En concreto, los doce votos a favor han sido los de las nueve comunidades autónomas gobernadas por el PSOE: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria (en coalición con PRC), Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra (en coalición con Geroa Bai y Podemos), más el voto de Melilla (presidida por Cs) y del propio Ministerio de Hacienda. Por el contrario, han rechazado la nueva senda las cinco regiones del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia), más la ciudad autónoma de Ceuta.
Navarra ha participado votando a favor, aunque se acoge a un régimen especial, al igual que País Vasco, que no ha enviado a ningún representante. En el caso de Cataluña, tampoco ha participado en la votación, aunque ha acudido la secretaria de Economía, Natàlia Mass, en vez del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès que espera que acuda "pronto".
En la rueda de prensa posterior a la reunión del CPFF, Montero ha afirmado que el Gobierno se toma "en serio" las necesidades de las CCAA al ser un "pilar fundamental" del Estado de bienestar, y ha asegurado que el Gobierno trabajará para que "nadie se quede atrás" y se garanticen los servicios públicos con independencia del lugar de procedencia.
"La colaboración con las CCAA, la lealtad institucional y el respeto mutuo son cuestiones fundamentales", ha enfatizado Montero, quien ha resaltado la "predisposición" a colaborar tras haber comunicado la previsión de entregas a cuenta a las CCAA y la liquidación, con una mejora del 4,5%, hasta los 123.000 millones de euros.
Nuevos objetivos de déficit y deuda
La nueva senda trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas establece un objetivo más flexible de déficit autonómico, fijándolo en el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde el ejercicio 2022.
Conforme a la nueva senda, el Gobierno otorga más margen a las comunidades, ya que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
Los datos provisionales de Hacienda estiman que el subsector autonómico habría cerrado 2019 con un déficit de en torno al 0,5% del PIB, que bajaría al 0,3% descontando el IVA. Montero ha insistido en que el impacto del IVA no se repetirá en este ejercicio o sucesivos, por lo que para este año solo se reclama una décima de esfuerzo. "Lo mínimo que se pide es bajar un escalón", ha añadido.
En cuanto a la deuda pública, los objetivos de la nueva senda para las regiones fijan una ratio de deuda sobre PIB del 23,4% este año, el 22,8% en 2021, el 22,1% en 2022 y el 21,4% en el ejercicio 2023.
Preguntada sobre la posibilidad de fijar objetivos de déficit individuales, tal y como aconseja la AIReF, Montero ha indicado que las CCAA no están dispuestas a tener un objetivo por debajo del que se marque para el subsector, lo que hace "bastante inviable" la posibilidad de un déficit asimétrico.
Hoy, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y de nuevo Montero presidirán la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) en la que se trasladarán las metas para las entidades locales, de previsiblemente equilibrio presupuestario.
En todo caso, ha avanzado que a otras administraciones (Estado y Seguridad Social) se les va a plantear una bajada de "tres o cuatro escalones de una sola vez" en el déficit.
IVA autonómico
En la reunión del CPFF ha trasladado también a los consejeros autonómicos que Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, unos 2.500 millones de euros en conjunto, a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019.
Además, se pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%. De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las CCAA que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron.
No obstante, las comunidades no han dado una buena acogida a las medidas compensatorias de Hacienda al reclamar el pago y rechazar más endeudamiento, especialmente las que ya presentan superávit.
Montero ha hecho hincapié en que las CCAA recibieron en 2017 los 12 meses del IVA y ha insistido en que ese dinero "se gastó", lo que se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores, y que la "gran mayoría" de CCAA presupuestaron el año pasado esa parte del IVA, que se contemplaba dentro de la política de ingresos de sus presupuestos.
El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el exministro Montoro llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.
Financiación autónomica
Por otra parte, la ministra ha mostrado a los consejeros el "compromiso" de sacar adelante la reforma del modelo de financiación autonómica, para lo que se iniciarán los primeros contactos con los grupos para ver su "vocación de diálogo" y pulsar su opinión, junto a los avanzados trabajos técnicos en el CPFF.
"Estoy convencida de que todas las CCAA y el Gobierno estaremos trabajando en paralelo para posibilitar el mayor consenso posible que permita el nuevo modelo y no plantee diferencias injustificadas entre las regiones mejor y peor financiadas y se pueda corregir los desequilibrios del pasado modelo", ha apuntado.
Ha matizado que aunque será "fácil" lograr el acuerdo en el CPFF, hay "complejidad" para conseguirlo en el Congreso ya que la voluntad del primer partido "no ha brillado" para posibilitar otras iniciativas y la modificación de la ley orgánica de financiación de las CCAA (LOFCA) precisa de mayoría cualificada.
