera que sea la clase de infracción de que se trate. En este caso la mercancía era “ilícita” no por origen sino por destino; no por haber sido fabricadas sin el consentimiento del titular de la marca, sino por faltar el consentimiento en cuanto a su comercialización posterior.
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VERSIÓN EN INGLÉS
Scope of destruction measure in an action for infringement of a European Union trademark, when the goods are original. Judgment of the Court of Justice of 13 October 2022, Perfumesco.pl (C-355/21).
1.- Background.
The judgment concerns a request for a preliminary ruling made in the context of proceedings in Poland between Perfumesco.pl sp. z o.o. sp.k. and Procter & Gamble in relation to an action for the destruction of goods as a result of an alleged infringement of rights conferred by an EU trademark.
Procter & Gamble, manufacturer of HUGO BOSS perfumery products and licensee of the corresponding EU trademark, brought an infringement action against Perfumesco.pl sp. z o.o. sp. The case concerns wholesaling of perfumery products through an online store. The defendant regularly sent price lists to online sellers of cosmetics, offering for sale, in particular, samples of perfumery products bearing the HUGO BOSS trademark and the indication ‘Tester’.
Prior to this, a court bailiff in Poland had seized perfumes, eau de toilette and scented water in packaging bearing the HUGO BOSS trademark which were ‘testers’ made available free of charge by PROCTER & GAMBLE to authorized sellers and distributors solely for the purpose of presenting and promoting cosmetics; these goods were designated by codes indicating that they were intended by the manufacturer to be placed on the market outside the EEA, and the bar codes affixed to the packaging had been removed or covered.
It was not disputed that they were original products. PROCTER & GAMBLE argued that HUGO BOSS had not consented to their being placed on the market in the EEA. There was no doubt either as to the legal definition of the offence, since it was parallel trade. This was not the issue under consideration.
The wording of a provision in Polish law only appears to permit the destruction of goods in infringement actions if the goods have been ‘manufactured or marked’ illegally, which was not the case: the goods concerned in the court action were illegal due to the manner in which they were placed on the market, but their manufacture and marking were original.
With this in mind, the referring court asks, in essence, whether Article 10(1) of Directive 2004/48 must be interpreted as precluding the interpretation of a provision of national law according to which a protective measure consisting of the destruction of goods cannot be applied to goods which have been manufactured and to which an EU trademark has been affixed with the consent of the proprietor of that trademark, but which have been placed on the market in the EEA without the trademark proprietor’s consent.
2.- Findings.
The judgment recalls that according to the wording of Article 10(1) of Directive 2004/48, Member States are under the obligation to ensure ‘that the competent judicial authorities may order, at the request of the applicant, that appropriate measures be taken with regard to goods that they have found to be infringing an intellectual property right’. These measures include the measure laid down in Article 10(1)(c), namely, the destruction of goods.
In the opinion of the Court of Justice, it follows from that article that that provision does not limit the application of the corrective measures for which it provides to certain types of infringement of an intellectual property right. Moreover, pursuant to Article 10(3) of the Directive, interpreted in the light of recital 17 thereof, in considering a request for corrective measures account must be taken of the need for the measures ordered to be proportionate to the seriousness of the infringement, and of the interests of third parties. It is therefore for the competent judicial authorities to decide on the measure to be adopted in each specific case.
The judgment adds that this interpretation of Article 10 of Directive 2004/48 is in line with the provisions, at international level, of Article 46 of the TRIPS Agreement, according to which the judicial authorities may ‘order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce’. Thus, Article 46 does not limit its scope of application to a specific category of infringement of intellectual property rights. On the contrary, given its very general wording, it refers to all goods found to be infringing, in any way, an intellectual property right.
Furthermore, the Court of Justice recalls that Directive 2004/48 establishes a minimum standard for the enforcement of intellectual property rights and does not prevent Member States from providing for more protective measures. On the other hand, Member States may not provide for less protective measures, in particular by restricting the application of the measures provided for in that Directive to certain types of infringement of intellectual property rights.
In light of these considerations, the judgment responds to the question raised by declaring that Article 10(1) of Directive 2004/48 must be interpreted as precluding the interpretation of a provision of national law according to which a protective measure consisting of the destruction of goods cannot be applied to goods which have been manufactured and to which an EU trademark has been affixed with the consent of the proprietor of that EU trademark, but which have been placed on the market in the EEA without the EU trademark proprietor’s consent.
3.- Remarks.
It is, to say the least, curious to note how the wording of a legal provision can justify the referral of questions for a preliminary ruling in matters that seem to be completely clear.
The measure of removal in the case of infringement of trademark rights undoubtedly includes the destruction of the goods concerned in the action. However, if a rule makes destruction a measure that is tied to the ‘manufacture’ of the illegal goods, this defective wording can ultimately lead to the case being referred to the Court of Justice, after several years of litigation, because there are cases, such as parallel imports, where the goods have been manufactured lawfully but their placing on the market is unlawful.
As the judgment rightly points out, measures to end infringement apply to infringements of trademark rights irrespective of the type of infringement concerned. In this case, the goods were ‘illegal’ not due to their origin but their destination; not because they had been manufactured without the consent of the trademark proprietor but because there was no consent for their subsequent placing on the market.
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