Se decide la convalidación o derogación del RDLey 16/2022, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar

Debate del RDL sobre medidas de mejora de las personas trabajadoras al servicio del hogar

Noticia

El Pleno del Congreso de los Diputados decidirá y votará, en la sesión de mañana jueves, 29 de septiembre, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. La norma del Gobierno tiene como objetivo "equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, descartando aquellas diferencias que no solo no responden a razones justificadas, si no que son discriminatorias".

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La principal novedad del real decreto es que las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y a todas las prestaciones asistenciales vigentes en el ordenamiento jurídico laboral. Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a partir del 1 de octubre, y se garantiza la cobertura indemnizatoria de las trabajadoras en caso de insolvencia del empleador.
Además, la norma protege a estas trabajadoras frente a despidos injustificados y elimina la figura del desistimiento, que es una forma de despido sin causa, en la medida en que no requiere acreditarse. Respecto a la seguridad y la salud en el trabajo, se incorpora a estas mujeres al ámbito de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se crea una comisión de estudio con enfoque de género para abordar las enfermedades profesionales.

Ley del Empleo y modificaciones del Código Penal

El Proyecto de Ley de Empleo tiene como objeto "promover y desarrollar la planificación, coordinación y ejecución de la política de empleo y garantizar el ejercicio de los servicios garantizados y la oferta de una adecuada cartera de servicios a las personas o entidades demandantes de los servicios públicos de empleo". Entre las medidas que propone están la creación de una Cartera Común de Servicios, con el que los usuarios tendrán acceso a trabajos en cualquier territorio del Estado, la aparición de una Agencia Española de Empleo o la incorporación de tres tasas para medir la mejora de la empleabilidad.
La modificación del Código Penal para prohibir el proxenetismo, por su parte, busca "castigar el proxenetismo de manera general" ya que "esta conducta aún no cuenta con suficiente reproche penal en nuestro ordenamiento jurídico". La norma prevé modificar el artículo 187 del Código Penal haciendo que cualquier persona que determine a otra a ejercer o mantenerse en la prostitución sea castigado según lo dispuesto en la misma, así como aquel que destine un inmueble o local a dicho fin.
Por otro lado, la también modificación del Código Penal en materia de injurias a la Corona se justifica, según la exposición de motivos, que "una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión", y que el Estado debe "superar estas censuras que tipifican como delitos la quema de banderas o la injuria a la Corona". La iniciativa propone eliminar los artículos del Código Penal que castigan las calumnias e injurias a los miembros de la Familia Real, la utilización de su imagen de cualquier forma que pudiera dañar su prestigio y las ofensas y ultrajes a España.

Estatuto Foral de Navarra y precursores de explosivos

El Pleno también debatirá y votará el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 28/1990 por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, tras haber sido acordada su tramitación directa y en lectura única en la sesión plenaria de ayer.
Asimismo, se debatirá el dictamen de la Comisión de Interior sobre el Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. El texto, con las enmiendas acordadas será remitido al Senado. Esta iniciativa legislativa tiene por objeto limitar el acceso de los particulares a los precursores de explosivos, limitando su adquisición mediante licencias y obligando a los compradores a cumplimentar y entregar al operador que realice la venta una declaración de cliente con datos particulares y comunicar cada operación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.