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Estudio La Fiscalidad Ambiental en España, elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales -REAF-

El Consejo General de Economistas aconseja repensar la fiscalidad medioambiental en España

Noticia

El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, considera que “en la reforma de la fiscalidad medioambiental que tiene que venir será imprescindible establecer un marco estatal común, si bien dejando, en algunos casos, cierta discrecionalidad a Autonomías y Ayuntamientos”.

Estudio La Fiscalidad Ambiental en España

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– consciente de la creciente preocupación ciudadana, que se ha transformado en una generalizada exigencia de conservación y mejora del medio ambiente, considera que la fiscalidad puede ser una herramienta para atender esta demanda. Por ello, ha presentado el trabajo La Fiscalidad Ambiental en España. Situación actual y tendencias –elaborado por el Servicio de Estudios de dicho Registro– en el que se definen los impuestos que conforman esta tributación, se compara la recaudación por los impuestos ambientales en el mundo y en Europa, profundizando en la situación de esta fiscalidad en España, en sus tres niveles administrativos –estatal, autonómico y local–. Finalmente, se sintetiza todo esto en 25 Notas previas para el establecimiento de una fiscalidad medioambiental integral –que se adjuntan–.

Al analizar los datos de recaudación por impuestos ambientales se constata con sorpresa que, pese a la creciente preocupación por el medio ambiente, dicha recaudación ha disminuido desde 2000 a 2016, en el mundo en general y en Europa en particular.

Dentro de Europa, si comparamos tanto el porcentaje que supone la fiscalidad verde sobre los ingresos tributarios de cada país, como la presión medioambiental –medida como porcentaje de la recaudación por impuestos ambientales sobre el PIB–, ambos descienden de 2002 a 2017, pasando del 6,8 y 2,5%, respectivamente, en 2002, al 6,1 y 2,4% en 2017.

No obstante, en términos absolutos, en 2017 respecto a 2016, en la UE se ha incrementado la recaudación de la fiscalidad verde el 1,1%, y en España un 3%.

En nuestro país, en 2017, la ratio de esta recaudación sobre el total de ingresos tributarios es de un 5,4%, 7 décimas inferior a la media de la UE –6,1%–, pero superior a las cifras de países como Alemania –4,6%–, Francia –5%– o Suecia –4,9%–. Muy por encima están Dinamarca –8,1%–, Grecia –10,2%– o Letonia –11,2%–.

En cuanto a las clases de impuestos ambientales, los que más recaudan son los que gravan la energía, que en Europa suponen el 76,9% de toda la fiscalidad verde y, en España, el 82,9%. Por el contrario, los que gravan el transporte en Europa recaudan el 19,8%, mientras que en España el 12,7%.

Con respecto a nuestro país, el Impuesto sobre Hidrocarburos –que recauda 13.156M€– representa el 74% de los impuestos sobre la energía y el 61,5% del total de impuestos medioambientales, siguiéndole en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica –IVTM– que, con una recaudación de 2.225M€, aporta algo más del 10%.

Si nos fijamos en cómo se reparte la tarta medioambiental por cada nivel administrativo, el 82% corresponde al Estado, el 8% a las autonomías y el 10% a las corporaciones locales, aunque la recaudación estatal se reparte luego entre el resto de Administraciones.

Entre los impuestos propios autonómicos, es el agua la materia imponible más gravada, obteniéndose de los impuestos que sobre ella giran más de 1.300M€ –de los que 503,6M€ corresponden al Canon del agua de Cataluña–.

En cuanto al futuro de esta fiscalidad en España, los economistas apuntan lo siguiente:

  • Es previsible que, tanto en el mundo como en España, se incrementen los impuestos ambientales.
  • La reforma de la Directiva de la energía traerá novedades desde Europa.
  • Debería coordinarse la política de subvenciones y la impositiva para que no se subvencionen actividades gravadas.
  • La reforma en España debería comenzar con una ley marco de fiscalidad ambiental que distribuyera los hechos imponibles relevantes entre los diferentes niveles administrativos, según su alcance espacial, dejando cierta capacidad normativa a las CCAA.